OEA alerta posible infiltración del narcotráfico en el financiamiento electoral de Costa Rica

La Organización de Estados Americanos (OEA) encendió las alarmas sobre la integridad del financiamiento político en Costa Rica tras advertir la posible infiltración de recursos provenientes del crimen organizado, incluidos fondos ligados al narcotráfico, durante el proceso electoral de 2026.

Qué destacar. La advertencia forma parte del Primer Informe de la Misión de Observación Electoral (MOE/OEA), divulgado tras las votaciones que dieron como ganadora a Laura Fernández. 

• Según la misión, durante su despliegue en las siete provincias del país, recibió “diversos relatos” que apuntaron a la utilización de dinero ilícito y financiamiento prohibido proveniente del extranjero en la competencia política.
• Esta preocupación no es nueva: ya había sido señalada por observadores internacionales en procesos anteriores, pero para la OEA, las condiciones actuales, marcadas por la fragmentación partidaria, tensiones institucionales y una fuerte dependencia del dinero privado, elevan significativamente los riesgos. 
• La OEA subraya que Costa Rica mantiene un modelo mixto de financiamiento público y privado. Sin embargo, el apoyo estatal opera principalmente mediante reembolsos postelectorales, lo que obliga a los partidos a conseguir recursos inmediatos mediante otras vías mientras la campaña está en marcha.

Por qué importa. Esa dinámica, explica el informe, genera una “excesiva dependencia del financiamiento privado en un sistema sin límites a las contribuciones individuales ni topes de gasto”, condiciones que abren espacio para que recursos no transparentados se infiltren sin mayor control. 

• Una de las principales preocupaciones destacadas por la misión se centra en el creciente uso de los llamados certificados de cesión de la contribución estatal, conocidos popularmente como “bonos”.
• Estos instrumentos permiten a los partidos ceder parte de la deuda política futura para obtener liquidez inmediata, pero también han generado incentivos que, según varios actores consultados, podrían beneficiar desproporcionadamente a financistas privados e incrementar la inequidad en la contienda.
• Para las elecciones de 2026, el monto total autorizado para la cesión de bonos ascendió a ₡71 317M (unos USD 140M), superando ampliamente los ₡39.292 millones fijados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como contribución estatal. Esta brecha, advierte la OEA, crea un entorno propicio para que recursos de origen ilícito se mezclen con financiamiento formal sin una trazabilidad clara. 

En el radar.  Incluso el TSE mantiene investigaciones preliminares sobre el origen de fondos utilizados por algunos partidos mediante la compra de estos certificados, lo que refuerza las alertas de los observadores internacionales.

• El informe también contextualiza sus hallazgos dentro de un ambiente político “particularmente complejo e inédito”, marcado por ataques a la institucionalidad, polarización y conflictos entre poderes del Estado.
• Para la misión, este tipo de escenarios no requieren de fraude directo para ser aprovechados por el crimen organizado; basta con erosionar los controles, dificultar la supervisión y generar opacidad financiera. 
• La dependencia del financiamiento privado sin topes, la ausencia de un esquema público anticipado y el uso extensivo de bonos convierten al financiamiento electoral en la “puerta de entrada más crítica” para capitales ilícitos. 

En conclusión. La OEA reconoce avances importantes, como la aprobación de la Ley N.° 10755, que fortalece los mecanismos de control del financiamiento político y amplía el régimen sancionatorio.

• También destaca el desarrollo de sistemas de intercambio de información financiera entre instituciones públicas y la habilitación de un portal web para denuncias ciudadanas. No obstante, insiste en que estas mejoras no bastan mientras persistan las desigualdades en el acceso a recursos. 
• La misión recomienda adoptar financiamiento público anticipado, establecer límites estrictos a las donaciones privadas y garantizar un acceso equitativo a los medios de comunicación. Estas reformas, considera la OEA, son esenciales para cerrar las brechas que permiten la posible entrada de dinero relacionado con el narcotráfico y, con ello, proteger la integridad del sistema democrático costarricense.
• En suma, el informe de la OEA documenta riesgos concretos, y plantea un llamado urgente a fortalecer la fiscalización y modernizar el esquema de financiamiento político. La advertencia llega en un momento en que Costa Rica enfrenta uno de los mayores desafíos a su tradición democrática: impedir que el narcotráfico compre influencia donde deberían decidir únicamente los ciudadanos.