EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los diputados vuelven a tomarse —más— tiempo para firmar el dictamen de la ley contra el lavado de dinero; aunque se tenía previsto suscribirlo para que iniciara su trámite en el pleno, algunos congresistas solicitaron unos días adicionales y ahora la firma quedó programada para el 24 de febrero.
Por qué importa. Pese a que se ha reiterado la urgencia de actualizar el marco legal —incluso el representante del Congreso ante la Junta Monetaria subrayó la necesidad de legislar en la materia—, la comisión acordó fijar una nueva fecha para la firma, previo a recibir observaciones hasta hoy a las 11 de la mañana.
- La premura no solo responde a la relevancia del tema. En los próximos días también deberán conformarse las nuevas salas de trabajo y queda por verse si continuarán los mismos integrantes.
- La mayoría de los congresistas aseguran que solo restan ajustes de forma y ha reiterado su respaldo a la iniciativa; sin embargo, la voluntad política se medirá cuando finalmente estampen su firma en el dictamen.
Qué destacar. La propuesta establece que Guatemala necesita una legislación “especializada y técnica”, alineada a estándares internacionales, enfocada en prevenir y reprimir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- El texto aclara que la norma no busca perseguir la economía informal, ni restringir el uso de efectivo, ni introducir objetivos tributarios, una precisión clave ante temores de mayor control.
- Se prohíben cuentas anónimas o con nombres ficticios y se obliga a las entidades incluidas a identificar plenamente al cliente y al beneficiario final de los fondos.
- La propuesta amplía y detalla el catálogo de “Personas Obligadas” que deberán cumplir controles ante la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). El objetivo es cerrar brechas utilizadas por redes criminales sin invadir actividades lícitas.
Fisgón histórico. El 28 de julio de 2025, el presidente Bernardo Arévalo presentó la iniciativa de ley. Dos meses después, fue remitida a la Comisión de Economía para su análisis.
- Cabe resaltar que en el 2027 el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en cuanto al cumplimiento de contar con una norma actualizada.
En conclusión. La reprogramación de la firma mantiene en suspenso una iniciativa considerada clave para fortalecer el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aunque los diputados aseguran que solo faltan ajustes finales, el calendario político y la próxima reorganización interna del Congreso añaden presión a la decisión.
- La propuesta busca alinearse con estándares internacionales, ampliar controles y cerrar brechas sin afectar la economía informal ni imponer fines tributarios. Con la evaluación de Gafilat prevista el próximo año, el tiempo juega en contra y la señal definitiva será la firma anunciada para el 24 de febrero.
Los diputados vuelven a tomarse —más— tiempo para firmar el dictamen de la ley contra el lavado de dinero; aunque se tenía previsto suscribirlo para que iniciara su trámite en el pleno, algunos congresistas solicitaron unos días adicionales y ahora la firma quedó programada para el 24 de febrero.
Por qué importa. Pese a que se ha reiterado la urgencia de actualizar el marco legal —incluso el representante del Congreso ante la Junta Monetaria subrayó la necesidad de legislar en la materia—, la comisión acordó fijar una nueva fecha para la firma, previo a recibir observaciones hasta hoy a las 11 de la mañana.
- La premura no solo responde a la relevancia del tema. En los próximos días también deberán conformarse las nuevas salas de trabajo y queda por verse si continuarán los mismos integrantes.
- La mayoría de los congresistas aseguran que solo restan ajustes de forma y ha reiterado su respaldo a la iniciativa; sin embargo, la voluntad política se medirá cuando finalmente estampen su firma en el dictamen.
Qué destacar. La propuesta establece que Guatemala necesita una legislación “especializada y técnica”, alineada a estándares internacionales, enfocada en prevenir y reprimir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- El texto aclara que la norma no busca perseguir la economía informal, ni restringir el uso de efectivo, ni introducir objetivos tributarios, una precisión clave ante temores de mayor control.
- Se prohíben cuentas anónimas o con nombres ficticios y se obliga a las entidades incluidas a identificar plenamente al cliente y al beneficiario final de los fondos.
- La propuesta amplía y detalla el catálogo de “Personas Obligadas” que deberán cumplir controles ante la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). El objetivo es cerrar brechas utilizadas por redes criminales sin invadir actividades lícitas.
Fisgón histórico. El 28 de julio de 2025, el presidente Bernardo Arévalo presentó la iniciativa de ley. Dos meses después, fue remitida a la Comisión de Economía para su análisis.
- Cabe resaltar que en el 2027 el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en cuanto al cumplimiento de contar con una norma actualizada.
En conclusión. La reprogramación de la firma mantiene en suspenso una iniciativa considerada clave para fortalecer el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aunque los diputados aseguran que solo faltan ajustes finales, el calendario político y la próxima reorganización interna del Congreso añaden presión a la decisión.
- La propuesta busca alinearse con estándares internacionales, ampliar controles y cerrar brechas sin afectar la economía informal ni imponer fines tributarios. Con la evaluación de Gafilat prevista el próximo año, el tiempo juega en contra y la señal definitiva será la firma anunciada para el 24 de febrero.
