MP solicita quitar la inmunidad al ministro Joaquín Barnoya por supuesta corrupción en convenio con UNOPS
El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), solicitó formalmente el retiro de inmunidad del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya Pérez, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Es noticia. La solicitud se deriva de una investigación sobre el convenio suscrito entre el ministerio y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en el marco del proyecto UNOX.
- Según la FECI, el memorándum firmado en abril de 2024 comprometía al Estado de Guatemala con pagos superiores a los GTQ 7 000M, sin contar con la aprobación del Congreso de la República, como exige el artículo 171 de la Constitución.
- La Contraloría General de Cuentas, en un oficio fechado el 11 de junio de 2025, reiteró que tanto el exministro Óscar Cordón Cruz como el actual titular, Joaquín Barnoya, incurrieron en acciones que excedían sus atribuciones legales.
- El informe de auditoría reveló que los desembolsos realizados por el Ministerio de Salud carecen de respaldo documental. Se identificaron pagos por más de GTQ 143M en concepto de costos directos e indirectos, equivalentes al 15.25% del total del convenio, sin evidencia de servicios prestados. En contraste, con un convenio anterior con el IGSS, que estableció un porcentaje de 4.46%, lo que evidencia un incremento significativo sin justificación técnica.
Qué destacar. Además, se detectaron medicamentos de baja calidad entregados bajo el convenio. Uno de los casos más graves involucra la suspensión de la licencia sanitaria de un lote de paracetamol suministrado por la empresa farmafocus.
- El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos emitió una resolución el 21 de febrero de 2025 tras detectar contaminación en el producto. A pesar de esta advertencia, hospitales públicos continuaron distribuyendo el medicamento durante semanas.
- La Contraloría concluyó que hubo duplicación de gastos y que los medicamentos adquiridos provenían de proveedores previamente contratados por el ministerio, lo que cuestiona la necesidad de recurrir a UNOPS como intermediario.
- El MP solicitó información adicional a través de requerimientos judiciales y continúa con inspecciones en hospitales y bodegas. La fiscalía busca establecer si hubo responsabilidad penal en la ejecución del convenio, tanto por parte de funcionarios del ministerio de Salud, como de representantes de UNOPS.
Por qué importa. Durante la presentación del caso, se explicó que el memorándum reorganizó los pagos y compromisos financieros del Estado sin contar con la aprobación legislativa ni respaldo técnico. “Se trata de una estructura de decisiones que compromete recursos públicos sin controles, sin transparencia y con resultados adversos para la población”, afirmaron los fiscales
- La solicitud de antejuicio será trasladada a la Corte Suprema de Justicia, que deberá designar a un juez pesquisidor para evaluar si existen méritos suficientes para retirarle la inmunidad al ministro. De proceder, el Congreso de la República deberá conocer y votar la solicitud.
- Este caso se suma a otras 24 investigaciones abiertas en distintos ministerios, incluyendo Agricultura, Comunicaciones, Educación, Desarrollo Social y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Todas las denuncias fueron presentadas por la Contraloría General de Cuentas y están siendo procesadas por la FECI.
- El Ministerio Público reiteró su compromiso con el combate a la impunidad y aseguró que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios involucrados.
En el radar. La FECI solicitó cuatro órdenes de captura. Los señalados son: Óscar Cordón, exministro de Salud, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción y María Gabriela Chaulón, por los mismos delitos más tráfico de influencias.
- También contra Edwin Sicán, también por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado; y contra Luis Felipe Aldana, jefe de presupuesto, por falsedad ideológica, quien ya fue detenido.
- Además, el MP pidió el retiro de inmunidad del actual ministro Barnoya por su presunta implicación en los delitos mencionados.
MP solicita quitar la inmunidad al ministro Joaquín Barnoya por supuesta corrupción en convenio con UNOPS
El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), solicitó formalmente el retiro de inmunidad del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya Pérez, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Es noticia. La solicitud se deriva de una investigación sobre el convenio suscrito entre el ministerio y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en el marco del proyecto UNOX.
- Según la FECI, el memorándum firmado en abril de 2024 comprometía al Estado de Guatemala con pagos superiores a los GTQ 7 000M, sin contar con la aprobación del Congreso de la República, como exige el artículo 171 de la Constitución.
- La Contraloría General de Cuentas, en un oficio fechado el 11 de junio de 2025, reiteró que tanto el exministro Óscar Cordón Cruz como el actual titular, Joaquín Barnoya, incurrieron en acciones que excedían sus atribuciones legales.
- El informe de auditoría reveló que los desembolsos realizados por el Ministerio de Salud carecen de respaldo documental. Se identificaron pagos por más de GTQ 143M en concepto de costos directos e indirectos, equivalentes al 15.25% del total del convenio, sin evidencia de servicios prestados. En contraste, con un convenio anterior con el IGSS, que estableció un porcentaje de 4.46%, lo que evidencia un incremento significativo sin justificación técnica.
Qué destacar. Además, se detectaron medicamentos de baja calidad entregados bajo el convenio. Uno de los casos más graves involucra la suspensión de la licencia sanitaria de un lote de paracetamol suministrado por la empresa farmafocus.
- El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos emitió una resolución el 21 de febrero de 2025 tras detectar contaminación en el producto. A pesar de esta advertencia, hospitales públicos continuaron distribuyendo el medicamento durante semanas.
- La Contraloría concluyó que hubo duplicación de gastos y que los medicamentos adquiridos provenían de proveedores previamente contratados por el ministerio, lo que cuestiona la necesidad de recurrir a UNOPS como intermediario.
- El MP solicitó información adicional a través de requerimientos judiciales y continúa con inspecciones en hospitales y bodegas. La fiscalía busca establecer si hubo responsabilidad penal en la ejecución del convenio, tanto por parte de funcionarios del ministerio de Salud, como de representantes de UNOPS.
Por qué importa. Durante la presentación del caso, se explicó que el memorándum reorganizó los pagos y compromisos financieros del Estado sin contar con la aprobación legislativa ni respaldo técnico. “Se trata de una estructura de decisiones que compromete recursos públicos sin controles, sin transparencia y con resultados adversos para la población”, afirmaron los fiscales
- La solicitud de antejuicio será trasladada a la Corte Suprema de Justicia, que deberá designar a un juez pesquisidor para evaluar si existen méritos suficientes para retirarle la inmunidad al ministro. De proceder, el Congreso de la República deberá conocer y votar la solicitud.
- Este caso se suma a otras 24 investigaciones abiertas en distintos ministerios, incluyendo Agricultura, Comunicaciones, Educación, Desarrollo Social y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Todas las denuncias fueron presentadas por la Contraloría General de Cuentas y están siendo procesadas por la FECI.
- El Ministerio Público reiteró su compromiso con el combate a la impunidad y aseguró que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios involucrados.
En el radar. La FECI solicitó cuatro órdenes de captura. Los señalados son: Óscar Cordón, exministro de Salud, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción y María Gabriela Chaulón, por los mismos delitos más tráfico de influencias.
- También contra Edwin Sicán, también por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado; y contra Luis Felipe Aldana, jefe de presupuesto, por falsedad ideológica, quien ya fue detenido.
- Además, el MP pidió el retiro de inmunidad del actual ministro Barnoya por su presunta implicación en los delitos mencionados.