EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó el 29 de octubre una solicitud formal ante el Organismo Judicial para que se retire el derecho de antejuicio al presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, y a la vicepresidenta, Karin Larissa Herrera Aguilar.
Es noticia. La petición busca que se declare la formación de causa para investigar a ambos funcionarios por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.
- Ello en el marco de la crisis penitenciaria conocida el 12 de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.
- Según el MP, la solicitud se fundamenta en la presunta omisión de acciones preventivas y correctivas por parte del Ejecutivo ante las condiciones que permitieron la fuga de 20 reos pertenecientes a la pandilla Mara 18.
- La institución argumenta que, como máximas autoridades del Ejecutivo, el presidente y la vicepresidenta tienen la responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y supervisar el funcionamiento de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario.
Qué destacar. La crisis penitenciaria ha generado una ola de consecuencias políticas y judiciales.
- La fuga masiva de los pandilleros causó la renuncia inmediata del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de la viceministra antinarcóticos, Claudia Palencia.
- Ambos exfuncionarios enfrentan actualmente procesos penales por su presunta responsabilidad en los hechos, junto con otros altos mandos del Sistema Penitenciario.
- Jiménez y Palencia se encuentran prófugos, aparentemente fuera del país.
En el radar. El MP informó que, desde que se conoció la fuga, ha desplegado una serie de acciones para recapturar a los reos y esclarecer los hechos.
- Hasta la fecha, se ha logrado la recaptura de cuatro de los 20 pandilleros fugados. Además, se capturó a 24 miembros del Sistema Penitenciario, entre ellos el exsubdirector del centro Fraijanes II y varios guardias penitenciarios.
- La fiscalía sostiene que existen indicios de que la fuga fue facilitada por una red de complicidad dentro del sistema carcelario, que podría incluir a altos funcionarios.
- Esta hipótesis fue reforzada por declaraciones del exviceministro de Seguridad, José Portillo, quien denunció públicamente a Jiménez y Palencia por supuesta negligencia y encubrimiento.
Por qué importa. A raíz de la crisis, el Ejecutivo nombró a Marco Antonio Villeda como nuevo ministro de Gobernación. Villeda asumió el cargo acompañado por Estuardo Roberto Solórzano y Víctor Hugo Cruz, quienes fueron designados como viceministros de Seguridad y Antinarcóticos, respectivamente.
- Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que aún no se ha determinado con precisión el momento ni el mecanismo exacto de la fuga.
- La solicitud ahora queda en manos del Organismo Judicial, que deberá analizar si existen méritos suficientes para tramitar el antejuicio y enviarlo al Congreso de la República, que decide sobre levantar o no la imunidad.
- Este hecho abre un nuevo capítulo de disputa entre el Organismo Ejecutivo y el MP.
El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó el 29 de octubre una solicitud formal ante el Organismo Judicial para que se retire el derecho de antejuicio al presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, y a la vicepresidenta, Karin Larissa Herrera Aguilar.
Es noticia. La petición busca que se declare la formación de causa para investigar a ambos funcionarios por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.
- Ello en el marco de la crisis penitenciaria conocida el 12 de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.
- Según el MP, la solicitud se fundamenta en la presunta omisión de acciones preventivas y correctivas por parte del Ejecutivo ante las condiciones que permitieron la fuga de 20 reos pertenecientes a la pandilla Mara 18.
- La institución argumenta que, como máximas autoridades del Ejecutivo, el presidente y la vicepresidenta tienen la responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y supervisar el funcionamiento de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario.
Qué destacar. La crisis penitenciaria ha generado una ola de consecuencias políticas y judiciales.
- La fuga masiva de los pandilleros causó la renuncia inmediata del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de la viceministra antinarcóticos, Claudia Palencia.
- Ambos exfuncionarios enfrentan actualmente procesos penales por su presunta responsabilidad en los hechos, junto con otros altos mandos del Sistema Penitenciario.
- Jiménez y Palencia se encuentran prófugos, aparentemente fuera del país.
En el radar. El MP informó que, desde que se conoció la fuga, ha desplegado una serie de acciones para recapturar a los reos y esclarecer los hechos.
- Hasta la fecha, se ha logrado la recaptura de cuatro de los 20 pandilleros fugados. Además, se capturó a 24 miembros del Sistema Penitenciario, entre ellos el exsubdirector del centro Fraijanes II y varios guardias penitenciarios.
- La fiscalía sostiene que existen indicios de que la fuga fue facilitada por una red de complicidad dentro del sistema carcelario, que podría incluir a altos funcionarios.
- Esta hipótesis fue reforzada por declaraciones del exviceministro de Seguridad, José Portillo, quien denunció públicamente a Jiménez y Palencia por supuesta negligencia y encubrimiento.
Por qué importa. A raíz de la crisis, el Ejecutivo nombró a Marco Antonio Villeda como nuevo ministro de Gobernación. Villeda asumió el cargo acompañado por Estuardo Roberto Solórzano y Víctor Hugo Cruz, quienes fueron designados como viceministros de Seguridad y Antinarcóticos, respectivamente.
- Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que aún no se ha determinado con precisión el momento ni el mecanismo exacto de la fuga.
- La solicitud ahora queda en manos del Organismo Judicial, que deberá analizar si existen méritos suficientes para tramitar el antejuicio y enviarlo al Congreso de la República, que decide sobre levantar o no la imunidad.
- Este hecho abre un nuevo capítulo de disputa entre el Organismo Ejecutivo y el MP.
