Monumentos de Corrupción: proyectos diseñados para fracasar

El proyecto del paso a desnivel en la Calzada Roosevelt y 9.a avenida refleja los retos en la construcción de infraestructura pública en Guatemala. La ejecución de este proyecto inició el 1 de septiembre de 2022 —en la administración de Alejandro Giammattei— con el fin de optimizar el tráfico en una de las principales vías de la ciudad.  

• Según indicó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, (CIV), la construcción se encuentra suspendida desde el 30 de abril del presente año, ya que la empresa supervisora Constructora D&D no solicitó extender su contrato en el plazo acordado.  

• En respuesta, el CIV designó a una nueva supervisora a través de un acuerdo ministerial.  Este proyecto está a cargo del Fondo Social de Solidaridad (FSS) y fue adjudicado a la empresa CEBCO por un monto de GTQ 44 956 501, de los cuales se ha pagado ya el 50 %, es decir, más de GTQ 22.2M.  

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• Sin embargo, experimentó su primer parón el 1 de junio de 2023, por la urgencia de rediseñar un colector en la pila No. 5. Este cambio tuvo como consecuencia una prolongación de la fecha de finalización, que se extendió hasta el 1 de mayo de 2024.     

Por qué importa. La construcción se encuentra suspendida y el CIV ha solicitado a la contratista que levante la suspensión debido a que no existe impedimento técnico, legal ni financiero para reiniciar la ejecución del proyecto; la empresa, sin embargo, utilizando el recurso de revocatoria establecido en el Decreto Número 119-96 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, continúa retrasando el reinicio del proyecto.  

• No es factible llevar a cabo una nueva contratación mientras la obra se encuentre en un estado de impase. El CIV, atendiendo a los intereses del Estado, busca que, de común acuerdo, se pueda finalizar el contrato con la constructora y eso dé viabilidad a lanzar un nuevo evento para terminar la obra. 

Voces. Mario Ceballos, propietario de la constructora CEBCO, indicó que el atraso se debe a que no se registraron las estimaciones de trabajo requeridas para que el CIV pudiera efectuar los pagos correspondientes.  

• “Estamos parados debido a que la empresa supervisora no desea que realicemos nada”, señaló. Según Ceballos, el CIV tiene la responsabilidad de garantizar la ejecución de los contratos y evitar la cancelación de la obra debido a la falta de pago. 

• La Dirección General de Caminos (DGC) asignó a una ingeniera para presentar las estimaciones, pero CEBCO notificó que esta se negó a hacerlo, lo cual prolongó la parálisis.  

• El (FSS) —la entidad responsable del proyecto— señaló que la responsabilidad de falta de ejecución se encuentra en CEBCO. El avance físico es un ridículo 9.28 %.  

Qué destacar. Una práctica común en este tipo de proyectos consiste en asignar el contrato, desembolsar una primera cuota, y luego suspender la obra por “razones administrativas”. La siguiente administración hereda estos contratos sin los fondos necesarios para reactivar los proyectos.  

• La administración anterior, junto con la Contraloría General de Cuentas, colocó estos contratos en una “lista negra” de proyectos que no deben recibir pagos, creando un bloqueo presupuestario que imposibilita continuar o cerrar estos contratos.  

• A nivel estructural, el sistema de construcción de infraestructura está capturado por redes de corrupción en las que actores locales, como alcaldes y diputados, actúan como contratistas, aprovechándose del presupuesto para financiar proyectos mal planificados que nunca se completan.  

• Los “monumentos de la corrupción”, como se les conoce a estos pasos a desnivel y puentes inconclusos, son producto de contratos asignados a empresas que sirven a intereses del crimen organizado.  

En conclusión. En este contexto, el Estado se ve obligado a realizar desembolsos iniciales a empresas que no cumplen sus compromisos. La suspensión de contratos por administraciones sucesivas es una práctica común, dejando el proyecto incompleto y los fondos retenidos, lo que favorece la corrupción sin que los objetivos de desarrollo se materialicen.  

• El caso de la Calzada Roosevelt no es único, sino un reflejo de un patrón más amplio en los proyectos de infraestructura en Guatemala, donde contratos de construcción y mantenimiento coexisten y, a menudo, tienen costos similares. 

• Se requieren reformas estructurales que prioricen la transparencia y permitan la ejecución de proyectos sin interferencias de actores corruptos.  

• Una ampliación presupuestaria específica podría ser una solución temporal para los contratos actuales, pero sin un cambio en la administración de los contratos y en los controles sobre su cumplimiento, Guatemala seguirá enfrentando “monumentos de la corrupción” que simbolizan la captura del Estado y la pérdida de recursos públicos esenciales para el desarrollo.