EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Magistrado Quelvin Jiménez: no podemos repetir los conflictos electorales de 2023
Se debe reforzar la seguridad y trabajar con la población y los partidos políticos. El objetivo es prevenir y reducir la conflictividad.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) analiza los municipios que podrían registrar conflictos durante las Elecciones Generales de 2027. En entrevista con República, el magistrado Quelvin Jiménez Villalta explicó que el estudio parte de los antecedentes de 2019 y 2023. Según indicó, se tienen los primeros análisis a nivel nacional.
Aseveró que es distinto hacer diagnósticos de violencia común que de violencia electoral. Estos últimos se activan en función de las elecciones generales. En la actualidad, los partidos políticos pueden hacer sus asambleas de postulación y de proclamación de candidatos. Esta etapa empieza a generar niveles de conflictividad.
¿Qué riesgos han identificado?
Tenemos 40 municipios en riesgo alto. Otros 50 están en riesgo medio. Nuestro indicador principal son los antecedentes de las elecciones de 2023 y 2019. En octubre próximo lanzaremos de forma oficial la Mesa de Seguridad. Nuestra meta es desarrollarla en dos niveles. Para octubre también deseamos tener identificadas las Juntas Electorales Departamentales (JED), pues les toca enfrentar la problemática.
¿Por qué dos niveles en la Mesa?
En el primer nivel (central) tendremos toda la planificación del gabinete. Estará liderado por el TSE, Gobernación y Defensa. Además, de contar con otras instancias, como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
La finalidad es abordar el tema de manera integral. Es decir, desde el traslado de los materiales electorales hasta tener los resultados. Debemos tener protocolos de actuación antes, durante y después de las elecciones. Ahora trabajamos en la planificación de la mesa interinstitucional de seguridad. Nos permitirá construir protocolos de actuación para actuar de manera oportuna y evitar todo tipo de violencia electoral.
Usted menciona 40 municipios en alto riesgo. ¿Qué se hará para prevenir incidentes?
Se trabaja en acciones preventivas para reducir al máximo la conflictividad electoral. La apuesta principal será promover procesos de concientización y fortalecer una cultura de paz durante la campaña y el proceso electoral.
¿Qué factores se incluyen en el análisis para determinar la conflictividad?
En algunos casos, los municipios más violentos no presentan incidentes en las elecciones. Sin embargo, no los desvinculamos. Ahora nos enfocamos en entender la posible conflictividad electoral del próximo año. Existen varios escenarios, como el descontento por candidaturas.
En un municipio, en 2023, se registraron manifestaciones y disturbios cuatro días después de las elecciones por el descontento ciudadano. Los inconformes quemaron camiones. En otro caso, un centro electoral presentó problemas en los últimos procesos: destrucción de materiales, boletas y otros insumos.
Ese historial permite identificar puntos específicos de riesgo dentro de cada municipio. Al año siguiente, el centro de votación se trasladó a otro lugar y no hubo disturbios.
¿Qué pasa donde hubo disturbios en 2023?
Se debe reforzar la seguridad y trabajar desde temprano con la población y los partidos políticos. El objetivo es prevenir y reducir la conflictividad.
No podemos garantizar que no ocurran incidentes, pero trabajamos para evitar que se repita la situación de 2023. La Mesa de Seguridad también coordina la logística electoral. Su objetivo es asegurar que los materiales lleguen a tiempo a los centros de votación en todo el país.
¿Cómo avanza ese proceso?
Ya iniciamos reuniones con personas que han integrado Juntas Electorales Departamentales. Identificamos perfiles para estos órganos. Uno de los principales problemas señalados es la falta de información. En 2023, algunas juntas recibieron capacitación apenas dos horas antes de la votación. En una gira reciente, nos contaron que una persona quiso renunciar a una junta municipal por falta de coordinación.
Si trabajamos desde octubre con las juntas departamentales y municipales, podremos evitar esos problemas. La meta es contar pronto con los planes de cada junta. Después de la juramentación, deberán aplicarse para prevenir contratiempos, corregir errores y no actuar contra el tiempo desde la convocatoria.
Ese trabajo permitirá entregar a tiempo los materiales electorales en los centros de votación, departamentos y municipios. El cambio de sedes también forma parte del análisis. En algunos casos, mover un centro conflictivo evitó nuevos incidentes.
¿Cómo explica el TSE a los vecinos que el traslado de un centro de votación responde a criterios técnicos y de seguridad, y no a decisiones políticas, intereses personales o caprichos institucionales?
El traslado de un centro no debe ser la primera solución. El TSE analiza varias variables. Si un lugar registra conflictos en cada elección y, al mover el centro, el municipio no presenta incidentes, ese punto requiere atención especial.
Sin embargo, eso no significa que deba eliminarse la sede. La prioridad es trabajar de forma integral con la población. No podemos alejar los centros de votación ni limitar el derecho al sufragio. Debemos revisar los antecedentes de cada centro electoral y actuar con prevención. La respuesta no debe ser reactiva.
Cambiar una sede puede ser una medida excepcional, pero no debe repetirse como solución general. Trasladar centros sin un análisis profundo puede afectar el derecho de las personas a votar.
¿En la mesa de factores se incluye el crimen organizado, narcotráfico, al momento de hablar de riesgo?
Como TSE, nos regimos por las funciones que establece la Ley Electoral. En la Mesa de Seguridad analizamos los temas vinculados con la seguridad electoral.
El crimen organizado y el narcotráfico corresponden a otras instituciones, como la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP). Esas entidades deben evaluar esas variables y aportar información para fortalecer la seguridad el día de las elecciones.
Luego de identificar cerca de 40 municipios en alto riesgo y alrededor de 50 en riesgo medio, ¿cómo se clasifica el resto de los municipios?
Se mantiene vigilancia en los municipios con actividad electoral. Los demás presentan riesgo mínimo y las elecciones suelen transcurrir en paz. Aun así, ocurren hechos que pueden provocar violencia, por lo que el monitoreo resulta esencial.
El análisis muestra cómo el año preelectoral concluye y, tras la convocatoria, surgen situaciones que pueden generar conflicto. Para reducir esa posibilidad, especialmente frente a la desinformación, es clave mantener informada a la ciudadanía.
¿Por qué hace tanto daño la desinformación?
La desinformación genera problemas en todos los ámbitos. En lo social, la información falsa es un detonante clave de conflictos. Estamos por lanzar una propuesta para combatirla e invitamos a toda la ciudadanía a erradicarla.
Los medios de comunicación cumplen un papel esencial: deben promover la verificación en fuentes oficiales. La inteligencia artificial complica distinguir entre un video real y uno creado con tecnología, lo que aumenta el riesgo de confusión.
Nuestra propuesta incluye monitoreo constante para detectar la desinformación y luego mitigarla. Ejemplos recientes muestran su impacto: en Brasil circuló un video falso de un candidato bailando; en otro país, un montaje mostraba a un aspirante llamando a votar por la oposición. Estos casos provocaron confusión y forman parte de la mesa de conflictividad, vinculada también a la mesa de seguridad.
En los últimos años se han registrado atentados y ataques contra alcaldes y excandidatos. ¿Estos indicadores forman parte del análisis de riesgo?
Sí. En el último año hubo excandidatos y posibles aspirantes al próximo proceso electoral. También concejales y alcaldes, como usted señalan, en municipios donde ocurrieron hechos violentos. Esas variables se analizan para determinar si se trata de municipios de alto riesgo.
¿Y a partir de los 90 municipios que usted daba tanto riesgo alto como riesgo medio? ¿Cómo están catalogados a nivel país por región?
No puedo dar nombres de municipios ni departamentos porque sería contraproducente. Están distribuidos en todo el país. Varios son de alto riesgo, aunque creemos posible reducir la conflictividad en los próximos meses.
Los partidos políticos solicitaron participar en la mesa de seguridad. Su presencia es clave: desde la mesa de prevención buscamos generar conciencia y sumar a los partidos a pactos de no agresión. Así promovemos entre sus bases la cultura de paz y reducimos la conflictividad al máximo.
¿Qué otros factores generan conflictividad?
La actualización ficticia de ciudadanos en municipios que no les corresponden ha generado conflictos en procesos electorales recientes. Por ejemplo, alguien que vive en Nueva Santa Rosa se inscribe en Jalapa. El delegado del Registro de Ciudadanos debe aceptarlo con el DPI, sin exigir otro documento, porque así lo establece la ley.
Para protegerse, el delegado debe exigir una declaración jurada que confirme la veracidad del cambio de residencia. Este problema ha sido foco de conflictividad, ya que las comunidades detectan fácilmente a desconocidos en los centros de votación. Cuando alguien ajeno aparece, surgen disturbios: no le corresponde votar ahí. Sin embargo, al estar inscrito en el padrón, la Junta Receptora de Votos no puede negarle el derecho.
Actualmente, revisamos el padrón para detectar actualizaciones ficticias de residencia electoral, una práctica recurrente en los últimos años. Pocos saben que aún estamos en tiempo de impugnar esas inscripciones. El plazo vence el 22 de marzo. Hasta entonces podemos depurar el padrón y anular registros de personas que se inscribieron en municipios donde no viven, a cambio de beneficios por su voto.
Este trabajo busca reducir la conflictividad. De lo contrario, las comunidades reaccionan cerrando calles y bloqueando accesos para impedir que voten personas de otros lugares.
¿Qué procede en el caso de actualización ficticia?
Suspendemos la actualización ficticia y la persona debe votar en el lugar donde realmente está registrada. Además, consignar datos falsos bajo juramento constituye un delito. Por ello se presentarán las denuncias ante el MP.
¿Qué mensaje envía a los guatemaltecos del trabajo que coordina el TSE para que las elecciones de 2027 se realicen de la forma segura y transparente?
El mensaje central es claro: el TSE tiene la rectoría y la obligación de liderar los procesos, pero la población debe acompañar y fiscalizar. No podemos quedar solos.
Trabajamos con prevención, no con reacción. Queremos garantizar que los ciudadanos acudan a las urnas en paz. Contamos con protocolos de seguridad que permitan una verdadera fiesta cívica. El objetivo es evitar hechos violentos y estar listos para disuadir cualquier situación de riesgo.
Todos debemos aportar para lograr elecciones pacíficas y fortalecer un sistema democrático golpeado. Necesitamos estabilidad política y democrática. Debemos exigir responsabilidad a las autoridades y partidos políticos. No podemos poner en riesgo la vida, la seguridad ni la democracia del país.
Magistrado Quelvin Jiménez: no podemos repetir los conflictos electorales de 2023
Se debe reforzar la seguridad y trabajar con la población y los partidos políticos. El objetivo es prevenir y reducir la conflictividad.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) analiza los municipios que podrían registrar conflictos durante las Elecciones Generales de 2027. En entrevista con República, el magistrado Quelvin Jiménez Villalta explicó que el estudio parte de los antecedentes de 2019 y 2023. Según indicó, se tienen los primeros análisis a nivel nacional.
Aseveró que es distinto hacer diagnósticos de violencia común que de violencia electoral. Estos últimos se activan en función de las elecciones generales. En la actualidad, los partidos políticos pueden hacer sus asambleas de postulación y de proclamación de candidatos. Esta etapa empieza a generar niveles de conflictividad.
¿Qué riesgos han identificado?
Tenemos 40 municipios en riesgo alto. Otros 50 están en riesgo medio. Nuestro indicador principal son los antecedentes de las elecciones de 2023 y 2019. En octubre próximo lanzaremos de forma oficial la Mesa de Seguridad. Nuestra meta es desarrollarla en dos niveles. Para octubre también deseamos tener identificadas las Juntas Electorales Departamentales (JED), pues les toca enfrentar la problemática.
¿Por qué dos niveles en la Mesa?
En el primer nivel (central) tendremos toda la planificación del gabinete. Estará liderado por el TSE, Gobernación y Defensa. Además, de contar con otras instancias, como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
La finalidad es abordar el tema de manera integral. Es decir, desde el traslado de los materiales electorales hasta tener los resultados. Debemos tener protocolos de actuación antes, durante y después de las elecciones. Ahora trabajamos en la planificación de la mesa interinstitucional de seguridad. Nos permitirá construir protocolos de actuación para actuar de manera oportuna y evitar todo tipo de violencia electoral.
Usted menciona 40 municipios en alto riesgo. ¿Qué se hará para prevenir incidentes?
Se trabaja en acciones preventivas para reducir al máximo la conflictividad electoral. La apuesta principal será promover procesos de concientización y fortalecer una cultura de paz durante la campaña y el proceso electoral.
¿Qué factores se incluyen en el análisis para determinar la conflictividad?
En algunos casos, los municipios más violentos no presentan incidentes en las elecciones. Sin embargo, no los desvinculamos. Ahora nos enfocamos en entender la posible conflictividad electoral del próximo año. Existen varios escenarios, como el descontento por candidaturas.
En un municipio, en 2023, se registraron manifestaciones y disturbios cuatro días después de las elecciones por el descontento ciudadano. Los inconformes quemaron camiones. En otro caso, un centro electoral presentó problemas en los últimos procesos: destrucción de materiales, boletas y otros insumos.
Ese historial permite identificar puntos específicos de riesgo dentro de cada municipio. Al año siguiente, el centro de votación se trasladó a otro lugar y no hubo disturbios.
¿Qué pasa donde hubo disturbios en 2023?
Se debe reforzar la seguridad y trabajar desde temprano con la población y los partidos políticos. El objetivo es prevenir y reducir la conflictividad.
No podemos garantizar que no ocurran incidentes, pero trabajamos para evitar que se repita la situación de 2023. La Mesa de Seguridad también coordina la logística electoral. Su objetivo es asegurar que los materiales lleguen a tiempo a los centros de votación en todo el país.
¿Cómo avanza ese proceso?
Ya iniciamos reuniones con personas que han integrado Juntas Electorales Departamentales. Identificamos perfiles para estos órganos. Uno de los principales problemas señalados es la falta de información. En 2023, algunas juntas recibieron capacitación apenas dos horas antes de la votación. En una gira reciente, nos contaron que una persona quiso renunciar a una junta municipal por falta de coordinación.
Si trabajamos desde octubre con las juntas departamentales y municipales, podremos evitar esos problemas. La meta es contar pronto con los planes de cada junta. Después de la juramentación, deberán aplicarse para prevenir contratiempos, corregir errores y no actuar contra el tiempo desde la convocatoria.
Ese trabajo permitirá entregar a tiempo los materiales electorales en los centros de votación, departamentos y municipios. El cambio de sedes también forma parte del análisis. En algunos casos, mover un centro conflictivo evitó nuevos incidentes.
¿Cómo explica el TSE a los vecinos que el traslado de un centro de votación responde a criterios técnicos y de seguridad, y no a decisiones políticas, intereses personales o caprichos institucionales?
El traslado de un centro no debe ser la primera solución. El TSE analiza varias variables. Si un lugar registra conflictos en cada elección y, al mover el centro, el municipio no presenta incidentes, ese punto requiere atención especial.
Sin embargo, eso no significa que deba eliminarse la sede. La prioridad es trabajar de forma integral con la población. No podemos alejar los centros de votación ni limitar el derecho al sufragio. Debemos revisar los antecedentes de cada centro electoral y actuar con prevención. La respuesta no debe ser reactiva.
Cambiar una sede puede ser una medida excepcional, pero no debe repetirse como solución general. Trasladar centros sin un análisis profundo puede afectar el derecho de las personas a votar.
¿En la mesa de factores se incluye el crimen organizado, narcotráfico, al momento de hablar de riesgo?
Como TSE, nos regimos por las funciones que establece la Ley Electoral. En la Mesa de Seguridad analizamos los temas vinculados con la seguridad electoral.
El crimen organizado y el narcotráfico corresponden a otras instituciones, como la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP). Esas entidades deben evaluar esas variables y aportar información para fortalecer la seguridad el día de las elecciones.
Luego de identificar cerca de 40 municipios en alto riesgo y alrededor de 50 en riesgo medio, ¿cómo se clasifica el resto de los municipios?
Se mantiene vigilancia en los municipios con actividad electoral. Los demás presentan riesgo mínimo y las elecciones suelen transcurrir en paz. Aun así, ocurren hechos que pueden provocar violencia, por lo que el monitoreo resulta esencial.
El análisis muestra cómo el año preelectoral concluye y, tras la convocatoria, surgen situaciones que pueden generar conflicto. Para reducir esa posibilidad, especialmente frente a la desinformación, es clave mantener informada a la ciudadanía.
¿Por qué hace tanto daño la desinformación?
La desinformación genera problemas en todos los ámbitos. En lo social, la información falsa es un detonante clave de conflictos. Estamos por lanzar una propuesta para combatirla e invitamos a toda la ciudadanía a erradicarla.
Los medios de comunicación cumplen un papel esencial: deben promover la verificación en fuentes oficiales. La inteligencia artificial complica distinguir entre un video real y uno creado con tecnología, lo que aumenta el riesgo de confusión.
Nuestra propuesta incluye monitoreo constante para detectar la desinformación y luego mitigarla. Ejemplos recientes muestran su impacto: en Brasil circuló un video falso de un candidato bailando; en otro país, un montaje mostraba a un aspirante llamando a votar por la oposición. Estos casos provocaron confusión y forman parte de la mesa de conflictividad, vinculada también a la mesa de seguridad.
En los últimos años se han registrado atentados y ataques contra alcaldes y excandidatos. ¿Estos indicadores forman parte del análisis de riesgo?
Sí. En el último año hubo excandidatos y posibles aspirantes al próximo proceso electoral. También concejales y alcaldes, como usted señalan, en municipios donde ocurrieron hechos violentos. Esas variables se analizan para determinar si se trata de municipios de alto riesgo.
¿Y a partir de los 90 municipios que usted daba tanto riesgo alto como riesgo medio? ¿Cómo están catalogados a nivel país por región?
No puedo dar nombres de municipios ni departamentos porque sería contraproducente. Están distribuidos en todo el país. Varios son de alto riesgo, aunque creemos posible reducir la conflictividad en los próximos meses.
Los partidos políticos solicitaron participar en la mesa de seguridad. Su presencia es clave: desde la mesa de prevención buscamos generar conciencia y sumar a los partidos a pactos de no agresión. Así promovemos entre sus bases la cultura de paz y reducimos la conflictividad al máximo.
¿Qué otros factores generan conflictividad?
La actualización ficticia de ciudadanos en municipios que no les corresponden ha generado conflictos en procesos electorales recientes. Por ejemplo, alguien que vive en Nueva Santa Rosa se inscribe en Jalapa. El delegado del Registro de Ciudadanos debe aceptarlo con el DPI, sin exigir otro documento, porque así lo establece la ley.
Para protegerse, el delegado debe exigir una declaración jurada que confirme la veracidad del cambio de residencia. Este problema ha sido foco de conflictividad, ya que las comunidades detectan fácilmente a desconocidos en los centros de votación. Cuando alguien ajeno aparece, surgen disturbios: no le corresponde votar ahí. Sin embargo, al estar inscrito en el padrón, la Junta Receptora de Votos no puede negarle el derecho.
Actualmente, revisamos el padrón para detectar actualizaciones ficticias de residencia electoral, una práctica recurrente en los últimos años. Pocos saben que aún estamos en tiempo de impugnar esas inscripciones. El plazo vence el 22 de marzo. Hasta entonces podemos depurar el padrón y anular registros de personas que se inscribieron en municipios donde no viven, a cambio de beneficios por su voto.
Este trabajo busca reducir la conflictividad. De lo contrario, las comunidades reaccionan cerrando calles y bloqueando accesos para impedir que voten personas de otros lugares.
¿Qué procede en el caso de actualización ficticia?
Suspendemos la actualización ficticia y la persona debe votar en el lugar donde realmente está registrada. Además, consignar datos falsos bajo juramento constituye un delito. Por ello se presentarán las denuncias ante el MP.
¿Qué mensaje envía a los guatemaltecos del trabajo que coordina el TSE para que las elecciones de 2027 se realicen de la forma segura y transparente?
El mensaje central es claro: el TSE tiene la rectoría y la obligación de liderar los procesos, pero la población debe acompañar y fiscalizar. No podemos quedar solos.
Trabajamos con prevención, no con reacción. Queremos garantizar que los ciudadanos acudan a las urnas en paz. Contamos con protocolos de seguridad que permitan una verdadera fiesta cívica. El objetivo es evitar hechos violentos y estar listos para disuadir cualquier situación de riesgo.
Todos debemos aportar para lograr elecciones pacíficas y fortalecer un sistema democrático golpeado. Necesitamos estabilidad política y democrática. Debemos exigir responsabilidad a las autoridades y partidos políticos. No podemos poner en riesgo la vida, la seguridad ni la democracia del país.
