Ley de destinatarios finales: demasiado poder a la SAT

El Ejecutivo, liderado por el presidente Bernardo Arévalo, impulsa la aprobación de la Ley de Beneficiarios Finales, iniciativa 6486. Según el gobierno, fortalecerá la transparencia fiscal y el combate a los delitos financieros en el país, como el lavado de dinero.

• En caso de ser aprobada, obligaría a todas las empresas a registrar a sus verdaderos propietarios.

Por qué importa. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Ambas instituciones demandan con “urgencia” su aprobación en el Congreso. Afirman que, en caso de no hacerlo, podría traer graves consecuencias para el país.

• La iniciativa contempla la creación de un registro obligatorio de beneficiarios finales. Estará adscrito a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
• La nueva dependencia “controlará” a las personas individuales que ejerzan funciones, posean o se beneficien de empresas. Esto incluye estructuras mercantiles u otras de naturaleza similar. 
• La información podrá compartirse con instituciones clave en la prevención de la corrupción, incluido el lavado de dinero. En este mecanismo, se contará con el respaldo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Entre líneas. La propuesta exige la inscripción de todas las personas jurídicas constituidas en Guatemala. También incluye a las sucursales de empresas extranjeras que operen en el país. Cada una deberá reportar los datos de sus beneficiarios finales, como su número de CUI y el porcentaje de participación que tienen.

• Los datos serán presentados en una declaración jurada electrónica. La información será confidencial, excepto para los proveedores del Estado autorizados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
• A pesar de que el gobierno afirma que uno de los principales objetivos de la ley es la lucha contra el lavado de dinero, expertos coinciden en que la concentración de poder en la SAT. 
• La creación del registro también trae consigo riesgos tecnológicos. El país no cuenta —por el momento— con infraestructura robusta que pueda garantizar la seguridad de los datos. No existe ley de ciberseguridad.

Sí, pero. La iniciativa establece que la información no será pública. Solo podrán acceder entidades como la SAT, el Ministerio Público (MP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Bancos (SB). El acceso se limitará a fines de investigación de delitos financieros. Los proveedores del Estado también podrán consultarla, pero bajo condiciones específicas. 

• La ley impone sanciones económicas a quienes omitan o falsifiquen la información de sus beneficiarios finales. También castiga a quienes no la actualicen.
• Antes de esta iniciativa de ley, el 10 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el Acuerdo Gubernativo de Proveedores Transparentes, emitido por el Ejecutivo.
• Este obligaba a las empresas proveedoras del Estado a declarar a sus accionistas y a las personas físicas que poseen o controlan efectivamente la entidad.

En conclusión. La Ley de Beneficiarios Finales va más allá del combate al lavado de dinero. El gobierno la presenta como una herramienta de transparencia, pero también concentra más poder en la SAT, una institución que en los últimos años ha sido cuestionada por las redes de corrupción que en ella operan, como expuso el caso de La Línea y, más recientemente, la red “B 410”. 

• El registro propuesto puede ayudar a identificar estructuras opacas. Sin embargo, podría convertirse en un mecanismo de control o presión sobre la actividad empresarial legítima. 
• La ausencia de una ley de ciberseguridad deja un vacío que vuelve riesgoso almacenar datos personales y sensibles.