EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Aunque la interpelación es un derecho constitucional de los diputados para fiscalizar el trabajo de los ministros de Estado, en la práctica se ha convertido en una burda herramienta utilizada para ganar protagonismo y entorpecer la agenda legislativa.
Panorama general. Desde el 25 de julio, varios ministros han tenido que acudir —todos los jueves— al Congreso para “estar listos” para su interpelación. Hasta el momento, solo ha concluido el juicio político contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, mientras que otros cuatro ministros están a la espera de ser cuestionados.
- Tras la decisión de la interpelante Sandra Jovel de no continuar con más de 100 preguntas adicionales, debido al desinterés de la gran mayoría de los diputados, se dio por concluido el juicio político contra Jiménez.
- Ahora será el turno del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, quien enfrenta tres —distintas y sucesivas— interpelaciones. Le seguirá la ministra de Cultura, Liwi Grazioso.
- Se rumora que podrían desistir de ambas para dar paso a la interpelación contra el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, pero no hay confirmación oficial. También está pendiente de que se programe la del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, solicitada por los diputados Becquer Chocooj y Julio Portillo —del partido Cabal— por no atender las citaciones.
Los datos. Una reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, aprobada en 2016, permitió que las interpelaciones no obstaculizaran por completo la agenda.
- El nuevo marco legal estableció que, si el cuestionamiento se extendía por más de dos sesiones, se debía convocar a una sesión adicional para abordar los puntos de la agenda. Esto permitió avanzar. Sin embargo, la mayoría de los congresistas siguen más enfocados en ganar la simpatía de la ciudadanía que en asegurar que las interpelaciones produzcan resultados concretos.
- El Congreso está por concluir el segundo período ordinario, pero los juicios políticos seguirán siendo parte de la agenda, pues solo el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, deberá responder 115 preguntas básicas.
Fisgón histórico. Una de las interpelaciones más largas que se ha registrado es la del exministro de Cultura, Carlos Batzín, en 2012; durante nueves meses, debió someterse al interrogatorio de los diputados del extinto partido Líder, dirigidos por el entonces congresista Roberto Villate.
- Aunque el Partido Patriota fue pionero en poner de moda los juicios políticos, Líder, —que en entonces promovía la figura presidencial de Manuel Baldizón— superó con creces esa práctica, al punto de paralizar la agenda legislativa por buena parte del año.
Visto y no visto. El 13 de enero de 2022, se dio a conocer una opinión solicitada por el entonces presidente Alejandro Giammattei a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre citaciones e interpelaciones.
- Una de las consultas fue cuál debía ser el tiempo prudencial y razonable de espera que un ministro de Estado que está siendo interpelado, pueda retirarse del Congreso. La CC respondió que “si al concurrir el Ministro de Estado en la hora y fecha en la que fue citado […] siendo previamente verificada la presencia del cuórum de legisladores [...], en caso de no haber sido alcanzado el mismo o existiendo este, se estuviese ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la interpelación, se estima que en consideración de la alta investidura, autoridad y responsabilidad que constitucionalmente se le reconoce al cargo ministerial, dicho funcionario podrá retirarse inmediatamente del recinto”.
- No obstante, tras darse a conocer la opinión, varios diputados se pronunciaron en contra, argumentando que no era vinculante y, por lo tanto, no estaban obligados a acatarla.
En conclusión. Aunque algunos aseguran que la interpelación es una conquista democrática, en la práctica se ha desvirtuado, ya que está lejos de ser un proceso para que los representantes de los ciudadanos puedan fiscalizar el trabajo de los funcionarios.
- En récord, son muy pocas las interpelaciones que han provisto información relevante a los congresistas; más allá de ello, los votos de falta de confianza rara vez son aprobados.
Aunque la interpelación es un derecho constitucional de los diputados para fiscalizar el trabajo de los ministros de Estado, en la práctica se ha convertido en una burda herramienta utilizada para ganar protagonismo y entorpecer la agenda legislativa.
Panorama general. Desde el 25 de julio, varios ministros han tenido que acudir —todos los jueves— al Congreso para “estar listos” para su interpelación. Hasta el momento, solo ha concluido el juicio político contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, mientras que otros cuatro ministros están a la espera de ser cuestionados.
- Tras la decisión de la interpelante Sandra Jovel de no continuar con más de 100 preguntas adicionales, debido al desinterés de la gran mayoría de los diputados, se dio por concluido el juicio político contra Jiménez.
- Ahora será el turno del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, quien enfrenta tres —distintas y sucesivas— interpelaciones. Le seguirá la ministra de Cultura, Liwi Grazioso.
- Se rumora que podrían desistir de ambas para dar paso a la interpelación contra el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, pero no hay confirmación oficial. También está pendiente de que se programe la del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, solicitada por los diputados Becquer Chocooj y Julio Portillo —del partido Cabal— por no atender las citaciones.
Los datos. Una reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, aprobada en 2016, permitió que las interpelaciones no obstaculizaran por completo la agenda.
- El nuevo marco legal estableció que, si el cuestionamiento se extendía por más de dos sesiones, se debía convocar a una sesión adicional para abordar los puntos de la agenda. Esto permitió avanzar. Sin embargo, la mayoría de los congresistas siguen más enfocados en ganar la simpatía de la ciudadanía que en asegurar que las interpelaciones produzcan resultados concretos.
- El Congreso está por concluir el segundo período ordinario, pero los juicios políticos seguirán siendo parte de la agenda, pues solo el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, deberá responder 115 preguntas básicas.
Fisgón histórico. Una de las interpelaciones más largas que se ha registrado es la del exministro de Cultura, Carlos Batzín, en 2012; durante nueves meses, debió someterse al interrogatorio de los diputados del extinto partido Líder, dirigidos por el entonces congresista Roberto Villate.
- Aunque el Partido Patriota fue pionero en poner de moda los juicios políticos, Líder, —que en entonces promovía la figura presidencial de Manuel Baldizón— superó con creces esa práctica, al punto de paralizar la agenda legislativa por buena parte del año.
Visto y no visto. El 13 de enero de 2022, se dio a conocer una opinión solicitada por el entonces presidente Alejandro Giammattei a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre citaciones e interpelaciones.
- Una de las consultas fue cuál debía ser el tiempo prudencial y razonable de espera que un ministro de Estado que está siendo interpelado, pueda retirarse del Congreso. La CC respondió que “si al concurrir el Ministro de Estado en la hora y fecha en la que fue citado […] siendo previamente verificada la presencia del cuórum de legisladores [...], en caso de no haber sido alcanzado el mismo o existiendo este, se estuviese ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la interpelación, se estima que en consideración de la alta investidura, autoridad y responsabilidad que constitucionalmente se le reconoce al cargo ministerial, dicho funcionario podrá retirarse inmediatamente del recinto”.
- No obstante, tras darse a conocer la opinión, varios diputados se pronunciaron en contra, argumentando que no era vinculante y, por lo tanto, no estaban obligados a acatarla.
En conclusión. Aunque algunos aseguran que la interpelación es una conquista democrática, en la práctica se ha desvirtuado, ya que está lejos de ser un proceso para que los representantes de los ciudadanos puedan fiscalizar el trabajo de los funcionarios.
- En récord, son muy pocas las interpelaciones que han provisto información relevante a los congresistas; más allá de ello, los votos de falta de confianza rara vez son aprobados.
