Las elecciones en Honduras penden de un hilo

Honduras se enfrenta a un riesgo inédito: la posibilidad real de no celebrar los comicios programados para finales de año. La reciente renuncia de una de sus consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) —motivada por presiones vinculadas a la creciente violencia política—, amenaza con paralizar el proceso electoral. El desenlace de esta crisis podría definir no solo la estabilidad institucional inmediata, sino también la confianza ciudadana en la viabilidad del sistema democrático hondureño.

Cómo funciona. La renuncia de la consejera altera directamente la gobernanza electoral y compromete la capacidad institucional del órgano.  

• El CNE debe sesionar con tres consejeros y tomar sus resoluciones con la participación de al menos dos propietarios (titulares).  
• La ausencia definitiva de un miembro propietario provoca un vacío operativo que impide la adopción de acuerdos esenciales: la convocatoria oficial, la asignación de presupuesto, la contratación de personal temporal y la aprobación de la logística electoral.  
• Sin un pleno constituido, el CNE carece de legitimidad funcional y riesgo de colapsar el cronograma electoral.

Lo indispensable. La elección de un nuevo consejero es facultad del Congreso Nacional, la cual debe contar con mayoría calificada (es decir, dos tercios del pleno). 

• Ni el oficialismo ni la oposición, cuentan —por sí solos— con los votos necesarios para alcanzar esa cifra.

• El oficialismo y su consejero actual se oponen a abrir más procesos de legitimación electoral y difieren de los fines de la oposición.

• La oposición carece de mecanismos eficaces para alinear a suficientes actores independientes y minoritarios, por lo que su capacidad de incidir depende de la voluntad política del bloque oficialista.

Lo que sigue. La desestabilización del ente rector de las elecciones pone en duda la legitimidad del proceso en su conjunto. 

• El CNE está siendo utilizado por el oficialismo como última forma de control del proceso tras los recientes escándalos de corrupción que han golpeado a su administración.

• La falta de legitimidad del proceso electoral será utilizada como arma narrativa: cualquier acción de la oposición será presentada como intento de fraude.

• Esta narrativa pone en entredicho la confianza hacia el nuevo consejero y hacia la institución misma, erosionando la calidad democrática del país. 

En conclusión, la paralización del proceso electoral exacerba la polarización políticadel país y obliga a una negociación de tipo “trueque político”: o bien la elección de un consejero alineado con el oficialismo, o la aprobación de una ley de gran impacto, como la Ley de Justicia Tributaria, una reforma fiscal que preocupa al sector empresarial.  

• Este contexto convierte el nombramiento del consejero en una moneda de cambio con implicaciones profundas para la gobernabilidad. En este escenario, el futuro de la democracia hondureña pende de un hilo extremadamente fino.