EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En cuarenta años, trece iniciativas de ley de aguas entraron al Congreso de la República y trece terminaron archivadas. La número catorce, la iniciativa 6816, empujada por la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, y presentada el 3 de agosto por siete diputados —cinco del proyecto Raíces y dos de Victoria—, llega con los mismos defectos de fábrica.
La cronología anticipa el desenlace: prometida para finales de 2025, luego para principios de 2026, entregada hasta julio a un Congreso que hoy atiende la elección del contralor y que desde enero estará en campaña electoral. El argumento preelectoral es más excusa que justificación, pero opera en dos sentidos; la coyuntura que impide legislar vuelve la iniciativa un empuje estratégico rumbo a 2027.
El diagnóstico no está en disputa. Hay un vacío institucional y legal: el artículo 127 de la Constitución ordena —desde 1985— una ley específica y la Corte de Constitucionalidad ha insistido en ello. La falta de armonización entre sector productivo, Gobierno central, municipalidades y comunidades ha sido la norma.
Se pretende legislar la escasez de una abundancia mal gestionada. No falta agua; falta quien la administre. Mientras que la lluvia se escurre por calles convertidas en canales hacia los ríos, y que luego desembocan en países vecinos que sí la aprovechan. La respuesta son 215 artículos que ninguna comisión dictaminará en año preelectoral o tan siquiera revisará. Ante ello surge la misma dinámica perpetua: donde falta gestión, se ofrece burocracia, y sin un Estado moderno, la burocracia deriva en discrecionalidad y corrupción.
Aunque se proclama descentralización, se entrega el mando al Ejecutivo. De lo más rescatable son las direcciones de cuencas y vertientes donde el agua se administra por territorio hidrológico, no por frontera política. Sin embargo, esa fortaleza se anula en la figura de la Superintendencia Nacional del Agua, cuyo directorio se integra con representantes de ministerios, es decir, el gabinete presidencial. Un ente atado al gobierno de turno no es política pública, sino política de gobierno, con la vida útil de una administración. El propio antecedente reciente de otras superintendencias creadas en esta legislatura debería bastar como advertencia.
Ante ello, llama la atención la ausencia deliberada de las cámaras empresariales, cuando el sector productivo es, junto con las comunidades, los principales usuarios y aportantes del futuro canon. Por otra parte, los sistemas comunitarios quedan subordinados a la rectoría de la Superintendencia, lo contrario de la gobernanza que reclaman con más de 12 748 sistemas de abastecimiento, donde el 75 % es administrado por comités comunitarios, no operadores formales como en Costa Rica o Panamá.
Asimismo, se cobra sin garantizar. Ningún sector se opone a pagar; ese nunca ha sido el problema. Un esquema escalonado —base gratuita cercana a 200 litros diarios por persona y cobro sobre el excedente, como en la energía eléctrica— desincentiva el desperdicio. El problema es lo que el Estado ofrece a cambio. El fondo del agua solo funciona con trazabilidad: un candado que impida financiar salarios y dietas en vez de infraestructura, recursos multianuales fuera del fondo común y fiscalización compartida entre aportantes y Contraloría. Nadie puede aceptar pagar sin certeza.
La licencia solo funciona si reconoce derechos adquiridos sustentados en documento vinculante, no de palabra, ya que si una licencia queda condicionada a revisiones quinquenales que pueden limitar o extinguir un derecho ya adquirido mediante documento legal vinculante —una licencia ambiental, un uso de dominio público de 25 o 30 años—, ninguna inversión nacional ni extranjera se ancla en Guatemala. Y sin plazos ni silencio administrativo positivo será un requisito más, y cada trámite estancado una ventana abierta a la corrupción.
Además, se vulnera la autonomía municipal de refilón. La iniciativa traslada competencias de aguas residuales e infraestructura hidráulica que el Código Municipal asigna a los gobiernos locales; de ahí la necesidad de los 107 votos en el pleno.
Pese a que la jornada nacional de talleres fue acertada, pierde sentido si el texto se aparta de lo discutido, mientras los sectores productivos y comunitarios coinciden en que lo presentado difiere de lo planteado. De igual manera, tampoco puede el Estado trasladar a la inversión privada una obligación propia: llevar el servicio e invertir en captación de lluvia para las comunidades que hoy no reciben una gota. El país destina un 0.71 % del PIB a agua y saneamiento, frente al 1.5 % latinoamericano. Ninguna superintendencia corrige eso por decreto.
En conclusión, Guatemala necesita una ley de aguas técnica, no ideológica, y es ahí donde el documento pierde el rumbo. El agua es un bien público que administra el Estado, y el Estado somos todos, no quienes creen tener todo el poder. Una legislación que no nos considera a todos jamás alcanzará los consensos que necesita para su aprobación y, sobre todo, para su ejecución eficiente que realmente resuelva los problemas. Invariablemente, todo el resto no es más que sobre regular para ganar una medalla política.
En cuarenta años, trece iniciativas de ley de aguas entraron al Congreso de la República y trece terminaron archivadas. La número catorce, la iniciativa 6816, empujada por la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, y presentada el 3 de agosto por siete diputados —cinco del proyecto Raíces y dos de Victoria—, llega con los mismos defectos de fábrica.
La cronología anticipa el desenlace: prometida para finales de 2025, luego para principios de 2026, entregada hasta julio a un Congreso que hoy atiende la elección del contralor y que desde enero estará en campaña electoral. El argumento preelectoral es más excusa que justificación, pero opera en dos sentidos; la coyuntura que impide legislar vuelve la iniciativa un empuje estratégico rumbo a 2027.
El diagnóstico no está en disputa. Hay un vacío institucional y legal: el artículo 127 de la Constitución ordena —desde 1985— una ley específica y la Corte de Constitucionalidad ha insistido en ello. La falta de armonización entre sector productivo, Gobierno central, municipalidades y comunidades ha sido la norma.
Se pretende legislar la escasez de una abundancia mal gestionada. No falta agua; falta quien la administre. Mientras que la lluvia se escurre por calles convertidas en canales hacia los ríos, y que luego desembocan en países vecinos que sí la aprovechan. La respuesta son 215 artículos que ninguna comisión dictaminará en año preelectoral o tan siquiera revisará. Ante ello surge la misma dinámica perpetua: donde falta gestión, se ofrece burocracia, y sin un Estado moderno, la burocracia deriva en discrecionalidad y corrupción.
Aunque se proclama descentralización, se entrega el mando al Ejecutivo. De lo más rescatable son las direcciones de cuencas y vertientes donde el agua se administra por territorio hidrológico, no por frontera política. Sin embargo, esa fortaleza se anula en la figura de la Superintendencia Nacional del Agua, cuyo directorio se integra con representantes de ministerios, es decir, el gabinete presidencial. Un ente atado al gobierno de turno no es política pública, sino política de gobierno, con la vida útil de una administración. El propio antecedente reciente de otras superintendencias creadas en esta legislatura debería bastar como advertencia.
Ante ello, llama la atención la ausencia deliberada de las cámaras empresariales, cuando el sector productivo es, junto con las comunidades, los principales usuarios y aportantes del futuro canon. Por otra parte, los sistemas comunitarios quedan subordinados a la rectoría de la Superintendencia, lo contrario de la gobernanza que reclaman con más de 12 748 sistemas de abastecimiento, donde el 75 % es administrado por comités comunitarios, no operadores formales como en Costa Rica o Panamá.
Asimismo, se cobra sin garantizar. Ningún sector se opone a pagar; ese nunca ha sido el problema. Un esquema escalonado —base gratuita cercana a 200 litros diarios por persona y cobro sobre el excedente, como en la energía eléctrica— desincentiva el desperdicio. El problema es lo que el Estado ofrece a cambio. El fondo del agua solo funciona con trazabilidad: un candado que impida financiar salarios y dietas en vez de infraestructura, recursos multianuales fuera del fondo común y fiscalización compartida entre aportantes y Contraloría. Nadie puede aceptar pagar sin certeza.
La licencia solo funciona si reconoce derechos adquiridos sustentados en documento vinculante, no de palabra, ya que si una licencia queda condicionada a revisiones quinquenales que pueden limitar o extinguir un derecho ya adquirido mediante documento legal vinculante —una licencia ambiental, un uso de dominio público de 25 o 30 años—, ninguna inversión nacional ni extranjera se ancla en Guatemala. Y sin plazos ni silencio administrativo positivo será un requisito más, y cada trámite estancado una ventana abierta a la corrupción.
Además, se vulnera la autonomía municipal de refilón. La iniciativa traslada competencias de aguas residuales e infraestructura hidráulica que el Código Municipal asigna a los gobiernos locales; de ahí la necesidad de los 107 votos en el pleno.
Pese a que la jornada nacional de talleres fue acertada, pierde sentido si el texto se aparta de lo discutido, mientras los sectores productivos y comunitarios coinciden en que lo presentado difiere de lo planteado. De igual manera, tampoco puede el Estado trasladar a la inversión privada una obligación propia: llevar el servicio e invertir en captación de lluvia para las comunidades que hoy no reciben una gota. El país destina un 0.71 % del PIB a agua y saneamiento, frente al 1.5 % latinoamericano. Ninguna superintendencia corrige eso por decreto.
En conclusión, Guatemala necesita una ley de aguas técnica, no ideológica, y es ahí donde el documento pierde el rumbo. El agua es un bien público que administra el Estado, y el Estado somos todos, no quienes creen tener todo el poder. Una legislación que no nos considera a todos jamás alcanzará los consensos que necesita para su aprobación y, sobre todo, para su ejecución eficiente que realmente resuelva los problemas. Invariablemente, todo el resto no es más que sobre regular para ganar una medalla política.
