La transparencia selectiva del gobierno de Arévalo

La relación entre la prensa y el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta un desgaste irreversible. Solicitudes de entrevista sin respuesta, cancelaciones reiteradas y accesos limitados marcan la dinámica. Esto contrasta con el discurso oficial sobre libertad de expresión. El problema no es solo mediático: impacta el derecho ciudadano a informarse. 

Por qué importa. El acceso a las fuentes de información evidencia la política pública de un gobierno. Cuando funcionarios retrasan o evitan entrevistas, limitan la rendición de cuentas. No es un caso aislado. Se repite en vicepresidencia, secretarías y direcciones ministeriales. La práctica debilita la confianza y reduce el control ciudadano sobre el poder. 

• Desde diciembre de 2023, República gestionó una entrevista con Karin Herrera, cuando solo era vicepresidenta electa. El equipo aceptó y ofreció programarla. Sin embargo, la cita se postergó durante meses sin una confirmación clara. 
• En diciembre de 2024 confirmaron por WhatsApp. Días después la cancelaron sin nueva fecha. Argumentaron actividades de fin de año. La reprogramación nunca llegó y la comunicación se volvió irregular. 
• El artículo 35 constitucional garantiza acceso a fuentes. También protege la libre emisión del pensamiento. Negar entrevistas no es ilegal, pero vulnera un derecho constitucional y un pilar de la república: fiscalizar a quienes ejercen el poder. 

Punto de fricción. Las cancelaciones y filtros muestran un patrón. Cambian equipos de comunicación, reinician procesos y las entrevistas no se concretan. Mientras tanto, los funcionarios sí aparecen en espacios de su línea ideológica.  

• En 2025, la vicepresidencia cambió su equipo de comunicación. El nuevo personal solicitó las preguntas ya enviadas. El proceso empezó de nuevo. La entrevista nunca se concretó ese año. 
• En febrero de 2026 confirmaron el 12 de marzo como nueva fecha. Se avanzó con logística y protocolos. Luego cancelaron otra vez por temas de agenda. Hasta ahora no existe una nueva fecha. 
• Un mensaje lo resume: “No hay disponibilidad nuevamente”. La respuesta refleja falta de claridad. También evidencia que el acceso a las fuentes de información no es prioridad frente a otras actividades 

En el radar. El patrón no se limita a la vicepresidencia. En Gobernación ocurre algo similar. Algunos funcionarios evitan entrevistas o responden tarde. No obstante, participan en otros medios, como los canales nacionales. La práctica sugiere discrecionalidad en el acceso, no falta de tiempo. 

• El director de Control Telemático en 2025 rechazó entrevistas por giras. El argumento fue remitido por el equipo de comunicación. Nunca hubo seguimiento. Sin embargo, apareció en televisión abierta. La diferencia de trato genera cuestionamientos sobre apertura institucional. 
• Diputados electos por el Movimiento Semilla (MS) replican la práctica. Andrea Villagrán evitó responder temas por WhatsApp. 
• Accedió a la entrevista en el hemiciclo parlamentario semanas después. Samuel Pérez bloquea a periodistas en redes. La tendencia se extiende más allá del Ejecutivo. 

Ahora qué. El gobierno firmó la Declaración de Chapultepec, en donde prometió libre acceso a las fuentes de información y procesos transparentes. El discurso es uno, pero la realidad es otra. La solución pasa por ordenar equipos, coordinar agendas y garantizar acceso sin filtros. 

• El presidente Arévalo afirmó en esa ocasión: “Sin libertad de prensa no hay democracia”. El compromiso existe. No se refleja de forma consistente en todos los niveles del gobierno. 
• La hipótesis apunta a desorden interno y selección deliberada de medios. Ambas opciones afectan la transparencia. 
• Negar entrevistas no afecta solo a periodistas. Limita al ciudadano. El acceso a información es un derecho. Sin él,  una verdadera república pierde control y el poder gana opacidad.