EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Pasaron décadas para que se aprobase una ley de competencia, uno de los caballitos de batalla del oficialismo en campaña. Ha bastado un año para poner en duda la institución que esa ley creó.
Jorge Miguel Castillo Castro fue electo primer superintendente el 13 de octubre de 2025, por dos votos contra uno. Cinco meses después, el 10 de marzo, presentó una renuncia que él mismo calificó de irrevocable. Y luego —porque las palabras de los funcionarios son elásticas cuando conviene— el 7 de julio anunció que la revocaba y que se quedaba. El Directorio aceptó la renuncia el 27 de este mes, con los votos de Javier Bauer y Jorge Mario González; al día siguiente, en el Congreso, Castillo aseguró que sigue siendo el superintendente.
Conviene decirlo sin eufemismos: una renuncia irrevocable no es un borrador. Es un acto unilateral y definitivo que agota su propósito en el momento de presentarse. Sostener lo contrario obligaría a aceptar que la titularidad de un órgano regulador depende del humor de quien lo ocupa. El Directorio no cometió un abuso al aceptarla; corrigió, con cuatro meses de retraso, un vacío que nunca debió prolongarse tanto.
El capítulo más preocupante, sin embargo, no es el de Castillo. Es el del director Edgar Rolando Guzmán Fuentes. Guzmán fue el único que votó contra la elección de Castillo. Nueve meses después fue el único que votó contra su salida; contra el nombramiento provisional de un intendente recién electo; contra la entrega del cargo y contra el comunicado que informaba de todo ello. Cuatro decisiones, cuatro disidencias. Antes había pedido, además, que se separara al presidente del Directorio del proceso de elección: la recusación fue declarada sin lugar mediante la Resolución 36-2026.
El patrón no se lee como celo institucional; se parece más a la construcción metódica de un expediente de agravios. Y el detalle que lo delata es doméstico: la moción para aceptar la renuncia la presentó Alfredo Skinner-Klée Sol, el suplente designado por la misma Junta Monetaria que nombró a Guzmán. No es que la mayoría le sea adversa; es que su propio suplente también. Un director que no logra un solo voto de su suplente en nueve meses tiene ante sí dos hipótesis, y la menos probable es que todos los demás estén equivocados.
Queda una pregunta que la Superintendencia de Competencia debería responder antes de diciembre, cuando entren en vigor sus facultades sancionatorias: ¿bajo qué reglas circula la información reservada del Directorio? Un órgano que investigará cárteles, abusos de posición dominante y concentraciones necesita hermetismo absoluto. Si un director en minoría permanente convierte cada deliberación en material de disputa pública, el problema deja de ser de convivencia y pasa a ser de idoneidad. Ningún agente económico entregará información sensible a una institución cuyas sesiones se litigan en los titulares y en el Congreso.
La actitud de Guzmán es, a estas alturas, el factor de riesgo más serio que enfrenta la Superintendencia. No porque disienta —la disidencia razonada es salud en un órgano colegiado—, sino porque ha dejado de distinguir entre perder una votación y ser víctima de una conspiración. Nueve meses de derrotas unánimes no lo han llevado a revisar sus premisas, sino a escalar el conflicto. Quintacolumnismo puro y duro.
Pasaron décadas para que se aprobase una ley de competencia, uno de los caballitos de batalla del oficialismo en campaña. Ha bastado un año para poner en duda la institución que esa ley creó.
Jorge Miguel Castillo Castro fue electo primer superintendente el 13 de octubre de 2025, por dos votos contra uno. Cinco meses después, el 10 de marzo, presentó una renuncia que él mismo calificó de irrevocable. Y luego —porque las palabras de los funcionarios son elásticas cuando conviene— el 7 de julio anunció que la revocaba y que se quedaba. El Directorio aceptó la renuncia el 27 de este mes, con los votos de Javier Bauer y Jorge Mario González; al día siguiente, en el Congreso, Castillo aseguró que sigue siendo el superintendente.
Conviene decirlo sin eufemismos: una renuncia irrevocable no es un borrador. Es un acto unilateral y definitivo que agota su propósito en el momento de presentarse. Sostener lo contrario obligaría a aceptar que la titularidad de un órgano regulador depende del humor de quien lo ocupa. El Directorio no cometió un abuso al aceptarla; corrigió, con cuatro meses de retraso, un vacío que nunca debió prolongarse tanto.
El capítulo más preocupante, sin embargo, no es el de Castillo. Es el del director Edgar Rolando Guzmán Fuentes. Guzmán fue el único que votó contra la elección de Castillo. Nueve meses después fue el único que votó contra su salida; contra el nombramiento provisional de un intendente recién electo; contra la entrega del cargo y contra el comunicado que informaba de todo ello. Cuatro decisiones, cuatro disidencias. Antes había pedido, además, que se separara al presidente del Directorio del proceso de elección: la recusación fue declarada sin lugar mediante la Resolución 36-2026.
El patrón no se lee como celo institucional; se parece más a la construcción metódica de un expediente de agravios. Y el detalle que lo delata es doméstico: la moción para aceptar la renuncia la presentó Alfredo Skinner-Klée Sol, el suplente designado por la misma Junta Monetaria que nombró a Guzmán. No es que la mayoría le sea adversa; es que su propio suplente también. Un director que no logra un solo voto de su suplente en nueve meses tiene ante sí dos hipótesis, y la menos probable es que todos los demás estén equivocados.
Queda una pregunta que la Superintendencia de Competencia debería responder antes de diciembre, cuando entren en vigor sus facultades sancionatorias: ¿bajo qué reglas circula la información reservada del Directorio? Un órgano que investigará cárteles, abusos de posición dominante y concentraciones necesita hermetismo absoluto. Si un director en minoría permanente convierte cada deliberación en material de disputa pública, el problema deja de ser de convivencia y pasa a ser de idoneidad. Ningún agente económico entregará información sensible a una institución cuyas sesiones se litigan en los titulares y en el Congreso.
La actitud de Guzmán es, a estas alturas, el factor de riesgo más serio que enfrenta la Superintendencia. No porque disienta —la disidencia razonada es salud en un órgano colegiado—, sino porque ha dejado de distinguir entre perder una votación y ser víctima de una conspiración. Nueve meses de derrotas unánimes no lo han llevado a revisar sus premisas, sino a escalar el conflicto. Quintacolumnismo puro y duro.
