La privatización no es la causa del mal estado vial

El Diario de Centro América (DCA) publicó el pasado martes 16 de septiembre la primera entrega —de cuatro—, de un “reportaje de investigación” que tituló Catástrofe en las carreteras, comenzó con la privatización. La pieza afirma que contará el proceso de descentralización (sic) de la red vial. Según el medio, esta generó el cáncer de la infraestructura vial. 

• La segunda parte, del miércoles 17, se tituló: Concesiones que dispararon los sobornos y la deuda de arrastre.  

• En ella se concluyó que “[…] la entrega de obras a la iniciativa privada” (sic) aumentó el saqueo a los fondos públicos de la cartera de Comunicaciones. 

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Por qué importa. Ambas piezas presentan omisiones, contradicciones y un hilo narrativo sesgado que pretende favorecer al gobierno de turno. Además, diluye responsabilidades de las autoridades, para atribuírselas al modelo de obras. Hechos contradictorios a la nueva línea editorial que presentó el DCA. 

• El editorial del 5 de agosto de 2024 afirmó que efectuaron un cambio de la línea editorial. El nuevo enfoque sería más “periodístico” y se centraría en darle importancia al qué, que al quién. 

• El segundo editorial de este año, del 3 de enero, resaltó que el DCA sería un medio periodístico y no de relaciones públicas. De nuevo, remarcaron su línea editorial como eminentemente periodística. 

• Los reportajes realzan el papel del gobierno de Bernardo Arévalo en la “corrección del rumbo”. Lo presentan como el pionero en controles que otros gobiernos ya habían intentado implementar. 

Entre líneas. Los reportajes señalan a los fideicomisos y las deudas de arrastre como origen de la corrupción. Sin embargo, omiten que eran mecanismos legales cuyo mal uso por parte de las autoridades de turno derivó en irregularidades. No eran ilegales por sí mismos.  

• La primera entrega señala que, mediante siete disposiciones legales, se abrió la puerta a la corrupción. La afirmación hace alusión a leyes y acuerdos que cambiaron la estructura institucional, con la creación de fondos y unidades ejecutoras. 

• Estos son, el Acuerdo 370-94, Decreto 134-96, Acuerdo 186-97, Decreto 11-97, entre otros. Sin embargo, el reportaje no aportó pruebas sobre casos concretos, modus operandi y sanciones. Por sí solas las normas no “abrieron la puerta a la corrupción” 

• Se subraya que el gobierno de Arévalo combate la corrupción con “nuevas oficinas”, pero no se respalda con resultados concretos ni cifras verificables. 

Sí, pero. El uso del DCA como vocería oficial busca moldear la opinión pública de los guatemaltecos, aunque los editoriales del medio indiquen lo contrario. Más que un reportaje de investigación, construye un relato alineado al discurso —narrativa— de la actual administración. 

• La estrategia parece diseñada para instalar la idea de que la corrupción fue “del pasado” y que ahora existe una transformación institucional. 

• No obstante, aún persisten las dudas sobre varios procesos por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Sin dejar, por un lado, la ridículamente baja ejecución en inversión. 

• En lo que va del año, la cartera apenas ha ejecutado el 39.49 % del presupuesto asignado.  

En conclusión. El mal estado de la red vial no se explica por la “privatización” ni por los fideicomisos, sino por el uso político y discrecional de estos mecanismos. Incluso, la incursión del sector privado genuino —y no el de políticos con empresas— en el mantenimiento y creación de red vial ha dado mejores resultados que el modelo anterior, que era dirigido por las dependencias públicas. 

• Los reportajes del DCA reducen la corrupción a un problema estructural del modelo de concesiones (sic), cuando la evidencia apunta a decisiones de autoridades específicas. 

• La línea editorial del medio se contradice: promete periodismo independiente, pero actúa como vocero oficial al exaltar al actual gobierno y minimizar resultados verificables.