EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La crisis diplomática que estalló entre Chile y EE. UU. por un cable submarino hacia China trata de mucho más que de telecomunicaciones.
En perspectiva. A primera vista, la disputa parece técnica: un desacuerdo sobre infraestructura, permisos regulatorios e intereses comerciales en competencia.
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En realidad, revela cómo la competencia entre Washington y Pekín se libra cada vez más a través de los sistemas invisibles que sostienen la economía global.
SUSCRÍBASE A NUESTRO NEWSLETTER DE POLÍTICA - La controversia surgió durante la transición presidencial chilena, después de que Washington revocara las visas de varios funcionarios vinculados al proyecto Chile-China Express, un cable submarino de 20 000 km que conectaría directamente Valparaíso con Hong Kong.
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La decisión provocó una confrontación política entre la administración saliente de Gabriel Boric y el gobierno entrante de José Antonio Kast, quien terminó tomando distancia de la iniciativa y, en la práctica, enterrándola antes de asumir el cargo.
Cómo funciona. Para entender por qué la reacción fue tan fuerte, primero hay que entender qué son realmente los cables submarinos. No son simplemente infraestructura de comunicaciones; son la columna vertebral de la economía digital. Cerca del 95 % del tráfico mundial de internet circula a través de ellos. Transacciones financieras, servicios en la nube, sistemas de inteligencia artificial, comunicaciones militares y la actividad cotidiana en internet dependen de redes que recorren el fondo de los océanos.
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Para Chile, el atractivo era evidente. Una conexión directa con Asia reduciría la latencia, disminuiría costos y reforzaría la aspiración histórica del país de convertirse en la principal puerta digital de Sudamérica hacia el Pacífico.
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El proyecto también ofrecía beneficios económicos significativos. China ya es el principal socio comercial de Chile, absorbiendo alrededor del 40 % de sus exportaciones, y una conexión digital directa habría profundizado aún más esos vínculos.
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Más importante aún, podría haber convertido a Chile en un centro regional para centros de datos, infraestructura de inteligencia artificial, empresas fintech y servicios digitales. Sin embargo, esa lógica económica chocó directamente con los intereses de seguridad de Washington.
Por qué importa. El problema nunca fue realmente el cable. China ya participa en numerosos proyectos de cables submarinos alrededor del mundo, incluidos varios que conectan países aliados de EE. UU. La verdadera preocupación radica en quién controla los sistemas que administran el tráfico que circula por esas redes. Bajo la propuesta del Chile-China Express, empresas chinas habrían operado tanto la infraestructura como el software encargado de gestionar las comunicaciones del lado chileno del proyecto.
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Para EE. UU., esa diferencia es fundamental. Las empresas chinas están legalmente obligadas a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado cuando Pekín lo solicita.
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Eso transforma lo que podría parecer un simple proyecto comercial en un asunto potencial de seguridad nacional. Y la preocupación no es meramente teórica. China ya ha mostrado de qué es capaz en este tipo de proyectos.
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Las revelaciones de 2018 sobre la transferencia de datos desde la sede de la Unión Africana en Adís Abeba hacia servidores en Shanghái siguen siendo uno de los ejemplos más citados de los riesgos asociados con infraestructura digital controlada por empresas chinas.
Entre líneas. La controversia del cable también refleja una realidad más amplia que trasciende a Chile. Durante la última década, la presencia económica de China en Latinoamérica se ha expandido de manera constante hacia sectores que muchos gobiernos consideran cada vez más estratégicos —puertos, redes de transmisión eléctrica, proyectos mineros e infraestructura de telecomunicaciones—. El puerto de Chancay, en Perú, es quizás el ejemplo más claro de esta tendencia.
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A principios de 2026, un tribunal peruano resolvió que Ositrán, el regulador nacional, no podía supervisar ni inspeccionar el puerto de Chancay debido a que la infraestructura había sido financiada y desarrollada como un proyecto privado, y no mediante una concesión estatal tradicional.
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La decisión eliminó, en la práctica, la supervisión ordinaria del gobierno sobre lo que hoy es el proyecto portuario más importante de Sudamérica. Aunque plenamente legal bajo el marco legal peruano, el fallo permitió que Cosco Shipping —una empresa estatal china— operara infraestructura crítica con una supervisión estatal significativamente reducida.
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El episodio demostró cómo Pekín puede utilizar mecanismos de inversión privada para obtener influencia sobre activos estratégicos sin confrontar directamente la soberanía de los Estados. No es un precedente especialmente tranquilizador para un proyecto como el cable submarino chileno.
En conclusión. Chile puede haber decidido no avanzar con este proyecto en particular, pero el dilema subyacente no desaparecerá.
- China sigue siendo demasiado importante económicamente como para ignorarla, mientras que EE. UU. sigue siendo demasiado importante estratégicamente como para alienarlo.
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Cada vez más países latinoamericanos tendrán que navegar esa misma tensión y el desafío no será escoger entre uno u otro.
La crisis diplomática que estalló entre Chile y EE. UU. por un cable submarino hacia China trata de mucho más que de telecomunicaciones.
En perspectiva. A primera vista, la disputa parece técnica: un desacuerdo sobre infraestructura, permisos regulatorios e intereses comerciales en competencia.
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En realidad, revela cómo la competencia entre Washington y Pekín se libra cada vez más a través de los sistemas invisibles que sostienen la economía global.
SUSCRÍBASE A NUESTRO NEWSLETTER DE POLÍTICA - La controversia surgió durante la transición presidencial chilena, después de que Washington revocara las visas de varios funcionarios vinculados al proyecto Chile-China Express, un cable submarino de 20 000 km que conectaría directamente Valparaíso con Hong Kong.
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La decisión provocó una confrontación política entre la administración saliente de Gabriel Boric y el gobierno entrante de José Antonio Kast, quien terminó tomando distancia de la iniciativa y, en la práctica, enterrándola antes de asumir el cargo.
Cómo funciona. Para entender por qué la reacción fue tan fuerte, primero hay que entender qué son realmente los cables submarinos. No son simplemente infraestructura de comunicaciones; son la columna vertebral de la economía digital. Cerca del 95 % del tráfico mundial de internet circula a través de ellos. Transacciones financieras, servicios en la nube, sistemas de inteligencia artificial, comunicaciones militares y la actividad cotidiana en internet dependen de redes que recorren el fondo de los océanos.
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Para Chile, el atractivo era evidente. Una conexión directa con Asia reduciría la latencia, disminuiría costos y reforzaría la aspiración histórica del país de convertirse en la principal puerta digital de Sudamérica hacia el Pacífico.
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El proyecto también ofrecía beneficios económicos significativos. China ya es el principal socio comercial de Chile, absorbiendo alrededor del 40 % de sus exportaciones, y una conexión digital directa habría profundizado aún más esos vínculos.
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Más importante aún, podría haber convertido a Chile en un centro regional para centros de datos, infraestructura de inteligencia artificial, empresas fintech y servicios digitales. Sin embargo, esa lógica económica chocó directamente con los intereses de seguridad de Washington.
Por qué importa. El problema nunca fue realmente el cable. China ya participa en numerosos proyectos de cables submarinos alrededor del mundo, incluidos varios que conectan países aliados de EE. UU. La verdadera preocupación radica en quién controla los sistemas que administran el tráfico que circula por esas redes. Bajo la propuesta del Chile-China Express, empresas chinas habrían operado tanto la infraestructura como el software encargado de gestionar las comunicaciones del lado chileno del proyecto.
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Para EE. UU., esa diferencia es fundamental. Las empresas chinas están legalmente obligadas a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado cuando Pekín lo solicita.
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Eso transforma lo que podría parecer un simple proyecto comercial en un asunto potencial de seguridad nacional. Y la preocupación no es meramente teórica. China ya ha mostrado de qué es capaz en este tipo de proyectos.
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Las revelaciones de 2018 sobre la transferencia de datos desde la sede de la Unión Africana en Adís Abeba hacia servidores en Shanghái siguen siendo uno de los ejemplos más citados de los riesgos asociados con infraestructura digital controlada por empresas chinas.
Entre líneas. La controversia del cable también refleja una realidad más amplia que trasciende a Chile. Durante la última década, la presencia económica de China en Latinoamérica se ha expandido de manera constante hacia sectores que muchos gobiernos consideran cada vez más estratégicos —puertos, redes de transmisión eléctrica, proyectos mineros e infraestructura de telecomunicaciones—. El puerto de Chancay, en Perú, es quizás el ejemplo más claro de esta tendencia.
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A principios de 2026, un tribunal peruano resolvió que Ositrán, el regulador nacional, no podía supervisar ni inspeccionar el puerto de Chancay debido a que la infraestructura había sido financiada y desarrollada como un proyecto privado, y no mediante una concesión estatal tradicional.
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La decisión eliminó, en la práctica, la supervisión ordinaria del gobierno sobre lo que hoy es el proyecto portuario más importante de Sudamérica. Aunque plenamente legal bajo el marco legal peruano, el fallo permitió que Cosco Shipping —una empresa estatal china— operara infraestructura crítica con una supervisión estatal significativamente reducida.
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El episodio demostró cómo Pekín puede utilizar mecanismos de inversión privada para obtener influencia sobre activos estratégicos sin confrontar directamente la soberanía de los Estados. No es un precedente especialmente tranquilizador para un proyecto como el cable submarino chileno.
En conclusión. Chile puede haber decidido no avanzar con este proyecto en particular, pero el dilema subyacente no desaparecerá.
- China sigue siendo demasiado importante económicamente como para ignorarla, mientras que EE. UU. sigue siendo demasiado importante estratégicamente como para alienarlo.
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Cada vez más países latinoamericanos tendrán que navegar esa misma tensión y el desafío no será escoger entre uno u otro.
