EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El 13 de octubre debe asumir un nuevo contralor general de cuentas, y conviene fijar desde ya dónde queda la responsabilidad. La comisión de postulación no elige: propone. Su trabajo termina con una nómina de seis nombres que debe entregar al Congreso a más tardar el 22 de septiembre. Ahí deciden los diputados; cuando menos 81 de ellos.
Dicho eso, la postuladora define el terreno de juego. Los 27 comisionados están presididos por Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, electo por unanimidad en el Foro de Rectores. Pero el arranque no fue neutral: organizaciones de observación identifican tres corrientes internas y advierten que bloques vinculados al rector de la Usac,
Walter Mazariegos, y otro cercano a la actual cúpula de la CGC podrían terminar negociando entre sí. Además, dos amparos contra la participación de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana siguen sin resolverse en la Corte de Constitucionalidad.
Son señalamientos, no sentencias; por eso mismo el procedimiento importa más que las intenciones declaradas. Una “terna de seis” bien integrada le entrega al pleno opciones defendibles. La decisión es, obviamente, política. Eso es particularmente relevante en un año preelectoral.
Hay que reconocer lo hecho bien. El perfil se aprobó por unanimidad y exige lo que otros procesos omitieron: registro ante la IVE y la SAT, constancia del TSE de no afiliación partidaria, declaración jurada de no haber trabajado para estructuras criminales —por inverosímil que sea— y cartas de recomendación que respalden la honorabilidad.
Las tachas anónimas quedaron descartadas y se fijaron fechas para señalamientos y descargos. La comisión también acordó, con 18 votos, escuchar a organizaciones de la sociedad civil. Falta lo decisivo: la tabla de gradación, que el propio Cortés califica como el punto crítico del proceso. Un perfil severo con una tabla blanda es una promesa vacía.
La historia reciente explica la desconfianza, y no toda apunta a los comisionados. En 2014, la postuladora necesitó diez rondas de votación y entregó la nómina hasta el 3 de diciembre; el Congreso eligió a Carlos Mencos el 20 de enero de 2015, tres meses tarde.
En 2018 la CC ordenó repetir la convocatoria porque el Legislativo omitió a un colegio profesional; los observadores denunciaron opacidad, trabajo por grupos y una tabla defectuosa, pero fue el hemiciclo el que dejó pasar casi seis meses hasta elegir a Edwin Salazar en abril de 2019, en medio de acusaciones —no probadas— de compra de votos por GTQ 100 000. En 2022, la institución quedó en manos interinas del subcontralor de probidad, que era a la vez aspirante y estaba señalado por la sociedad civil, antes de que el pleno votara por Frank Bode.
La lección es una sola: el atraso no es un accidente logístico; pareciese ser el método. Cada mes perdido traslada la decisión de los méritos a la negociación política y recorta el mandato de quien llegue. A eso se suman la tentación de abaratar los instrumentos de evaluación y la resistencia a razonar los votos en público, que ya asomó en la primera sesión de la comisión y que en el Congreso ni siquiera se discute.
Nada de esto sería tan grave si se tratara solo de auditar el gasto. Pero el contralor emite el finiquito, requisito indispensable para inscribirse como candidato en 2027. Quien dirija la CGC podrá, en los hechos, habilitar o inhabilitar aspirantes. Un contralor complaciente con unos y severo con otros no fiscaliza: arbitra la elección. Los comisionados deben entregar una nómina que no obligue a escoger entre malos. Los diputados deben elegir a tiempo, de cara al país y sabiendo que el nombre que voten será suyo, no de la postuladora.
El 13 de octubre debe asumir un nuevo contralor general de cuentas, y conviene fijar desde ya dónde queda la responsabilidad. La comisión de postulación no elige: propone. Su trabajo termina con una nómina de seis nombres que debe entregar al Congreso a más tardar el 22 de septiembre. Ahí deciden los diputados; cuando menos 81 de ellos.
Dicho eso, la postuladora define el terreno de juego. Los 27 comisionados están presididos por Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, electo por unanimidad en el Foro de Rectores. Pero el arranque no fue neutral: organizaciones de observación identifican tres corrientes internas y advierten que bloques vinculados al rector de la Usac,
Walter Mazariegos, y otro cercano a la actual cúpula de la CGC podrían terminar negociando entre sí. Además, dos amparos contra la participación de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana siguen sin resolverse en la Corte de Constitucionalidad.
Son señalamientos, no sentencias; por eso mismo el procedimiento importa más que las intenciones declaradas. Una “terna de seis” bien integrada le entrega al pleno opciones defendibles. La decisión es, obviamente, política. Eso es particularmente relevante en un año preelectoral.
Hay que reconocer lo hecho bien. El perfil se aprobó por unanimidad y exige lo que otros procesos omitieron: registro ante la IVE y la SAT, constancia del TSE de no afiliación partidaria, declaración jurada de no haber trabajado para estructuras criminales —por inverosímil que sea— y cartas de recomendación que respalden la honorabilidad.
Las tachas anónimas quedaron descartadas y se fijaron fechas para señalamientos y descargos. La comisión también acordó, con 18 votos, escuchar a organizaciones de la sociedad civil. Falta lo decisivo: la tabla de gradación, que el propio Cortés califica como el punto crítico del proceso. Un perfil severo con una tabla blanda es una promesa vacía.
La historia reciente explica la desconfianza, y no toda apunta a los comisionados. En 2014, la postuladora necesitó diez rondas de votación y entregó la nómina hasta el 3 de diciembre; el Congreso eligió a Carlos Mencos el 20 de enero de 2015, tres meses tarde.
En 2018 la CC ordenó repetir la convocatoria porque el Legislativo omitió a un colegio profesional; los observadores denunciaron opacidad, trabajo por grupos y una tabla defectuosa, pero fue el hemiciclo el que dejó pasar casi seis meses hasta elegir a Edwin Salazar en abril de 2019, en medio de acusaciones —no probadas— de compra de votos por GTQ 100 000. En 2022, la institución quedó en manos interinas del subcontralor de probidad, que era a la vez aspirante y estaba señalado por la sociedad civil, antes de que el pleno votara por Frank Bode.
La lección es una sola: el atraso no es un accidente logístico; pareciese ser el método. Cada mes perdido traslada la decisión de los méritos a la negociación política y recorta el mandato de quien llegue. A eso se suman la tentación de abaratar los instrumentos de evaluación y la resistencia a razonar los votos en público, que ya asomó en la primera sesión de la comisión y que en el Congreso ni siquiera se discute.
Nada de esto sería tan grave si se tratara solo de auditar el gasto. Pero el contralor emite el finiquito, requisito indispensable para inscribirse como candidato en 2027. Quien dirija la CGC podrá, en los hechos, habilitar o inhabilitar aspirantes. Un contralor complaciente con unos y severo con otros no fiscaliza: arbitra la elección. Los comisionados deben entregar una nómina que no obligue a escoger entre malos. Los diputados deben elegir a tiempo, de cara al país y sabiendo que el nombre que voten será suyo, no de la postuladora.
