EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La compuerta al dinero de la narcopolítica
La credibilidad de la supervisión bancaria y la autoridad monetaria depende de su independencia, no del gobierno de turno.
La Junta Monetaria integró ayer, miércoles, la terna de la que el presidente Bernardo Arévalo elegirá al superintendente de Bancos para 2026-2030; el presidente tiene días, no meses.
Dígase sin eufemismos: no es un trámite. La Superintendencia de Bancos alberga a la Intendencia de Verificación Especial, la unidad de inteligencia financiera del país. Quien dirija la SIB opera la compuerta por la que el dinero ilícito entra —o no— al sistema financiero y, desde ahí, a la política.
Los números fríos son: en 2025 la IVE denunció ante el Ministerio Público operaciones por GTQ 15 967.2M, casi el doble de los GTQ 9133.3M de 2024 y de los GTQ 8203.4M de 2023. De enero de 2024 a abril de 2026 el acumulado ronda GTQ 36 055M y 7894 casos señalados.
En el primer semestre de este año ingresaron 3030 reportes de transacciones sospechosas. Añádase el calendario: el Decreto 15-2026 cobra vigencia este mes y su reglamento sigue pendiente; en 2027, el GAFI y el Gafilat evaluarán al país. La lista gris ya no es una hipótesis remota.
Washington tampoco disimula. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, firmó el 1 de julio la certificación que habilita a Guatemala el 50 % de la asistencia estadounidense, entre cuyas condiciones figuran las estrategias antilavado y la transparencia en el financiamiento de campañas.
En agosto, la Embajada advirtió, con 2027 en la mira, “cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política”. Semanas antes, magistrados del TSE escucharon en Washington la misma inquietud por el financiamiento electoral ilícito. Y Marco Rubio ya lo había dicho aquí, junto a Arévalo: estas estructuras generan una metástasis institucional.
El perfil, entonces, no admite ambigüedad. Se requiere un supervisor técnico, sin deudas políticas y con historial verificable de cooperación con organismos supranacionales y contrapartes extranjeras. Alguien que sepa —y quiera— compartir inteligencia financiera con quienes persiguen ese dinero fuera de nuestras fronteras. Todo lo demás es subalterno.
Falta la otra mitad. Este mismo mes, Arévalo debe designar al presidente del Banco de Guatemala, que preside además la Junta Monetaria. Ahí no hay terna, ni concurso, ni mayoría calificada: hay discrecionalidad pura. Se menciona como una posibilidad al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, cuadro de Semilla.
Advertimos sobre la señal; nombrar a un técnico en la SIB y a un operador partidario en el Banguat neutraliza lo primero con lo segundo. La supervisión bancaria y la autoridad monetaria no son cuotas del gobierno de turno: son instituciones de la República, y su independencia es lo que las hace creíbles.
Arévalo llegó prometiendo que el Estado dejaría de ser botín. Tiene ahora dos nombramientos para demostrarlo. La primera se juzgará ahora; la segunda, en 2027, cuando sepamos con qué dinero se financiaron las campañas. Para entonces será demasiado tarde. La advertencia, ahora, es más que oportuna.
Las compuertas rara vez se abren de golpe. Se abren por descuido. O por dejadez.
La compuerta al dinero de la narcopolítica
La credibilidad de la supervisión bancaria y la autoridad monetaria depende de su independencia, no del gobierno de turno.
La Junta Monetaria integró ayer, miércoles, la terna de la que el presidente Bernardo Arévalo elegirá al superintendente de Bancos para 2026-2030; el presidente tiene días, no meses.
Dígase sin eufemismos: no es un trámite. La Superintendencia de Bancos alberga a la Intendencia de Verificación Especial, la unidad de inteligencia financiera del país. Quien dirija la SIB opera la compuerta por la que el dinero ilícito entra —o no— al sistema financiero y, desde ahí, a la política.
Los números fríos son: en 2025 la IVE denunció ante el Ministerio Público operaciones por GTQ 15 967.2M, casi el doble de los GTQ 9133.3M de 2024 y de los GTQ 8203.4M de 2023. De enero de 2024 a abril de 2026 el acumulado ronda GTQ 36 055M y 7894 casos señalados.
En el primer semestre de este año ingresaron 3030 reportes de transacciones sospechosas. Añádase el calendario: el Decreto 15-2026 cobra vigencia este mes y su reglamento sigue pendiente; en 2027, el GAFI y el Gafilat evaluarán al país. La lista gris ya no es una hipótesis remota.
Washington tampoco disimula. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, firmó el 1 de julio la certificación que habilita a Guatemala el 50 % de la asistencia estadounidense, entre cuyas condiciones figuran las estrategias antilavado y la transparencia en el financiamiento de campañas.
En agosto, la Embajada advirtió, con 2027 en la mira, “cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política”. Semanas antes, magistrados del TSE escucharon en Washington la misma inquietud por el financiamiento electoral ilícito. Y Marco Rubio ya lo había dicho aquí, junto a Arévalo: estas estructuras generan una metástasis institucional.
El perfil, entonces, no admite ambigüedad. Se requiere un supervisor técnico, sin deudas políticas y con historial verificable de cooperación con organismos supranacionales y contrapartes extranjeras. Alguien que sepa —y quiera— compartir inteligencia financiera con quienes persiguen ese dinero fuera de nuestras fronteras. Todo lo demás es subalterno.
Falta la otra mitad. Este mismo mes, Arévalo debe designar al presidente del Banco de Guatemala, que preside además la Junta Monetaria. Ahí no hay terna, ni concurso, ni mayoría calificada: hay discrecionalidad pura. Se menciona como una posibilidad al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, cuadro de Semilla.
Advertimos sobre la señal; nombrar a un técnico en la SIB y a un operador partidario en el Banguat neutraliza lo primero con lo segundo. La supervisión bancaria y la autoridad monetaria no son cuotas del gobierno de turno: son instituciones de la República, y su independencia es lo que las hace creíbles.
Arévalo llegó prometiendo que el Estado dejaría de ser botín. Tiene ahora dos nombramientos para demostrarlo. La primera se juzgará ahora; la segunda, en 2027, cuando sepamos con qué dinero se financiaron las campañas. Para entonces será demasiado tarde. La advertencia, ahora, es más que oportuna.
Las compuertas rara vez se abren de golpe. Se abren por descuido. O por dejadez.
