EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Cicig se fue como vino: con muchas dudas y deudas
Durante doce años, la CICIG le exigió a las instituciones guatemaltecas una rendición de cuentas que jamás se aplicó a sí misma.
Casi siete años después del 3 de septiembre de 2019 —la salida definitiva de CICIG—, la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde están sus archivos?
No hablamos de los informes de cierre, disponibles en línea para quien quiera leerlos. Hablamos de lo otro: de las denuncias que los ciudadanos entregaron con documentación anexa, confiando en que servirían para algo. De las investigaciones abiertas que nunca llegaron a un juzgado. De las actas de entrega firmadas con la FECI, entonces bajo Juan Francisco Sandoval. Ese acervo no era de la Comisión: era de quienes lo aportaron y del país.
La opacidad no empezó con la salida. Durante doce años, la CICIG le exigió a las instituciones guatemaltecas una rendición de cuentas que jamás se aplicó a sí misma. ¿Qué ocurrió con los procesos disciplinarios internos abiertos por conductas de sus propios investigadores? No existe un solo expediente público. Ni uno.
Tampoco se explicó nunca por qué Luz Adriana Camargo dejó la jefatura de Investigación y Litigio en 2017, ni bajo qué criterio se decidió quién ejecutaría el desmontaje. En los documentos figura Amerigo Incalcaterra. En los hechos, el cierre lo operaron otros. José Reyes Rodríguez dirige hoy la Justicia Penal Militar en Colombia. Camargo es fiscal general. Sandoval sigue huyendo de la justicia que tanto dijo proteger.
Cada uno siguió su camino. Los archivos, ausentes.
Guatemala tiene derecho a saber qué se llevaron, qué dejaron y quién firmó el traspaso. Y que hoy formulen esa pregunta quienes desmantelaron la justicia no la vuelve menos legítima: la vuelve más urgente.
La Cicig se fue como vino: con muchas dudas y deudas
Durante doce años, la CICIG le exigió a las instituciones guatemaltecas una rendición de cuentas que jamás se aplicó a sí misma.
Casi siete años después del 3 de septiembre de 2019 —la salida definitiva de CICIG—, la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde están sus archivos?
No hablamos de los informes de cierre, disponibles en línea para quien quiera leerlos. Hablamos de lo otro: de las denuncias que los ciudadanos entregaron con documentación anexa, confiando en que servirían para algo. De las investigaciones abiertas que nunca llegaron a un juzgado. De las actas de entrega firmadas con la FECI, entonces bajo Juan Francisco Sandoval. Ese acervo no era de la Comisión: era de quienes lo aportaron y del país.
La opacidad no empezó con la salida. Durante doce años, la CICIG le exigió a las instituciones guatemaltecas una rendición de cuentas que jamás se aplicó a sí misma. ¿Qué ocurrió con los procesos disciplinarios internos abiertos por conductas de sus propios investigadores? No existe un solo expediente público. Ni uno.
Tampoco se explicó nunca por qué Luz Adriana Camargo dejó la jefatura de Investigación y Litigio en 2017, ni bajo qué criterio se decidió quién ejecutaría el desmontaje. En los documentos figura Amerigo Incalcaterra. En los hechos, el cierre lo operaron otros. José Reyes Rodríguez dirige hoy la Justicia Penal Militar en Colombia. Camargo es fiscal general. Sandoval sigue huyendo de la justicia que tanto dijo proteger.
Cada uno siguió su camino. Los archivos, ausentes.
Guatemala tiene derecho a saber qué se llevaron, qué dejaron y quién firmó el traspaso. Y que hoy formulen esa pregunta quienes desmantelaron la justicia no la vuelve menos legítima: la vuelve más urgente.
