Se abre el telón para conocer los nombres de quienes podrían ocupar el cargo de fiscal general de Guatemala, en un proceso que cada cuatro años vuelve a poner a prueba la credibilidad del sistema de justicia.
Qué destacar. Desde hoy, la Comisión de Postulación recibirá expedientes en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Con ello se inicia una etapa que históricamente ha estado marcada por tensiones, opacidad y disputas de poder.
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Este cuerpo evaluador deberá conformar una nómina de seis candidatos para remitirla al presidente, como lo manda la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. El plazo es estricto: la lista debe enviarse quince días antes de que concluya el período de la actual fiscal general.
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La elección cobra mayor relevancia porque permitirá al presidente Bernardo Arévalo designar a quien sustituya a Consuelo Porras, un relevo que él manifestó desear desde que asumió el cargo, aunque en su momento no pudo concretarse debido a reformas legales aprobadas en 2016 con nombre y apellido: Thelma Aldana.
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Conforme vayan surgiendo los nombres de los aspirantes, también se multiplicarán las interpretaciones sobre quiénes tienen posibilidades reales de avanzar hacia la nómina final. En este contexto, la transparencia, la independencia y la integridad del proceso serán decisivas para evitar que la selección se reduzca a un simple trámite, especialmente en un escenario donde podría parecer anticipado —o incluso evidente— cuál abogado resultará elegido.
Lo que sigue. Este lunes, la Secretaría General de la Presidencia iniciará la recepción de expedientes de aspirantes a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026‑2031, en una designación que recae en el jefe del Ejecutivo en Consejo de Ministros.
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Esto ocurre mientras avanza la integración del tribunal: el 12 de febrero fueron electos por la asamblea del CANG Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, una elección que generó lecturas políticas sobre afinidades con el gobierno del Movimiento Semilla.
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Al igual que en el proceso hacia fiscal general, los expedientes ingresados podrían anticipar qué perfiles tienen mayores posibilidades de avanzar. Ese mapa preliminar alimentará interpretaciones sobre eventuales apuestas del Ejecutivo para la CC.
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Con Lemus y Bermejo, más esta designación, solo quedará amarrar la elección en el Congreso para que el oficialismo y aliados logren el control mayoritario de la CC.
En el radar. A puerta cerrada, el cuestionado Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC elegirá al magistrado titular y al suplente de la CC; será la segunda entidad en designar para el tribunal constitucional.
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Entre quienes presentaron expediente destacan la fiscal general Consuelo Porras y la magistrada presidenta de la CC, Leyla Lemus. La convocatoria fija una sesión extraordinaria en Antigua Guatemala, lo que refuerza la premura y la opacidad del proceso.
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Las acciones legales contra la señalada conformación del CSU no han prosperado, incluso ante resoluciones de la propia Corte de Constitucionalidad. Ese telón jurídico ha consolidado un escenario de hechos consumados, pese a los cuestionamientos sobre legitimidad.
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La elección del CSU incidirá en el equilibrio interno de la CC para el período 2026-2031. Con perfiles de alto perfil en la contienda, el desenlace puede reconfigurar correlaciones de poder antes de completarse las demás designaciones.
Ecos regionales. Los presidentes centroamericanos invitados por Donald Trump a la cumbre en Miami son Nayib Bukele de El Salvador y Nasry Asfura de Honduras. Ambos forman parte del grupo de seis mandatarios alineados con la agenda geopolítica de Washington.
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La reunión busca reforzar la estrategia estadounidense frente a la influencia china en la región. Su participación destaca por la cooperación en seguridad, migración y afinidad política con la administración Trump.
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Nicaragua restableció el requisito de visa para 128 países —incluidos aliados como China, Cuba y Venezuela— en respuesta a presiones de EE. UU. por el uso del país como ruta migratoria. La medida es un intento del régimen Ortega‑Murillo de alinearse parcialmente con Washington sin admitirlo públicamente.
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Esta semana, la presidenta electa Laura Fernández se enfoca en la transición desde su nuevo rol como Ministra de la Presidencia de Costa Rica. Se enfoca en el escrutinio final de diputados y la definición de su próximo gabinete de gobierno.
Se abre el telón para conocer los nombres de quienes podrían ocupar el cargo de fiscal general de Guatemala, en un proceso que cada cuatro años vuelve a poner a prueba la credibilidad del sistema de justicia.
Qué destacar. Desde hoy, la Comisión de Postulación recibirá expedientes en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Con ello se inicia una etapa que históricamente ha estado marcada por tensiones, opacidad y disputas de poder.
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Este cuerpo evaluador deberá conformar una nómina de seis candidatos para remitirla al presidente, como lo manda la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. El plazo es estricto: la lista debe enviarse quince días antes de que concluya el período de la actual fiscal general.
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La elección cobra mayor relevancia porque permitirá al presidente Bernardo Arévalo designar a quien sustituya a Consuelo Porras, un relevo que él manifestó desear desde que asumió el cargo, aunque en su momento no pudo concretarse debido a reformas legales aprobadas en 2016 con nombre y apellido: Thelma Aldana.
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Conforme vayan surgiendo los nombres de los aspirantes, también se multiplicarán las interpretaciones sobre quiénes tienen posibilidades reales de avanzar hacia la nómina final. En este contexto, la transparencia, la independencia y la integridad del proceso serán decisivas para evitar que la selección se reduzca a un simple trámite, especialmente en un escenario donde podría parecer anticipado —o incluso evidente— cuál abogado resultará elegido.
Lo que sigue. Este lunes, la Secretaría General de la Presidencia iniciará la recepción de expedientes de aspirantes a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026‑2031, en una designación que recae en el jefe del Ejecutivo en Consejo de Ministros.
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Esto ocurre mientras avanza la integración del tribunal: el 12 de febrero fueron electos por la asamblea del CANG Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, una elección que generó lecturas políticas sobre afinidades con el gobierno del Movimiento Semilla.
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Al igual que en el proceso hacia fiscal general, los expedientes ingresados podrían anticipar qué perfiles tienen mayores posibilidades de avanzar. Ese mapa preliminar alimentará interpretaciones sobre eventuales apuestas del Ejecutivo para la CC.
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Con Lemus y Bermejo, más esta designación, solo quedará amarrar la elección en el Congreso para que el oficialismo y aliados logren el control mayoritario de la CC.
En el radar. A puerta cerrada, el cuestionado Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC elegirá al magistrado titular y al suplente de la CC; será la segunda entidad en designar para el tribunal constitucional.
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Entre quienes presentaron expediente destacan la fiscal general Consuelo Porras y la magistrada presidenta de la CC, Leyla Lemus. La convocatoria fija una sesión extraordinaria en Antigua Guatemala, lo que refuerza la premura y la opacidad del proceso.
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Las acciones legales contra la señalada conformación del CSU no han prosperado, incluso ante resoluciones de la propia Corte de Constitucionalidad. Ese telón jurídico ha consolidado un escenario de hechos consumados, pese a los cuestionamientos sobre legitimidad.
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La elección del CSU incidirá en el equilibrio interno de la CC para el período 2026-2031. Con perfiles de alto perfil en la contienda, el desenlace puede reconfigurar correlaciones de poder antes de completarse las demás designaciones.
Ecos regionales. Los presidentes centroamericanos invitados por Donald Trump a la cumbre en Miami son Nayib Bukele de El Salvador y Nasry Asfura de Honduras. Ambos forman parte del grupo de seis mandatarios alineados con la agenda geopolítica de Washington.
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La reunión busca reforzar la estrategia estadounidense frente a la influencia china en la región. Su participación destaca por la cooperación en seguridad, migración y afinidad política con la administración Trump.
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Nicaragua restableció el requisito de visa para 128 países —incluidos aliados como China, Cuba y Venezuela— en respuesta a presiones de EE. UU. por el uso del país como ruta migratoria. La medida es un intento del régimen Ortega‑Murillo de alinearse parcialmente con Washington sin admitirlo públicamente.
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Esta semana, la presidenta electa Laura Fernández se enfoca en la transición desde su nuevo rol como Ministra de la Presidencia de Costa Rica. Se enfoca en el escrutinio final de diputados y la definición de su próximo gabinete de gobierno.