EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Julio Flores: “Es necesario un marco normativo y capacidades institucionales para luchar coordinadamente contra la corrupción”
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, reflexiona sobre los esfuerzos del gobierno para combatir este flagelo y las profundas reformas necesarias para combatir la corrupción en Guatemala.
En una entrevista con República, mencionó los avances y retos en la lucha contra la corrupción.
Ha sido parte de la Comisión contra la Corrupción en dos gobiernos. ¿Qué diferencia —aparte del nombre— tiene esta Comisión con la que instauró el expresidente Alejandro Giammattei?
— La Comisión Nacional contra la Corrupción es la respuesta institucional al compromiso del Gobierno Arévalo-Herrera para llevar a cabo acciones anticorrupción. Su principal función es implementar políticas y promover reformas normativas para las instituciones del Organismo Ejecutivo para prevenir, detectar y denunciar la corrupción. El propósito es implementar una cultura de integridad y trasparencia en la administración pública.
En cuanto a las diferencias, es pertinente mencionar que la Comisión anterior incluía competencias de recibir alertas de corrupción y llevar a cabo averiguaciones de carácter administrativo para determinar la necesidad de presentar denuncias ante las instituciones competentes. Ahora el enfoque es esencialmente preventivo, integral y de largo plazo, tal como lo recomiendan experiencias comparadas exitosas.
Durante el gobierno de Giammattei se decía que en esa Comisión se seleccionaban los casos a los cuales se les prestaba atención, ¿se puede afirmar que solo se atendían casos a discreción del anterior director?, ¿cómo cambió eso en la gestión actual?
— En el rol que me correspondió en la anterior Comisión, puedo asegurarle que el papel técnico que desempeñé desde la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública lo realicé de manera imparcial y objetiva.
Ahora, la función de denunciar casos de corrupción no corresponde a la Comisión Nacional contra la Corrupción, sino que, de manera descentralizada, se realiza por parte de cada instancia de probidad y auditorías internas, lo que ha generado la presentación de más de 198 casos de corrupción en estos meses de gobierno.
¿Siguen los casos de corrupción en este gobierno? ¿Cómo se justifica este comportamiento?
— La corrupción sigue siendo un fenómeno estructural en Guatemala, agravado por el deterioro de la administración pública a lo largo de las décadas. Este problema afecta a las instituciones públicas a todo nivel, lo cual genera que su control se vuelva complejo.
Por lo tanto, la lucha contra la corrupción se fundamenta en medidas integrales y a largo plazo, como el fortalecimiento de los órganos de control interno, la implementación de programas de formación, rendición de cuentas, participación ciudadana y, entre otros, la emisión de normativa anticorrupción como el Código de Ética.
En las administraciones anteriores se careció de voluntad para implementar medidas correctivas; sin embargo, ahora el compromiso gubernamental por la transparencia es total y se puede evidenciar en acciones concretas. El Organismo Ejecutivo está utilizando todas sus competencias legales para denunciar los casos de corrupción que se detectan. Hasta el momento, se han presentado más de 198 denuncias por indicios de corrupción.
¿Es posible detener la corrupción? ¿Cómo se puede revertir este mal?
— Desde la Comisión continuamos trabajando para robustecer las capacidades de las entidades. En particular, es necesario mencionar la implementación de los Sistemas de Integridad, los cuales se harán mediante un Acuerdo Gubernativo. Estos sistemas serán fundamentales para dotar de procedimientos y fortalecer controles que reduzcan los riesgos de corrupción.
Además, las Oficinas de Asuntos de Probidad promueven prácticas de integridad, trasparencia y prevención, y sus titulares, integrados en la Red de Integridad, reciben capacitación constante en materia de prevención de la corrupción y cultura de integridad. También, desde el área de Mecanismos de Prevención, se ha capacitado a más de 1150 funcionarios públicos, promoviendo conceptos claves de ética y trasparencia. Por su parte, el área de Fortalecimiento de Mecanismos de Detección y Denuncia Institucional acompaña a las entidades para contar con mejores procedimientos para identificar riesgos de corrupción y denunciarlos.
Este proceso integral incluye coordinación con otras instituciones del Ejecutivo, involucramiento de la ciudadanía, y que será evaluado y monitoreado continuamente.
Siempre se cuestiona a estas comisiones que son dirigidas por el gobierno. ¿Cómo enfrentar ese reto de investigar al que lo nombra?
— En el caso de la Comisión, no lleva a cabo investigaciones. Como funcionarios públicos llevamos a cabo un trabajo técnico, estamos sujetos al escrutinio de la población y a la rendición de cuentas. Los cuestionamientos son necesarios y parte de la labor. Mientras se actúe con legitimidad, cumpliendo con la ley y con trasparencia, es posible llevar a cabo las funciones de la institución para cumplir y servirle a la población.
A este gobierno le quedan tres años de administración, ¿cuál es la meta que usted se plantea al final de su gestión?
— El gran objetivo de la CNC es establecer un Sistema Nacional Anticorrupción y devolver el sentido ético al ejercicio de la función pública. Significa contar con el marco normativo, la institucionalidad y las capacidades para luchar contra la corrupción de manera coordinada en el Estado por parte de todas las entidades involucradas.
Actualmente, como Comisión, estamos en la fase de generación de condiciones y diseño que ya conducen a ese Sistema en el Organismo Ejecutivo. En tres años confiamos en avanzar hacia una cultura de integridad y trasparencia en la administración pública, donde haya aún menos espacio para la opacidad.
Julio Flores: “Es necesario un marco normativo y capacidades institucionales para luchar coordinadamente contra la corrupción”
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, reflexiona sobre los esfuerzos del gobierno para combatir este flagelo y las profundas reformas necesarias para combatir la corrupción en Guatemala.
En una entrevista con República, mencionó los avances y retos en la lucha contra la corrupción.
Ha sido parte de la Comisión contra la Corrupción en dos gobiernos. ¿Qué diferencia —aparte del nombre— tiene esta Comisión con la que instauró el expresidente Alejandro Giammattei?
— La Comisión Nacional contra la Corrupción es la respuesta institucional al compromiso del Gobierno Arévalo-Herrera para llevar a cabo acciones anticorrupción. Su principal función es implementar políticas y promover reformas normativas para las instituciones del Organismo Ejecutivo para prevenir, detectar y denunciar la corrupción. El propósito es implementar una cultura de integridad y trasparencia en la administración pública.
En cuanto a las diferencias, es pertinente mencionar que la Comisión anterior incluía competencias de recibir alertas de corrupción y llevar a cabo averiguaciones de carácter administrativo para determinar la necesidad de presentar denuncias ante las instituciones competentes. Ahora el enfoque es esencialmente preventivo, integral y de largo plazo, tal como lo recomiendan experiencias comparadas exitosas.
Durante el gobierno de Giammattei se decía que en esa Comisión se seleccionaban los casos a los cuales se les prestaba atención, ¿se puede afirmar que solo se atendían casos a discreción del anterior director?, ¿cómo cambió eso en la gestión actual?
— En el rol que me correspondió en la anterior Comisión, puedo asegurarle que el papel técnico que desempeñé desde la Dirección de Rendición de Cuentas e Información Pública lo realicé de manera imparcial y objetiva.
Ahora, la función de denunciar casos de corrupción no corresponde a la Comisión Nacional contra la Corrupción, sino que, de manera descentralizada, se realiza por parte de cada instancia de probidad y auditorías internas, lo que ha generado la presentación de más de 198 casos de corrupción en estos meses de gobierno.
¿Siguen los casos de corrupción en este gobierno? ¿Cómo se justifica este comportamiento?
— La corrupción sigue siendo un fenómeno estructural en Guatemala, agravado por el deterioro de la administración pública a lo largo de las décadas. Este problema afecta a las instituciones públicas a todo nivel, lo cual genera que su control se vuelva complejo.
Por lo tanto, la lucha contra la corrupción se fundamenta en medidas integrales y a largo plazo, como el fortalecimiento de los órganos de control interno, la implementación de programas de formación, rendición de cuentas, participación ciudadana y, entre otros, la emisión de normativa anticorrupción como el Código de Ética.
En las administraciones anteriores se careció de voluntad para implementar medidas correctivas; sin embargo, ahora el compromiso gubernamental por la transparencia es total y se puede evidenciar en acciones concretas. El Organismo Ejecutivo está utilizando todas sus competencias legales para denunciar los casos de corrupción que se detectan. Hasta el momento, se han presentado más de 198 denuncias por indicios de corrupción.
¿Es posible detener la corrupción? ¿Cómo se puede revertir este mal?
— Desde la Comisión continuamos trabajando para robustecer las capacidades de las entidades. En particular, es necesario mencionar la implementación de los Sistemas de Integridad, los cuales se harán mediante un Acuerdo Gubernativo. Estos sistemas serán fundamentales para dotar de procedimientos y fortalecer controles que reduzcan los riesgos de corrupción.
Además, las Oficinas de Asuntos de Probidad promueven prácticas de integridad, trasparencia y prevención, y sus titulares, integrados en la Red de Integridad, reciben capacitación constante en materia de prevención de la corrupción y cultura de integridad. También, desde el área de Mecanismos de Prevención, se ha capacitado a más de 1150 funcionarios públicos, promoviendo conceptos claves de ética y trasparencia. Por su parte, el área de Fortalecimiento de Mecanismos de Detección y Denuncia Institucional acompaña a las entidades para contar con mejores procedimientos para identificar riesgos de corrupción y denunciarlos.
Este proceso integral incluye coordinación con otras instituciones del Ejecutivo, involucramiento de la ciudadanía, y que será evaluado y monitoreado continuamente.
Siempre se cuestiona a estas comisiones que son dirigidas por el gobierno. ¿Cómo enfrentar ese reto de investigar al que lo nombra?
— En el caso de la Comisión, no lleva a cabo investigaciones. Como funcionarios públicos llevamos a cabo un trabajo técnico, estamos sujetos al escrutinio de la población y a la rendición de cuentas. Los cuestionamientos son necesarios y parte de la labor. Mientras se actúe con legitimidad, cumpliendo con la ley y con trasparencia, es posible llevar a cabo las funciones de la institución para cumplir y servirle a la población.
A este gobierno le quedan tres años de administración, ¿cuál es la meta que usted se plantea al final de su gestión?
— El gran objetivo de la CNC es establecer un Sistema Nacional Anticorrupción y devolver el sentido ético al ejercicio de la función pública. Significa contar con el marco normativo, la institucionalidad y las capacidades para luchar contra la corrupción de manera coordinada en el Estado por parte de todas las entidades involucradas.
Actualmente, como Comisión, estamos en la fase de generación de condiciones y diseño que ya conducen a ese Sistema en el Organismo Ejecutivo. En tres años confiamos en avanzar hacia una cultura de integridad y trasparencia en la administración pública, donde haya aún menos espacio para la opacidad.
