EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Ministerio Público (MP) informó que la jueza de Diligencias Urgentes, María Benilda Sandoval Valdez, rechazó las órdenes de aprehensión que la Fiscalía solicitó contra los exfiscales José Rafael Curruchiche Cucul y Ángel Saúl Sánchez Molina, una decisión que la institución cuestionó públicamente al considerar que pone en riesgo el avance de las investigaciones y favorece la impunidad.
Según un comunicado oficial, las pesquisas fueron iniciadas por el MP, bajo la dirección del fiscal general de la República, Gabriel Estuardo García Luna, en ejercicio de la acción penal pública. Sin embargo, la institución no reveló los detalles de los expedientes abiertos contra ambos exfuncionarios, ni los delitos que estarían siendo investigados, por lo que hasta ahora se desconoce el contenido de las acusaciones y los hechos que motivaron la solicitud de captura.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía presentó ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes una petición para que se emitieran órdenes de aprehensión contra Curruchiche y Sánchez. No obstante, el 29 de julio la jueza Sandoval resolvió denegar la solicitud y determinó que ambos deben comparecer al proceso penal por medio de una citación a primera declaración.
La resolución fue emitida pese a que el Ministerio Público argumentó la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad. De acuerdo con la institución, ambos exfiscales podrían influir sobre personal interno del MP debido a los cargos de dirección que desempeñaron durante los últimos años.
Curruchiche ocupó el puesto de jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), una de las dependencias más visibles y controvertidas del Ministerio Público durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras.
Por su parte, Sánchez fungió como jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y anteriormente participó en investigaciones relacionadas con lavado de dinero y otros activos. Ambos fueron considerados funcionarios cercanos a la administración anterior del ente investigador.
El pronunciamiento del Ministerio Público destacó más el cuestionamiento a la decisión judicial que los detalles de las investigaciones. La institución afirmó que, al rechazar las órdenes de aprehensión, la jueza “pone en riesgo la investigación” y abre la posibilidad de que los señalados evadan la justicia antes de comparecer ante un tribunal.
Asimismo, el MP sostuvo que la resolución favorece la impunidad de exfuncionarios que, según su postura, utilizaron sus cargos dentro de la institución para cometer abusos y actuaciones ilícitas. Con ello, el ente investigador lanzó una crítica directa al criterio adoptado por la jueza Sandoval, al considerar que no valoró adecuadamente los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía.
Aunque el Ministerio Público insiste en que existían elementos suficientes para justificar la captura de los exfiscales, hasta el momento no ha hecho públicos los indicios ni la evidencia utilizada para respaldar la solicitud presentada ante el juzgado. Tampoco se conoce si la Fiscalía promoverá recursos legales para revertir la decisión o buscará nuevas medidas dentro del proceso.
El caso ha generado atención debido a que involucra a dos exjefes fiscales que ocuparon puestos clave dentro del Ministerio Público. Sin embargo, el hermetismo que rodea las investigaciones mantiene sin respuesta los principales cuestionamientos sobre los hechos bajo pesquisa. Mientras tanto, la decisión de la jueza Sandoval coloca en el centro del debate el desacuerdo entre el MP y el juzgado, luego de que la institución señalara que la negativa a ordenar las capturas podría comprometer el desarrollo de las investigaciones en curso.
El Ministerio Público (MP) informó que la jueza de Diligencias Urgentes, María Benilda Sandoval Valdez, rechazó las órdenes de aprehensión que la Fiscalía solicitó contra los exfiscales José Rafael Curruchiche Cucul y Ángel Saúl Sánchez Molina, una decisión que la institución cuestionó públicamente al considerar que pone en riesgo el avance de las investigaciones y favorece la impunidad.
Según un comunicado oficial, las pesquisas fueron iniciadas por el MP, bajo la dirección del fiscal general de la República, Gabriel Estuardo García Luna, en ejercicio de la acción penal pública. Sin embargo, la institución no reveló los detalles de los expedientes abiertos contra ambos exfuncionarios, ni los delitos que estarían siendo investigados, por lo que hasta ahora se desconoce el contenido de las acusaciones y los hechos que motivaron la solicitud de captura.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía presentó ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes una petición para que se emitieran órdenes de aprehensión contra Curruchiche y Sánchez. No obstante, el 29 de julio la jueza Sandoval resolvió denegar la solicitud y determinó que ambos deben comparecer al proceso penal por medio de una citación a primera declaración.
La resolución fue emitida pese a que el Ministerio Público argumentó la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad. De acuerdo con la institución, ambos exfiscales podrían influir sobre personal interno del MP debido a los cargos de dirección que desempeñaron durante los últimos años.
Curruchiche ocupó el puesto de jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), una de las dependencias más visibles y controvertidas del Ministerio Público durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras.
Por su parte, Sánchez fungió como jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y anteriormente participó en investigaciones relacionadas con lavado de dinero y otros activos. Ambos fueron considerados funcionarios cercanos a la administración anterior del ente investigador.
El pronunciamiento del Ministerio Público destacó más el cuestionamiento a la decisión judicial que los detalles de las investigaciones. La institución afirmó que, al rechazar las órdenes de aprehensión, la jueza “pone en riesgo la investigación” y abre la posibilidad de que los señalados evadan la justicia antes de comparecer ante un tribunal.
Asimismo, el MP sostuvo que la resolución favorece la impunidad de exfuncionarios que, según su postura, utilizaron sus cargos dentro de la institución para cometer abusos y actuaciones ilícitas. Con ello, el ente investigador lanzó una crítica directa al criterio adoptado por la jueza Sandoval, al considerar que no valoró adecuadamente los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía.
Aunque el Ministerio Público insiste en que existían elementos suficientes para justificar la captura de los exfiscales, hasta el momento no ha hecho públicos los indicios ni la evidencia utilizada para respaldar la solicitud presentada ante el juzgado. Tampoco se conoce si la Fiscalía promoverá recursos legales para revertir la decisión o buscará nuevas medidas dentro del proceso.
El caso ha generado atención debido a que involucra a dos exjefes fiscales que ocuparon puestos clave dentro del Ministerio Público. Sin embargo, el hermetismo que rodea las investigaciones mantiene sin respuesta los principales cuestionamientos sobre los hechos bajo pesquisa. Mientras tanto, la decisión de la jueza Sandoval coloca en el centro del debate el desacuerdo entre el MP y el juzgado, luego de que la institución señalara que la negativa a ordenar las capturas podría comprometer el desarrollo de las investigaciones en curso.
