EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La cadena Noticias Caracol develó esta semana unos audios demoledores: el gobierno de Gustavo Petro y la gestión directa de Iván Velásquez como ministro de Defensa, habilitaron el crecimiento exponencial del Clan del Golfo —designada organización terrorista por la administración Trump—, aumentando su capacidad criminal y su dominio territorial. Ello ocurrió con la connivencia de Todd Robinson, quien, desde Washington, tenía la responsabilidad de supervisar y apoyar la lucha antinarcóticos en Colombia.
La relación de Robinson y Velásquez se fraguó en Guatemala, donde coincidieron y donde abusaron de sus respectivas posiciones para presionar ilegalmente a funcionarios, jueces y fiscales guatemaltecos. Esa complicidad, lejos de disolverse, se trasladó a Colombia. Lo más grave de su coincidencia entre 2022 y 2025 es que Todd Robinson, precisamente el máximo responsable estadounidense de la lucha contra el narcoterrorismo en su calidad de subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), permitió —o toleró— que su “parcero” Iván Velásquez dinamitara desde adentro las capacidades de las fuerzas de seguridad e inteligencia colombianas. Lo que Velásquez hizo, Robinson lo supo y lo permitió. Apenas ayer, debido a la contundencia de lo escuchado, la Procuraduría de Colombia ha iniciado indagaciones sobre el exministro Velásquez y Danilo Rueda; corresponde lo mismo de las autoridades estadounidenses para con Robinson.
Precisamente en esos años entre 2022 y 2025, Colombia vivió un retroceso dramático en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Mientras el gobierno impulsaba la llamada “Paz Total”, el Clan del Golfo —también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— experimentó un crecimiento sin precedentes. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, esta organización pasó de aproximadamente 4000 integrantes en 2022 a casi 10 000 en 2025, un aumento del 140 %. Su influencia territorial se duplicó: de 145 municipios en 13 departamentos a 296 en 17.
Este fortalecimiento coincidió con un repunte significativo en la producción de cocaína. De acuerdo con datos de la UNODC y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), los cultivos de coca en Colombia tuvieron un incremento del 10 %; la producción potencial de cocaína pura saltó de 1738 a 2664 toneladas en ese mismo período, un alza del 53 %. Colombia consolidó su posición como responsable de más del 67 % de la hoja de coca mundial. Este crecimiento fue deliberado y ocurrió mientras las fuerzas de seguridad eran sistemáticamente debilitadas desde adentro, mientras Todd Robinson miraba para otro lado.
El responsable principal de esa debilidad estructural fue Iván Velásquez; lejos de fortalecer la capacidad operativa del Estado contra el narcoterrorismo, impulsó una depuración masiva de altos mandos militares, policiales y de inteligencia que, en la práctica, neutralizó la ofensiva contra las AGC. Todo ello mientras Robinson, como jefe de INL, continuaba canalizando recursos y asistencia técnica a unas fuerzas que su aliado estaba desmantelando por dentro.
Los audios son contundentes. El entonces alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sostuvo reuniones directas con líderes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Jerónimo”. En esas conversaciones, Rueda prometió explícitamente la suspensión de bombardeos y operaciones especiales, así como una depuración de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. “Se está en una fase… de depuración policial, militar, pero también de los organismos de inteligencia”, se escucha en las grabaciones. A cambio, el grupo criminal ofrecía “congelar” sus acciones. Algo que nunca ocurrió.
Lo que Rueda prometió en esas reuniones se materializó bajo la gestión de Velásquez; como ministro de Defensa, ordenó y ejecutó retiros masivos de generales, coroneles y oficiales de inteligencia. Decenas de mandos con experiencia en operaciones contra estructuras narcoterroristas fueron apartados del servicio. El resultado fue inmediato: el Clan del Golfo pudo expandirse sin la presión sostenida de las fuerzas del Estado. En Urabá, epicentro histórico de la organización, el control territorial se consolidó y la criminalidad asociada (extorsión, minería ilegal y tráfico de cocaína) se disparó.
Este deliberado debilitamiento de las capacidades del Estado no puede explicarse solo por “errores de cálculo” en la Paz Total. Velásquez, desde su despacho, tenía la autoridad directa sobre las operaciones militares y la política de inteligencia. La purga que Rueda ofreció a los criminales en septiembre de 2022 se convirtió en política de Estado bajo el mando de Velásquez. Mientras las AGC crecían un 140 % y la producción potencial de cocaína aumentaba más de un 50 %, las fuerzas armadas perdían efectividad operativa por la salida de oficiales clave… de nuevo, todo bajo la supervisión de Todd Robinson, el hombre que en Washington tenía la misión de combatir precisamente ese narcoterrorismo.
La ironía es mayúscula cuando se revisa el pasado del exministro, hoy embajador de Colombia ante la Santa Sede. Antes de llegar al Ministerio de Defensa, fue comisionado de la CICIG, donde fue celebrado por amplios sectores de la izquierda como un paladín incorruptible contra la impunidad y el crimen organizado. Sin embargo, su gestión en Colombia replica el patrón que ya había ensayado en Guatemala junto a Robinson: la protección efectiva —por acción u omisión— de estructuras narcotraficantes y terroristas.
Bajo el velo de una supuesta depuración contra la corrupción en las fuerzas armadas, Velásquez contribuyó a desmantelar la capacidad del Estado para confrontar al principal actor del narcoterrorismo colombiano. El Clan del Golfo no solo creció en hombres y territorio; consolidó rutas de cocaína, expandió su modelo de “franquicias” criminales y aumentó su capacidad de intimidación en regiones como Urabá.
Hoy, con los audios de Rueda en la opinión pública y las cifras de la UNODC y la Fundación Ideas para la Paz sobre la mesa, resulta imposible sostener que el auge de las AGC fue un fenómeno ajeno a la gestión de Velásquez y a la pasividad de Todd Robinson. El rol de ambos fue determinante; sin la purga de mandos ordenada desde el Ministerio de Defensa y sin la inacción de quien tenía la responsabilidad de frenar ese narcoterrorismo desde Washington, el crecimiento exponencial del Clan del Golfo no habría sido posible.
Iván Velásquez llegó al cargo envuelto en el aura de luchador contra la corrupción. Su gestión en Defensa, tolerada por Todd Robinson, dejó un saldo contrario: un Estado más débil frente al narcotráfico y un Clan del Golfo más fuerte y expandido. Esa contradicción no es un error de percepción. Es un hecho que exige investigación seria por parte de las autoridades colombianas y, especialmente, de las estadounidenses. La verdadera corrupción que debe ser juzgada no es la que Velásquez decía combatir, sino la que su ministerio permitió florecer al socavar la capacidad del Estado para enfrentarla.
La cadena Noticias Caracol develó esta semana unos audios demoledores: el gobierno de Gustavo Petro y la gestión directa de Iván Velásquez como ministro de Defensa, habilitaron el crecimiento exponencial del Clan del Golfo —designada organización terrorista por la administración Trump—, aumentando su capacidad criminal y su dominio territorial. Ello ocurrió con la connivencia de Todd Robinson, quien, desde Washington, tenía la responsabilidad de supervisar y apoyar la lucha antinarcóticos en Colombia.
La relación de Robinson y Velásquez se fraguó en Guatemala, donde coincidieron y donde abusaron de sus respectivas posiciones para presionar ilegalmente a funcionarios, jueces y fiscales guatemaltecos. Esa complicidad, lejos de disolverse, se trasladó a Colombia. Lo más grave de su coincidencia entre 2022 y 2025 es que Todd Robinson, precisamente el máximo responsable estadounidense de la lucha contra el narcoterrorismo en su calidad de subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), permitió —o toleró— que su “parcero” Iván Velásquez dinamitara desde adentro las capacidades de las fuerzas de seguridad e inteligencia colombianas. Lo que Velásquez hizo, Robinson lo supo y lo permitió. Apenas ayer, debido a la contundencia de lo escuchado, la Procuraduría de Colombia ha iniciado indagaciones sobre el exministro Velásquez y Danilo Rueda; corresponde lo mismo de las autoridades estadounidenses para con Robinson.
Precisamente en esos años entre 2022 y 2025, Colombia vivió un retroceso dramático en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Mientras el gobierno impulsaba la llamada “Paz Total”, el Clan del Golfo —también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— experimentó un crecimiento sin precedentes. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, esta organización pasó de aproximadamente 4000 integrantes en 2022 a casi 10 000 en 2025, un aumento del 140 %. Su influencia territorial se duplicó: de 145 municipios en 13 departamentos a 296 en 17.
Este fortalecimiento coincidió con un repunte significativo en la producción de cocaína. De acuerdo con datos de la UNODC y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), los cultivos de coca en Colombia tuvieron un incremento del 10 %; la producción potencial de cocaína pura saltó de 1738 a 2664 toneladas en ese mismo período, un alza del 53 %. Colombia consolidó su posición como responsable de más del 67 % de la hoja de coca mundial. Este crecimiento fue deliberado y ocurrió mientras las fuerzas de seguridad eran sistemáticamente debilitadas desde adentro, mientras Todd Robinson miraba para otro lado.
El responsable principal de esa debilidad estructural fue Iván Velásquez; lejos de fortalecer la capacidad operativa del Estado contra el narcoterrorismo, impulsó una depuración masiva de altos mandos militares, policiales y de inteligencia que, en la práctica, neutralizó la ofensiva contra las AGC. Todo ello mientras Robinson, como jefe de INL, continuaba canalizando recursos y asistencia técnica a unas fuerzas que su aliado estaba desmantelando por dentro.
Los audios son contundentes. El entonces alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sostuvo reuniones directas con líderes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Jerónimo”. En esas conversaciones, Rueda prometió explícitamente la suspensión de bombardeos y operaciones especiales, así como una depuración de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. “Se está en una fase… de depuración policial, militar, pero también de los organismos de inteligencia”, se escucha en las grabaciones. A cambio, el grupo criminal ofrecía “congelar” sus acciones. Algo que nunca ocurrió.
Lo que Rueda prometió en esas reuniones se materializó bajo la gestión de Velásquez; como ministro de Defensa, ordenó y ejecutó retiros masivos de generales, coroneles y oficiales de inteligencia. Decenas de mandos con experiencia en operaciones contra estructuras narcoterroristas fueron apartados del servicio. El resultado fue inmediato: el Clan del Golfo pudo expandirse sin la presión sostenida de las fuerzas del Estado. En Urabá, epicentro histórico de la organización, el control territorial se consolidó y la criminalidad asociada (extorsión, minería ilegal y tráfico de cocaína) se disparó.
Este deliberado debilitamiento de las capacidades del Estado no puede explicarse solo por “errores de cálculo” en la Paz Total. Velásquez, desde su despacho, tenía la autoridad directa sobre las operaciones militares y la política de inteligencia. La purga que Rueda ofreció a los criminales en septiembre de 2022 se convirtió en política de Estado bajo el mando de Velásquez. Mientras las AGC crecían un 140 % y la producción potencial de cocaína aumentaba más de un 50 %, las fuerzas armadas perdían efectividad operativa por la salida de oficiales clave… de nuevo, todo bajo la supervisión de Todd Robinson, el hombre que en Washington tenía la misión de combatir precisamente ese narcoterrorismo.
La ironía es mayúscula cuando se revisa el pasado del exministro, hoy embajador de Colombia ante la Santa Sede. Antes de llegar al Ministerio de Defensa, fue comisionado de la CICIG, donde fue celebrado por amplios sectores de la izquierda como un paladín incorruptible contra la impunidad y el crimen organizado. Sin embargo, su gestión en Colombia replica el patrón que ya había ensayado en Guatemala junto a Robinson: la protección efectiva —por acción u omisión— de estructuras narcotraficantes y terroristas.
Bajo el velo de una supuesta depuración contra la corrupción en las fuerzas armadas, Velásquez contribuyó a desmantelar la capacidad del Estado para confrontar al principal actor del narcoterrorismo colombiano. El Clan del Golfo no solo creció en hombres y territorio; consolidó rutas de cocaína, expandió su modelo de “franquicias” criminales y aumentó su capacidad de intimidación en regiones como Urabá.
Hoy, con los audios de Rueda en la opinión pública y las cifras de la UNODC y la Fundación Ideas para la Paz sobre la mesa, resulta imposible sostener que el auge de las AGC fue un fenómeno ajeno a la gestión de Velásquez y a la pasividad de Todd Robinson. El rol de ambos fue determinante; sin la purga de mandos ordenada desde el Ministerio de Defensa y sin la inacción de quien tenía la responsabilidad de frenar ese narcoterrorismo desde Washington, el crecimiento exponencial del Clan del Golfo no habría sido posible.
Iván Velásquez llegó al cargo envuelto en el aura de luchador contra la corrupción. Su gestión en Defensa, tolerada por Todd Robinson, dejó un saldo contrario: un Estado más débil frente al narcotráfico y un Clan del Golfo más fuerte y expandido. Esa contradicción no es un error de percepción. Es un hecho que exige investigación seria por parte de las autoridades colombianas y, especialmente, de las estadounidenses. La verdadera corrupción que debe ser juzgada no es la que Velásquez decía combatir, sino la que su ministerio permitió florecer al socavar la capacidad del Estado para enfrentarla.
