EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Colombia continúa en declive de ingobernabilidad, con un Estado que cada vez pierde más terreno ante el crimen organizado; su gobierno es incapaz de frenarlo, o es cómplice.
Es noticia. “Es una realidad”, afirmó el ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez, al referirse a la pérdida del control territorial ante el crimen organizado. El ex comisionado de CICIG afirmó en una conferencia de prensa que, bajo su mandato, se ha dado un incremento del “control ilegal de territorios”.
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Además, el ministro afirmó que ha habido crecido el reclutamiento en grupos de crimen organizado.
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Por qué importa. El gobierno de Gustavo Petro, que ha sido acusado de haber recibido financiamiento del narco durante su campaña, ha sido incapaz de neutralizar las organizaciones criminales históricamente vigentes en Colombia. Si bien se ha experimentado una reducción de un 1.7 % en homicidios, el propio Velásquez afirmó que ha habido un aumento de un 29 % en extorsiones desde el inicio del gobierno de Petro.
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Adicionalmente, el ministro oficializó que, durante los dos años de su mandato, se ha visto un incremento de 70 % en secuestros.
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Mientras que la “Paz Total” fue una de las principales promesas de Petro en campaña, a la mitad de su gobierno, esta es una fantasía.
Entre líneas. El gobierno del primer presidente –abiertamente– de izquierda en Colombia buscaba apaciguar el territorio a través de negociaciones simultáneas con los distintos grupos guerrilleros todavía activos. La estrategia, aunque ambiciosa, ignora las rivalidades entre los distintos grupos beligerantes, que se rehúsan a participar en negociaciones que involucren a organizaciones rivales. Tal es el caso de Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Las mesas de diálogo con el ELN y el Estado Mayor Central (EMC) de las ex-FARC mafia se suspendieron en marzo, debido a las conversaciones del gobierno con el Frente Comuneros del Sur, en Nariño.
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El Frente Comuneros es un grupo que se declaró en rebeldía con el Comando Central del ELN.
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El cese al fuego entre el ELN y el EMC y el gobierno expiró el pasado tres de agosto, reanudando hostilidades entre la guerrilla y el ejército.
En perspectiva. Tras dos años a cargo del Ministerio de la Defensa de Colombia, lo poco que Petro ha tenido para elogiar la gestión de Velásquez es la incorporación —sin precedentes— de mujeres como soldados profesionales y el incremento de la mesada para los efectivos del ejército. Así lo encomió en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el pasado miércoles.
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Mientras tanto, entre enero y mayo de 2024, aumentaron en un 49 % los desplazamientos masivos y en un 35 % las víctimas por artefactos explosivos.
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En regiones como Caquetá, Nariño y el Valle del Cauca, facciones de las FARC han empezado a carnetizar a los habitantes, para poder identificar y controlar el ingreso y egreso de personas en la zona.
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Esta es una manera de ejercer control sobre el territorio, limitando, a través de la violencia, quiénes pueden transitar por regiones donde el Estado ya no tiene autoridad, pues ahora la tiene la guerrilla.
En conclusión. Si bien el fracaso de la promesa de la Paz Total ha sido evidente desde los primeros intentos de negociación por parte del gobierno, la resignación del ministro Velásquez es un fuerte golpe a un presidente cuyo mensaje se empieza a centrar en las elecciones de 2026. Aunque Colombia logró un acuerdo de paz con las FARC en 2016, la gestión de Petro y Velásquez ha supuesto un retroceso en el esfuerzo para apaciguar el país.
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Mientras el gobierno es incapaz de detener el control territorial de la guerrilla, el narcotráfico gana terreno, financiando tanto a grupo paramilitares como guerrilleros.
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El país sudamericano está inmerso en una guerra cada vez más compleja de terminar, donde cada victoria parece ser a favor del crimen organizado, con un Estado cada vez menos presente en el territorio.
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La gestión de Velásquez es un fiasco; nada de Paz Total, sino fracaso total.
Colombia continúa en declive de ingobernabilidad, con un Estado que cada vez pierde más terreno ante el crimen organizado; su gobierno es incapaz de frenarlo, o es cómplice.
Es noticia. “Es una realidad”, afirmó el ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez, al referirse a la pérdida del control territorial ante el crimen organizado. El ex comisionado de CICIG afirmó en una conferencia de prensa que, bajo su mandato, se ha dado un incremento del “control ilegal de territorios”.
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Además, el ministro afirmó que ha habido crecido el reclutamiento en grupos de crimen organizado.
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Por qué importa. El gobierno de Gustavo Petro, que ha sido acusado de haber recibido financiamiento del narco durante su campaña, ha sido incapaz de neutralizar las organizaciones criminales históricamente vigentes en Colombia. Si bien se ha experimentado una reducción de un 1.7 % en homicidios, el propio Velásquez afirmó que ha habido un aumento de un 29 % en extorsiones desde el inicio del gobierno de Petro.
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Adicionalmente, el ministro oficializó que, durante los dos años de su mandato, se ha visto un incremento de 70 % en secuestros.
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Mientras que la “Paz Total” fue una de las principales promesas de Petro en campaña, a la mitad de su gobierno, esta es una fantasía.
Entre líneas. El gobierno del primer presidente –abiertamente– de izquierda en Colombia buscaba apaciguar el territorio a través de negociaciones simultáneas con los distintos grupos guerrilleros todavía activos. La estrategia, aunque ambiciosa, ignora las rivalidades entre los distintos grupos beligerantes, que se rehúsan a participar en negociaciones que involucren a organizaciones rivales. Tal es el caso de Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Las mesas de diálogo con el ELN y el Estado Mayor Central (EMC) de las ex-FARC mafia se suspendieron en marzo, debido a las conversaciones del gobierno con el Frente Comuneros del Sur, en Nariño.
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El Frente Comuneros es un grupo que se declaró en rebeldía con el Comando Central del ELN.
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El cese al fuego entre el ELN y el EMC y el gobierno expiró el pasado tres de agosto, reanudando hostilidades entre la guerrilla y el ejército.
En perspectiva. Tras dos años a cargo del Ministerio de la Defensa de Colombia, lo poco que Petro ha tenido para elogiar la gestión de Velásquez es la incorporación —sin precedentes— de mujeres como soldados profesionales y el incremento de la mesada para los efectivos del ejército. Así lo encomió en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el pasado miércoles.
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Mientras tanto, entre enero y mayo de 2024, aumentaron en un 49 % los desplazamientos masivos y en un 35 % las víctimas por artefactos explosivos.
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En regiones como Caquetá, Nariño y el Valle del Cauca, facciones de las FARC han empezado a carnetizar a los habitantes, para poder identificar y controlar el ingreso y egreso de personas en la zona.
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Esta es una manera de ejercer control sobre el territorio, limitando, a través de la violencia, quiénes pueden transitar por regiones donde el Estado ya no tiene autoridad, pues ahora la tiene la guerrilla.
En conclusión. Si bien el fracaso de la promesa de la Paz Total ha sido evidente desde los primeros intentos de negociación por parte del gobierno, la resignación del ministro Velásquez es un fuerte golpe a un presidente cuyo mensaje se empieza a centrar en las elecciones de 2026. Aunque Colombia logró un acuerdo de paz con las FARC en 2016, la gestión de Petro y Velásquez ha supuesto un retroceso en el esfuerzo para apaciguar el país.
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Mientras el gobierno es incapaz de detener el control territorial de la guerrilla, el narcotráfico gana terreno, financiando tanto a grupo paramilitares como guerrilleros.
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El país sudamericano está inmerso en una guerra cada vez más compleja de terminar, donde cada victoria parece ser a favor del crimen organizado, con un Estado cada vez menos presente en el territorio.
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La gestión de Velásquez es un fiasco; nada de Paz Total, sino fracaso total.
