EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En un acto que revela la podredumbre del sistema político guatemalteco, el Congreso aprobó el Decreto 7-2025, permitiendo a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) utilizar de manera opaca fondos extraordinarios no ejecutados en 2025 durante los años preelectoral y electoral. Esta medida, declarada de urgencia nacional, sin dictamen previo y respaldada por una amplia mayoría opositora, no es más que un remedio venenoso, disfrazado de solución, que perpetúa el abuso del presupuesto nacional como arma electoral en lugar de herramienta para el bienestar colectivo.
Cierto es que esta ley surge como respuesta al comportamiento extorsivo del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien ha retenido fondos para proyectos de los CODEDE con el fin de alinear a diputados distritales al oficialismo. Menkos, bajo el falso manto de transparencia, se ha convertido al MINFIN en un bastión de manipulación, negando recursos vitales para forzar lealtades políticas. Sin embargo, la oposición —dominada por bancadas como Cabal y Vamos— no es inocente: su aprobación masiva de esta norma revela una complicidad bipartidista en el saqueo de recursos públicos. Al permitir que fondos no ejecutados se trasladen sin mayores controles, se abre la puerta a un uso discrecional que podría financiarse campañas electorales, sobornos o proyectos clientelares, todo bajo el velo de “continuidad en el desarrollo”.
La cuestión medular radica en que diputados, ministros y alcaldes tratan el presupuesto como botín de guerra. Los CODEDE, que ya manejan miles de millones —más de GTQ 12 000M en 2025—, se convierten en focos de corrupción opaca, donde la interferencia política obstruye la ejecución transparente y beneficia a caciques locales en detrimento de la población.
Ahora, este decreto repite el patrón, proyectando un fondo de hasta GTQ 9000M sin fiscalización adecuada, en un contexto donde la —pobre— ejecución de proyectos ya enfrenta obstáculos políticos y administrativos.
Esta crítica se extiende al proyecto de presupuesto del Ejecutivo, que el presidente Bernardo Arévalo y sus ministros visten con discursos líricos sobre equidad y desarrollo. La realidad es cruda: al igual que gobiernos anteriores, el de Arévalo busca “aprovecharse” del año preelectoral para cosechar réditos políticos con el dinero de los guatemaltecos. Mientras prometen transparencia —como el tablero de desembolsos del MINFIN—, retienen fondos para presionar alianzas, y ahora legitiman un mecanismo que diluye la rendición de cuentas. ¿Dónde queda el beneficio para la población? Mientras la infraestructura está abandonada, los políticos acumulan poder electoral.
El Decreto 7-2025 no fortalece el desarrollo; lo pervierte y favorece el clientelismo sobre el beneficio de los ciudadanos.
Guatemala merece un presupuesto al servicio del pueblo, no de ambiciones electorales. Si no se revierte esta aberración, el ciclo de extorsión y opacidad solo se profundizará, condenando a generaciones a la miseria política. Basta ya de este circo: se exige rendición de cuentas, no parches ponzoñosos.
En un acto que revela la podredumbre del sistema político guatemalteco, el Congreso aprobó el Decreto 7-2025, permitiendo a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) utilizar de manera opaca fondos extraordinarios no ejecutados en 2025 durante los años preelectoral y electoral. Esta medida, declarada de urgencia nacional, sin dictamen previo y respaldada por una amplia mayoría opositora, no es más que un remedio venenoso, disfrazado de solución, que perpetúa el abuso del presupuesto nacional como arma electoral en lugar de herramienta para el bienestar colectivo.
Cierto es que esta ley surge como respuesta al comportamiento extorsivo del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien ha retenido fondos para proyectos de los CODEDE con el fin de alinear a diputados distritales al oficialismo. Menkos, bajo el falso manto de transparencia, se ha convertido al MINFIN en un bastión de manipulación, negando recursos vitales para forzar lealtades políticas. Sin embargo, la oposición —dominada por bancadas como Cabal y Vamos— no es inocente: su aprobación masiva de esta norma revela una complicidad bipartidista en el saqueo de recursos públicos. Al permitir que fondos no ejecutados se trasladen sin mayores controles, se abre la puerta a un uso discrecional que podría financiarse campañas electorales, sobornos o proyectos clientelares, todo bajo el velo de “continuidad en el desarrollo”.
La cuestión medular radica en que diputados, ministros y alcaldes tratan el presupuesto como botín de guerra. Los CODEDE, que ya manejan miles de millones —más de GTQ 12 000M en 2025—, se convierten en focos de corrupción opaca, donde la interferencia política obstruye la ejecución transparente y beneficia a caciques locales en detrimento de la población.
Ahora, este decreto repite el patrón, proyectando un fondo de hasta GTQ 9000M sin fiscalización adecuada, en un contexto donde la —pobre— ejecución de proyectos ya enfrenta obstáculos políticos y administrativos.
Esta crítica se extiende al proyecto de presupuesto del Ejecutivo, que el presidente Bernardo Arévalo y sus ministros visten con discursos líricos sobre equidad y desarrollo. La realidad es cruda: al igual que gobiernos anteriores, el de Arévalo busca “aprovecharse” del año preelectoral para cosechar réditos políticos con el dinero de los guatemaltecos. Mientras prometen transparencia —como el tablero de desembolsos del MINFIN—, retienen fondos para presionar alianzas, y ahora legitiman un mecanismo que diluye la rendición de cuentas. ¿Dónde queda el beneficio para la población? Mientras la infraestructura está abandonada, los políticos acumulan poder electoral.
El Decreto 7-2025 no fortalece el desarrollo; lo pervierte y favorece el clientelismo sobre el beneficio de los ciudadanos.
Guatemala merece un presupuesto al servicio del pueblo, no de ambiciones electorales. Si no se revierte esta aberración, el ciclo de extorsión y opacidad solo se profundizará, condenando a generaciones a la miseria política. Basta ya de este circo: se exige rendición de cuentas, no parches ponzoñosos.
