Los republicanos quieren cambiar el servicio exterior estadounidense, a pesar de los esfuerzos de la izquierda por evitarlo.
En perspectiva. El día de ayer, el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense, llevó a cabo una audiencia titulada “INL debe combatir el crimen, no a los conservadores”. El subcomité es presidido por la republicana María Elvira Salazar.
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Fueron invitados como testigos Chelsa Kenney, de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO); Andrés Martínez-Fernández, de The Heritage Foundation, y Adam B. Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
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El presidente editor de República, Rodrigo Arenas, fue invitado a la audiencia, pero fue removido a último momento, debido a la presión de operadores izquierdistas guatemaltecos y sus aliados estadounidenses.
Por qué importa. La audiencia evidenció la negligencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en sus labores, por financiar una agenda ideológica en vez de combatir el crimen organizado durante la presidencia de Biden. De acuerdo con Kenney, GOA realizó hasta 16 recomendaciones a INL para mejorar la efectividad de sus programas desde 2020; la mayoría fueron ignoradas.
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GOA reveló que INL ha invertido hasta USD 3000M para abordar el crimen y la violencia y mejorar el Estado de derecho en México, pero que no ha podido cumplir ninguna de sus metas, en parte por ignorar las recomendaciones.
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Kenney resaltó que la INL obvia deliberadamente las recomendaciones que señalan deficiencias en la gestión del desempeño, el monitoreo y la evaluación de sus programas.
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De acuerdo con la congresista Salazar, INL cambió “la lucha contra los narcóticos, por seminarios para enseñar pronombres y talleres sobre diversidad de género”.
El otro lado. El representante de WOLA destacó el papel que tuvo INL para apoyar a la extinta CICIG. No obstante, y a pesar del flujo permanente de fondos, el tráfico de drogas y de humanos no ha cesado desde entonces. EE. UU. registró sus peores cifras de encuentros con migrantes en la frontera sur e incautaciones de metanfetamina y fentanilo bajo la Administración Biden.
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Al ser confrontado por la titular del subcomité, Isacson se enfocó en defender la persecución de EE. UU. contra la fiscal Porras, a pesar de haber señalado la importancia de fortalecer el sector de justicia en el pasado.
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Salazar destacó que alrededor de 9M de guatemaltecos intentaron migrar a EE. UU. en los últimos años, pero que no recibieron ayuda de INL por la negativa de trabajar con el MP.
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“Esta es la definición perfecta de poner la política y la ideología por encima de la seguridad y el respeto por las opiniones políticas de nuestros vecinos”, reprendió.
Ahora qué. Tanto el Subcomité, como el Comité de Asuntos Exteriores, son presididos por republicanos, que también tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso.
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Eventos como la audiencia de ayer evidencian un esfuerzo por obtener rendición de cuentas por la abierta negligencia cometida por los gobiernos demócratas.
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El nuevo enfoque de servicio exterior presagia una mejor oportunidad para el desarrollo en Latinoamérica, mediante programas pragmáticos y no ideológicos.
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A pesar de ello, en Guatemala —y tal parece que también en EE. UU.—, los intentos por silenciar a las voces dispuestas a denunciar los abusos de entidades como INL, no cesan.
Los republicanos quieren cambiar el servicio exterior estadounidense, a pesar de los esfuerzos de la izquierda por evitarlo.
En perspectiva. El día de ayer, el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso estadounidense, llevó a cabo una audiencia titulada “INL debe combatir el crimen, no a los conservadores”. El subcomité es presidido por la republicana María Elvira Salazar.
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Fueron invitados como testigos Chelsa Kenney, de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO); Andrés Martínez-Fernández, de The Heritage Foundation, y Adam B. Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
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El presidente editor de República, Rodrigo Arenas, fue invitado a la audiencia, pero fue removido a último momento, debido a la presión de operadores izquierdistas guatemaltecos y sus aliados estadounidenses.
Por qué importa. La audiencia evidenció la negligencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en sus labores, por financiar una agenda ideológica en vez de combatir el crimen organizado durante la presidencia de Biden. De acuerdo con Kenney, GOA realizó hasta 16 recomendaciones a INL para mejorar la efectividad de sus programas desde 2020; la mayoría fueron ignoradas.
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GOA reveló que INL ha invertido hasta USD 3000M para abordar el crimen y la violencia y mejorar el Estado de derecho en México, pero que no ha podido cumplir ninguna de sus metas, en parte por ignorar las recomendaciones.
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Kenney resaltó que la INL obvia deliberadamente las recomendaciones que señalan deficiencias en la gestión del desempeño, el monitoreo y la evaluación de sus programas.
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De acuerdo con la congresista Salazar, INL cambió “la lucha contra los narcóticos, por seminarios para enseñar pronombres y talleres sobre diversidad de género”.
El otro lado. El representante de WOLA destacó el papel que tuvo INL para apoyar a la extinta CICIG. No obstante, y a pesar del flujo permanente de fondos, el tráfico de drogas y de humanos no ha cesado desde entonces. EE. UU. registró sus peores cifras de encuentros con migrantes en la frontera sur e incautaciones de metanfetamina y fentanilo bajo la Administración Biden.
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Al ser confrontado por la titular del subcomité, Isacson se enfocó en defender la persecución de EE. UU. contra la fiscal Porras, a pesar de haber señalado la importancia de fortalecer el sector de justicia en el pasado.
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Salazar destacó que alrededor de 9M de guatemaltecos intentaron migrar a EE. UU. en los últimos años, pero que no recibieron ayuda de INL por la negativa de trabajar con el MP.
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“Esta es la definición perfecta de poner la política y la ideología por encima de la seguridad y el respeto por las opiniones políticas de nuestros vecinos”, reprendió.
Ahora qué. Tanto el Subcomité, como el Comité de Asuntos Exteriores, son presididos por republicanos, que también tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso.
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Eventos como la audiencia de ayer evidencian un esfuerzo por obtener rendición de cuentas por la abierta negligencia cometida por los gobiernos demócratas.
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El nuevo enfoque de servicio exterior presagia una mejor oportunidad para el desarrollo en Latinoamérica, mediante programas pragmáticos y no ideológicos.
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A pesar de ello, en Guatemala —y tal parece que también en EE. UU.—, los intentos por silenciar a las voces dispuestas a denunciar los abusos de entidades como INL, no cesan.