Guatemala enfrenta un aumento crítico de invasiones y usurpaciones

Guatemala enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora: el colapso del derecho a la propiedad privada.

Qué destacar. En los últimos cinco años, el país ha registrado más de 13 mil denuncias por usurpación de terrenos, casas y fincas, según datos del Ministerio Público (MP), denuncia la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada y Contra el Prevaricato (ACDEPRO).

• Sin embargo, apenas el 13.7% de estos casos han sido resueltos judicialmente, y solo 99 desalojos se han ejecutado, lo que representa un alarmante 0.75% del total.
• La inacción institucional ha convertido este delito en un negocio rentable para estructuras criminales, mientras los propietarios legítimos quedan desamparados.
• Las usurpaciones ya no se limitan a zonas rurales. San Marcos y Huehuetenango, corredores del narcotráfico, han visto un repunte de invasiones, al igual que la Ciudad de Guatemala, donde pandillas despojan viviendas a sus dueños.

Sí, pero. Los invasores no solo ocupan ilegalmente los inmuebles, sino que los destruyen, deforestan y venden la madera, o los comercializan fraudulentamente a terceros.

• El proceso legal para recuperar una propiedad es lento, costoso y burocrático. Tras la denuncia ante el MP, la investigación puede tardar años. Incluso con una orden judicial, la ejecución del desalojo enfrenta múltiples obstáculos.
• La Policía Nacional Civil (PNC), encargada de llevar a cabo estas acciones, opera sin un protocolo unificado, con escasez de agentes y sin recursos suficientes.
• En todos los casos, los agentes deben presentarse sin armas, por disposición del MP, lo que los expone a ataques armados por parte de grupos vinculados al crimen organizado.

Punto de fricción. Uno de los principales factores que agrava esta situación es el llamado “Protocolo Paz y Paz”, implementado durante la gestión de la exfiscal Claudia Paz y Paz.

• Aunque fue concebido para evitar la violencia, en la práctica ha generado una maraña de requisitos y coordinaciones interinstitucionales que paralizan los desalojos.
• La falta de un protocolo único y vinculante entre MP, PNC, PGN y PDH, ha permitido el abuso contra menores. 
• Los usurpadores consolidan su presencia y utilizan tácticas como el uso de niños y adultos mayores como “escudos humanos”, impidiendo el ingreso de las autoridades.

Datos. Entre los años 2020 y 2025, se registraron un total de 13 245 denuncias por usurpaciones en Guatemala. En conjunto, los datos muestran una concentración de denuncias en ciertos departamentos, especialmente en áreas con alta densidad poblacional o con antecedentes de conflictos por tierra, lo que sugiere una posible correlación entre las usurpaciones y otras dinámicas sociales o criminales. Estos departamentos, incluyendo los de la Franja Transversal Norte, son identificados como zonas críticas para el tráfico ilícito.

• El departamento con mayor incidencia fue Guatemala, acumulando 2799 denuncias, lo que representa el 21.13% del total nacional.
• Le siguen Huehuetenango con 1361 denuncias (10.28%), San Marcos con 1147 (8.66%), y Alta Verapaz con 986 (7.44%). Otros departamentos con cifras relevantes incluyen Sololá (633 denuncias), Escuintla (616), Chimaltenango (571), Santa Rosa (517), Quetzaltenango (515) y Jutiapa (449), todos con porcentajes entre el 3% y el 5% del total.
• En contraste, los departamentos con menor número de denuncias fueron Retalhuleu (143), Jalapa (184), Zacapa (191) y Totonicapán (238), cada uno con menos del 2% del total nacional. El año con más denuncias fue 2021, con 2928 casos, seguido por 2020 con 2,381. A partir de 2022 se observa una tendencia descendente: 2490 denuncias en ese año, 2111 en 2023, 2085 en 2024 y finalmente 1250 en 2025. 

En conclusión. Guatemala ocupa el puesto 103 de 125 países en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI) 2024, una caída de 29 posiciones en seis años.

• Es el país democrático peor rankeado de Centroamérica, incluso por debajo de Nicaragua.
• ACDEPRO señala que el problema no es la falta de recursos. La raíz del problema es la ineficiencia institucional y la falta de voluntad política.
• Ante este panorama, ACDEPRO propone medidas urgentes: implementar un protocolo de desalojo unificado, garantizar el cumplimiento institucional sin sesgos ideológicos y mejorar la eficiencia del gasto público.