EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La necesidad de reformar la legislación de aviación civil en Guatemala y separar las funciones operativas de las regulatorias, se ha vuelto evidente ante los constantes retrasos y limitaciones en la gestión aeroportuaria.
En perspectiva. El cúmulo de fallas administrativas y la falta de independencia operativa han impactado negativamente en la competitividad del país como destino turístico y de negocios.
- El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) ha experimentado retrasos, incluso, en proyectos tan simples como el reemplazo de escaleras eléctricas y elevadores —adjudicados en mayo de 2023—, pero habilitados hasta febrero de 2025, así como la modernización del sistema de aire acondicionado, que apenas comenzó a ejecutarse.
- Ante estos problemas, a mediados de 2024, el presidente Bernardo Arévalo anunció la presentación de iniciativas de ley para modernizar la DGAC, separando sus funciones normativas, de las operativas.
- Sin embargo, a casi un año de aquel anuncio, la propuesta sigue en revisión.
En el radar. La nueva normativa busca establecer dos entidades autónomas: la Autoridad de Aviación Civil de Guatemala (AACG), encargada de vigilar el cumplimiento de normativas internacionales y sancionar irregularidades en la aviación, y el Operador Aeroportuario de Guatemala (OAG), responsable de administrar y supervisar los aeropuertos y aeródromos públicos. Esta separación permitiría mejorar la seguridad operacional y garantizar que cumplan con los estándares exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
- Según Fernando Suriano, viceministro de Transportes, el proceso de aprobación sigue una ruta definida: “Cada actor involucrado debe emitir su pronunciamiento, luego el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda remite el expediente a la Secretaría General de la Presidencia, y si el presidente está de acuerdo con las propuestas, ejercer su derecho de iniciativa de ley ante Congreso”.
- El financiamiento de ambas entidades provendrá de fondos privativos, impuestos específicos y aportes estatales. El 67 % del impuesto de salida por vía aérea se destinará al OAG para garantizar el mantenimiento y modernización de la infraestructura. Además, la AACG recibirá el 30 % de los ingresos del operador, permitiendo una supervisión efectiva del sector aeronáutico.
- También se contempla un régimen laboral especializado y modalidades de contratación con excepciones en la Ley de Contrataciones del Estado, asegurando respuestas ágiles ante emergencias o falta de proveedores nacionales.
Lo indispensable. Suriano subrayó la relevancia de la participación del sector privado, promoviendo la creación de un Consejo Consultivo para que actores clave contribuyan con su experiencia en la gestión aeroportuaria.
- “Sabemos que los actores privados conocen el día a día en las operaciones como usuarios y como integrantes del sistema aeronáutico de Guatemala”, afirmó.
- La AACG regulará y supervisará el transporte aéreo, asegurando el cumplimiento de normativas y sancionando infracciones.
- El (OAG) administrará los aeropuertos y aeródromos públicos y los servicios de navegación aérea. Su sostenibilidad financiera dependerá de impuestos específicos y aportes estatales, incluyendo el 100 % del impuesto de gasolina de aviación.
Lo que sigue. Esta reforma busca consolidar una institucionalidad más eficiente mediante la separación de funciones entre regulación y operación.
- Las leyes garantizan un marco jurídico sólido, otorgando atribuciones claras a cada entidad, y responden a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), alineando a Guatemala con estándares internacionales.
La necesidad de reformar la legislación de aviación civil en Guatemala y separar las funciones operativas de las regulatorias, se ha vuelto evidente ante los constantes retrasos y limitaciones en la gestión aeroportuaria.
En perspectiva. El cúmulo de fallas administrativas y la falta de independencia operativa han impactado negativamente en la competitividad del país como destino turístico y de negocios.
- El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) ha experimentado retrasos, incluso, en proyectos tan simples como el reemplazo de escaleras eléctricas y elevadores —adjudicados en mayo de 2023—, pero habilitados hasta febrero de 2025, así como la modernización del sistema de aire acondicionado, que apenas comenzó a ejecutarse.
- Ante estos problemas, a mediados de 2024, el presidente Bernardo Arévalo anunció la presentación de iniciativas de ley para modernizar la DGAC, separando sus funciones normativas, de las operativas.
- Sin embargo, a casi un año de aquel anuncio, la propuesta sigue en revisión.
En el radar. La nueva normativa busca establecer dos entidades autónomas: la Autoridad de Aviación Civil de Guatemala (AACG), encargada de vigilar el cumplimiento de normativas internacionales y sancionar irregularidades en la aviación, y el Operador Aeroportuario de Guatemala (OAG), responsable de administrar y supervisar los aeropuertos y aeródromos públicos. Esta separación permitiría mejorar la seguridad operacional y garantizar que cumplan con los estándares exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
- Según Fernando Suriano, viceministro de Transportes, el proceso de aprobación sigue una ruta definida: “Cada actor involucrado debe emitir su pronunciamiento, luego el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda remite el expediente a la Secretaría General de la Presidencia, y si el presidente está de acuerdo con las propuestas, ejercer su derecho de iniciativa de ley ante Congreso”.
- El financiamiento de ambas entidades provendrá de fondos privativos, impuestos específicos y aportes estatales. El 67 % del impuesto de salida por vía aérea se destinará al OAG para garantizar el mantenimiento y modernización de la infraestructura. Además, la AACG recibirá el 30 % de los ingresos del operador, permitiendo una supervisión efectiva del sector aeronáutico.
- También se contempla un régimen laboral especializado y modalidades de contratación con excepciones en la Ley de Contrataciones del Estado, asegurando respuestas ágiles ante emergencias o falta de proveedores nacionales.
Lo indispensable. Suriano subrayó la relevancia de la participación del sector privado, promoviendo la creación de un Consejo Consultivo para que actores clave contribuyan con su experiencia en la gestión aeroportuaria.
- “Sabemos que los actores privados conocen el día a día en las operaciones como usuarios y como integrantes del sistema aeronáutico de Guatemala”, afirmó.
- La AACG regulará y supervisará el transporte aéreo, asegurando el cumplimiento de normativas y sancionando infracciones.
- El (OAG) administrará los aeropuertos y aeródromos públicos y los servicios de navegación aérea. Su sostenibilidad financiera dependerá de impuestos específicos y aportes estatales, incluyendo el 100 % del impuesto de gasolina de aviación.
Lo que sigue. Esta reforma busca consolidar una institucionalidad más eficiente mediante la separación de funciones entre regulación y operación.
- Las leyes garantizan un marco jurídico sólido, otorgando atribuciones claras a cada entidad, y responden a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), alineando a Guatemala con estándares internacionales.
