EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El acceso a la electricidad sigue siendo una deuda pendiente en Guatemala. Más de 344 000 familias no cuentan con el servicio, principalmente en Alta Verapaz, Petén, Baja Verapaz e Izabal, donde la cobertura no supera el 60 %. Aunque el sistema cuenta con muchos agentes privados —generación, transmisión y distribución—, la responsabilidad de cerrar la brecha recae en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como ente rector de la política pública, así como el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), como el ejecutor.
El sector está conformado por más de 125 generadores que alimentan la red, diez empresas manejan el transporte y transformación, y tres distribuidoras principales —junto a 14 municipales— que prestan el servicio final. El Estado no participa directamente en la distribución, lo que ha generado confusión sobre quién responde por la falta de cobertura en zonas rurales.
El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, declaró que “el Estado no presta el servicio final, pero sí garantiza que la energía no falte”. Explicó que la universalización depende de la capacidad institucional para coordinar planes, atraer inversiones y fiscalizar proyectos.
En ese marco, tres procesos concentran la atención: la licitación PEG-5 (generación), la PET-3 (transmisión) y la expansión de la electrificación rural, liderada por el INDE. Se estima que en conjunto podrían atraer más de USD 4000M en inversión.
Sin embargo, el antecedente de la licitación de 2015 —con avances limitados tras una década— muestra que el éxito no depende solo de los operadores privados, sino de una gestión estatal eficaz y sostenida.
La PEG-5, impulsada por ENERGUATE y la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), busca contratar 1400 megavatios (MW) por 15 años, con contratos que iniciarían entre 2030 y 2033. Es considerada estratégica para garantizar el suministro a largo plazo y responder al acelerado crecimiento de la demanda, que pasó de 3.5 % a 6 % anual, solo en la distribuidora mencionada.
En paralelo, el MEM enfrenta otros retos. Consultado por República sobre la vacancia en el Viceministerio de Energía, tras cinco meses de detención de Luis Pacheco; Ventura respondió: “Estamos en los plazos que marca la ley, entiendo que son seis meses y esperamos que sean esos seis meses de vuelta con los del ministro Pacheco […] en caso contrario, hablaremos con el presidente para confirmar”.
El presidente Bernardo Arévalo, por su parte, anunció que definirá su postura sobre el decreto 7-2025 “antes de la fecha límite” del 6 de octubre.
En la conferencia semanal, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, evitó pronunciarse sobre el estado de las carreteras. Ante cuestionamientos sobre una posible solicitud de renuncia por parte del Congreso, aseguró que asistirá a la instancia de jefes de bloque y “dará la cara”, limitándose a decir: “Lo más importante en este momento es que estamos trabajando para el país”.
Agenda presidencial
- Martes 30 y miércoles 1 Se retoma la gira “A Tu Tierra” en Petén
El acceso a la electricidad sigue siendo una deuda pendiente en Guatemala. Más de 344 000 familias no cuentan con el servicio, principalmente en Alta Verapaz, Petén, Baja Verapaz e Izabal, donde la cobertura no supera el 60 %. Aunque el sistema cuenta con muchos agentes privados —generación, transmisión y distribución—, la responsabilidad de cerrar la brecha recae en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como ente rector de la política pública, así como el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), como el ejecutor.
El sector está conformado por más de 125 generadores que alimentan la red, diez empresas manejan el transporte y transformación, y tres distribuidoras principales —junto a 14 municipales— que prestan el servicio final. El Estado no participa directamente en la distribución, lo que ha generado confusión sobre quién responde por la falta de cobertura en zonas rurales.
El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, declaró que “el Estado no presta el servicio final, pero sí garantiza que la energía no falte”. Explicó que la universalización depende de la capacidad institucional para coordinar planes, atraer inversiones y fiscalizar proyectos.
En ese marco, tres procesos concentran la atención: la licitación PEG-5 (generación), la PET-3 (transmisión) y la expansión de la electrificación rural, liderada por el INDE. Se estima que en conjunto podrían atraer más de USD 4000M en inversión.
Sin embargo, el antecedente de la licitación de 2015 —con avances limitados tras una década— muestra que el éxito no depende solo de los operadores privados, sino de una gestión estatal eficaz y sostenida.
La PEG-5, impulsada por ENERGUATE y la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), busca contratar 1400 megavatios (MW) por 15 años, con contratos que iniciarían entre 2030 y 2033. Es considerada estratégica para garantizar el suministro a largo plazo y responder al acelerado crecimiento de la demanda, que pasó de 3.5 % a 6 % anual, solo en la distribuidora mencionada.
En paralelo, el MEM enfrenta otros retos. Consultado por República sobre la vacancia en el Viceministerio de Energía, tras cinco meses de detención de Luis Pacheco; Ventura respondió: “Estamos en los plazos que marca la ley, entiendo que son seis meses y esperamos que sean esos seis meses de vuelta con los del ministro Pacheco […] en caso contrario, hablaremos con el presidente para confirmar”.
El presidente Bernardo Arévalo, por su parte, anunció que definirá su postura sobre el decreto 7-2025 “antes de la fecha límite” del 6 de octubre.
En la conferencia semanal, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, evitó pronunciarse sobre el estado de las carreteras. Ante cuestionamientos sobre una posible solicitud de renuncia por parte del Congreso, aseguró que asistirá a la instancia de jefes de bloque y “dará la cara”, limitándose a decir: “Lo más importante en este momento es que estamos trabajando para el país”.
Agenda presidencial
- Martes 30 y miércoles 1 Se retoma la gira “A Tu Tierra” en Petén
