EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El ascenso de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla al poder en Guatemala representó, para sus votantes, una promesa de renovación: un gobierno limpio, transparente y alejado —supuestamente— de las prácticas corruptas que han plagado al país durante décadas. Sin embargo, a menos de dos años de su mandato, una serie de escándalos han erosionado esa imagen, revelando patrones de opacidad, nepotismo y negligencia —o franca incapacidad— que recuerdan a administraciones anteriores. Estos incidentes no solo han generado indignación ciudadana, sino que cuestionan si el cambio fue real o mera retórica electoral.
Uno de los primeros tropiezos ocurrió con la remoción de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide, en abril de 2024, quien fue destituida tras revelarse que su hija utilizaba indebidamente vehículos y seguridad oficial, lo que desató una discusión pública entre el presidente y la vicepresidenta. Más allá del uso indebido, desnudó la realidad de la dinámica del “binomio” presidencial, lo que marcó el tono de un gobierno propenso a conflictos por falta de control ético.
Poco después, en mayo de 2024, Arévalo cambió a la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por realizar pagos a contratistas, presuntamente, sin la aprobación presidencial. Se reveló que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, buscaba centralizar el control de estos desembolsos con inconfesadas intenciones.
Otro fiasco fue el desastroso manejo del socavón del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, en junio de 2024; los trabajos se extendieron varios meses y con costos que superaron, por mucho, las estimaciones iniciales. La ciudadanía criticó con sobrada razón la lentitud y la falta de transparencia en los contratos, que generaron sobrecostos y afectaron el comercio y el turismo.
Los contratos dirigidos han sido un cáncer recurrente. En julio de este año, el Ministerio de Gobernación adjudicó GTQ 84M para la compra de 10 000 armas a una empresa propiedad de hermanos de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso. Posteriormente, se sumaron GTQ 55M para fusiles a la misma firma, algo que está bajo investigación del Ministerio Público por posibles conflictos de interés.
En el Ministerio de Defensa, se detectaron compras sobrevaloradas de maquinaria pesada por GTQ 166M, favoreciendo a proveedores con vínculos políticos, lo que levantó sospechas de corrupción. Similarmente, en las empresas portuarias nacionales, se adjudicaron contratos millonarios a un puñado de proveedores, optando por opciones más caras y sobrevaloradas, generando retrasos y sobrecostos que afectan la competitividad económica.
La seguridad pública también ha sido un flanco débil. En octubre, se descubrió que 20 peligrosos reos de la pandilla Barrio 18 escaparon de la prisión Fraijanes II, lo que derivó en la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y otros altos funcionarios. El incidente expuso fallas graves en el sistema penitenciario. Pocos días después, se reportó el robo de un arsenal en el Comando Aéreo del Norte en Petén: decenas de fusiles, miles de municiones y accesorios, con cuatro militares capturados, incluyendo un coronel, por presunta complicidad.
Otros sucesos han avivado la indignación. En marzo de 2025, el diputado oficialista Samuel Pérez Álvarez se vio involucrado en un confuso accidente vehicular, de madrugada, presuntamente bajo efectos de alcohol; no se le realizó prueba de alcoholemia, lo que generó acusaciones de encubrimiento.
A pesar de haberse vendido como algo distinto, el gobierno de Movimiento Semilla ya sea por negligencia o por diseño, ha resultado ser muy parecido a los anteriores: plagado de opacidad, favoritismos y fallas que minan la confianza ciudadana. Guatemala merece más que promesas; exige un verdadero cambio, no más de lo mismo.
El ascenso de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla al poder en Guatemala representó, para sus votantes, una promesa de renovación: un gobierno limpio, transparente y alejado —supuestamente— de las prácticas corruptas que han plagado al país durante décadas. Sin embargo, a menos de dos años de su mandato, una serie de escándalos han erosionado esa imagen, revelando patrones de opacidad, nepotismo y negligencia —o franca incapacidad— que recuerdan a administraciones anteriores. Estos incidentes no solo han generado indignación ciudadana, sino que cuestionan si el cambio fue real o mera retórica electoral.
Uno de los primeros tropiezos ocurrió con la remoción de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide, en abril de 2024, quien fue destituida tras revelarse que su hija utilizaba indebidamente vehículos y seguridad oficial, lo que desató una discusión pública entre el presidente y la vicepresidenta. Más allá del uso indebido, desnudó la realidad de la dinámica del “binomio” presidencial, lo que marcó el tono de un gobierno propenso a conflictos por falta de control ético.
Poco después, en mayo de 2024, Arévalo cambió a la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por realizar pagos a contratistas, presuntamente, sin la aprobación presidencial. Se reveló que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, buscaba centralizar el control de estos desembolsos con inconfesadas intenciones.
Otro fiasco fue el desastroso manejo del socavón del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, en junio de 2024; los trabajos se extendieron varios meses y con costos que superaron, por mucho, las estimaciones iniciales. La ciudadanía criticó con sobrada razón la lentitud y la falta de transparencia en los contratos, que generaron sobrecostos y afectaron el comercio y el turismo.
Los contratos dirigidos han sido un cáncer recurrente. En julio de este año, el Ministerio de Gobernación adjudicó GTQ 84M para la compra de 10 000 armas a una empresa propiedad de hermanos de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso. Posteriormente, se sumaron GTQ 55M para fusiles a la misma firma, algo que está bajo investigación del Ministerio Público por posibles conflictos de interés.
En el Ministerio de Defensa, se detectaron compras sobrevaloradas de maquinaria pesada por GTQ 166M, favoreciendo a proveedores con vínculos políticos, lo que levantó sospechas de corrupción. Similarmente, en las empresas portuarias nacionales, se adjudicaron contratos millonarios a un puñado de proveedores, optando por opciones más caras y sobrevaloradas, generando retrasos y sobrecostos que afectan la competitividad económica.
La seguridad pública también ha sido un flanco débil. En octubre, se descubrió que 20 peligrosos reos de la pandilla Barrio 18 escaparon de la prisión Fraijanes II, lo que derivó en la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y otros altos funcionarios. El incidente expuso fallas graves en el sistema penitenciario. Pocos días después, se reportó el robo de un arsenal en el Comando Aéreo del Norte en Petén: decenas de fusiles, miles de municiones y accesorios, con cuatro militares capturados, incluyendo un coronel, por presunta complicidad.
Otros sucesos han avivado la indignación. En marzo de 2025, el diputado oficialista Samuel Pérez Álvarez se vio involucrado en un confuso accidente vehicular, de madrugada, presuntamente bajo efectos de alcohol; no se le realizó prueba de alcoholemia, lo que generó acusaciones de encubrimiento.
A pesar de haberse vendido como algo distinto, el gobierno de Movimiento Semilla ya sea por negligencia o por diseño, ha resultado ser muy parecido a los anteriores: plagado de opacidad, favoritismos y fallas que minan la confianza ciudadana. Guatemala merece más que promesas; exige un verdadero cambio, no más de lo mismo.
