La reconfiguración de rutas por la expansión de drogas sintéticas ha sido un problema de primera instancia durante los últimos años. El alquiler de soberanías locales mediante corrupción y clientelismo, particularmente bajo gobiernos de izquierda, han llamado la atención de los Estados Unidos y su nueva política de seguridad internacional. El resultado ha sido un mapa político donde la disputa se da por el control del Estado como infraestructura de la cadena criminal.
En perspectiva. En Guatemala, la CICIG, mostró un marco de presión transnacional envuelto en alegatos anticorrupción, pero fue “amigable” al verdadero “pecado original de la política” —como el propio Iván Velásquez le catalogó—: el narco.
- Según el último informe del organismo, el 75 % del financiamiento electoral provenía del narcotráfico y contratistas del Estado —cercanos al narcotráfico, lavado de activos y otras actividades ilícitas—.
- A pesar de ello, la persecución penal se dio de manera asimétrica y estratégicamente contra el sector productivo, sin el intento de perseguir estructuras criminales. Velásquez “perdonó” al narco.
Lo indispensable. Washington ha virado hacia una postura más dura y visible en contra del narcotráfico en materia de política exterior.
- La Casa Blanca impulsó la presión diplomática con ataques contra lanchas rápidas saliendo de Venezuela.
- El Tesoro estadounidense amplió sanciones sobre facciones del Cártel de Sinaloa y políticos supuestamente ligados a este.
- Más países se han sumado a la iniciativa de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista, alineándose con políticas estadounidenses de una narrativa de combate frontal contra el narcotráfico.
Entre líneas. La izquierda ha permitido un severo incremento en el narcotráfico de la región a través de los últimos años.
- EE. UU. recientemente descertificó a Colombia como cooperador en la lucha contra el narcotráfico debido a un alza en el cultivo, producción y tráfico de coca, en gran medida, bajo la gestión ministerial de Velásquez en la cartera de Defensa.
- Los sucesivos estados de excepción decretados por Xiomara Castro desde diciembre de 2022 y prorrogados en 2025 fueron desvelados como fachada, después de que Honduras fuera designada como puente aéreo de narcotráfico.
- Según la DEA, la mayor parte del fentanilo con destino a EE. UU. se fabrica en México —con un auge exponencial en el gobierno de AMLO— herencia que ha recibido Sheinbaum.
En conclusión. Se ha dado un gran incremento del narcotráfico bajo varios gobiernos de izquierda.
- Sus políticas han creado una ventana de oportunidad para captura de instancia institucional y judicial a través de dinero del narcotráfico.
- La presión diplomática, sin embargo, pretende revertir esa tendencia, contrarrestando la expansión de la izquierda y sus vínculos con la creciente producción y logística del narcomenudeo.
La reconfiguración de rutas por la expansión de drogas sintéticas ha sido un problema de primera instancia durante los últimos años. El alquiler de soberanías locales mediante corrupción y clientelismo, particularmente bajo gobiernos de izquierda, han llamado la atención de los Estados Unidos y su nueva política de seguridad internacional. El resultado ha sido un mapa político donde la disputa se da por el control del Estado como infraestructura de la cadena criminal.
En perspectiva. En Guatemala, la CICIG, mostró un marco de presión transnacional envuelto en alegatos anticorrupción, pero fue “amigable” al verdadero “pecado original de la política” —como el propio Iván Velásquez le catalogó—: el narco.
- Según el último informe del organismo, el 75 % del financiamiento electoral provenía del narcotráfico y contratistas del Estado —cercanos al narcotráfico, lavado de activos y otras actividades ilícitas—.
- A pesar de ello, la persecución penal se dio de manera asimétrica y estratégicamente contra el sector productivo, sin el intento de perseguir estructuras criminales. Velásquez “perdonó” al narco.
Lo indispensable. Washington ha virado hacia una postura más dura y visible en contra del narcotráfico en materia de política exterior.
- La Casa Blanca impulsó la presión diplomática con ataques contra lanchas rápidas saliendo de Venezuela.
- El Tesoro estadounidense amplió sanciones sobre facciones del Cártel de Sinaloa y políticos supuestamente ligados a este.
- Más países se han sumado a la iniciativa de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista, alineándose con políticas estadounidenses de una narrativa de combate frontal contra el narcotráfico.
Entre líneas. La izquierda ha permitido un severo incremento en el narcotráfico de la región a través de los últimos años.
- EE. UU. recientemente descertificó a Colombia como cooperador en la lucha contra el narcotráfico debido a un alza en el cultivo, producción y tráfico de coca, en gran medida, bajo la gestión ministerial de Velásquez en la cartera de Defensa.
- Los sucesivos estados de excepción decretados por Xiomara Castro desde diciembre de 2022 y prorrogados en 2025 fueron desvelados como fachada, después de que Honduras fuera designada como puente aéreo de narcotráfico.
- Según la DEA, la mayor parte del fentanilo con destino a EE. UU. se fabrica en México —con un auge exponencial en el gobierno de AMLO— herencia que ha recibido Sheinbaum.
En conclusión. Se ha dado un gran incremento del narcotráfico bajo varios gobiernos de izquierda.
- Sus políticas han creado una ventana de oportunidad para captura de instancia institucional y judicial a través de dinero del narcotráfico.
- La presión diplomática, sin embargo, pretende revertir esa tendencia, contrarrestando la expansión de la izquierda y sus vínculos con la creciente producción y logística del narcomenudeo.