El asesinato de Miguel Uribe Turbay evidencia el fracaso de un gobierno que prometió la Paz Total, pero que encamina a Colombia de vuelta al terror.
En perspectiva. Tras dos meses luchando por su vida, Miguel Uribe Turbay falleció en horas de la madrugada del día de ayer. El exsenador fue abatido por un sicario mientras daba un discurso público en Bogotá, en el marco de su precampaña presidencial.
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Uribe Turbay era uno de los principales favoritos de la oposición para los comicios presidenciales de 2026.
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Hasta la fecha, fueron detenidos seis presuntos implicados, entre ellos un menor de edad, que habría sido el sicario.
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De momento, sigue sin esclarecerse el móvil del magnicidio.
Por qué importa. Miguel Uribe Turbay fue uno de los mayores críticos del presidente Petro y de su desastrosa administración, a un año de las elecciones donde se espera que el presidente —y la izquierda en general— pierdan. Solamente unos días antes del atentado, Uribe había pedido que se investigara el posible involucramiento de Petro en una estructura de sobornos para aprobar sus reformas desde el legislativo.
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A pesar de que el abogado del exsenador presentara más de 20 solicitudes para fortalecer el detalle de seguridad de Uribe, estas no fueron atendidas por el gobierno e, incluso, el día del atentado, su seguridad se redujo de siete a solamente tres escoltas.
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El sicario identificado portaba un arma legalmente adquirida en EE. UU. e ingresada al territorio colombiano y tampoco se detectó su amenaza durante el discurso, por lo que el asesino pudo acercarse a una corta distancia del candidato para dispararle.
Visto y no visto. Tanto los hechos que llevaron al asesinato como el manejo posterior del caso han sido producto de la negligencia e incompetencia del gobierno de Petro. El pasado 29 de julio, abandonó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) otro menor de edad que, solo cuatro días antes, se había entregado a las autoridades para colaborar en la investigación, afirmando haber estado involucrado en el asesinato.
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El menor no se encontraba detenido y pudo abandonar el ICBF, ya que la Fiscalía, dirigida por Luz Adriana Camargo, no presentó acusación en su contra.
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El supuesto implicado debía presentarse esa misma semana a un segundo interrogatorio, en el cual iba a ampliar sobre los actores intelectuales y otros detalles aun sin esclarecer del caso.
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Al presunto sicario se le permitió marcharse por tener un “restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado”, comprometiendo así el esclarecimiento del móvil del magnicidio y quiénes fueron sus autores intelectuales.
En conclusión. El gobierno de Petro no solo fracasó en su proceso de apaciguamiento de las estructuras guerrilleras, sino que, más bien, las empoderó; ahora controlan más territorio que antes de la administración petrista. Por otro lado, la lucha contra el narcotráfico también ha sufrido un fuerte retroceso durante su presidencia, erradicando un 71 % menos de hectáreas de cultivos ilícitos.
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Bajo el liderazgo de Iván Velásquez en el Ministerio de la Defensa, se reemplazó la política de mano dura militar de los presidentes Uribe y Duque.
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Como resultado, hoy en Colombia hay más secuestros y extorsiones, masacres persistentes, desplazamientos y confinamientos al alza, mayor presencia territorial del crimen organizado, un boom en la producción de cocaína y el regreso de los atentados políticos.
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El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay es un crimen reprochable y grotesco, que solo ha sido posible por la negligencia de un gobierno que ha llevado a Colombia de vuelta a los tiempos del terror de los años 80-90.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay evidencia el fracaso de un gobierno que prometió la Paz Total, pero que encamina a Colombia de vuelta al terror.
En perspectiva. Tras dos meses luchando por su vida, Miguel Uribe Turbay falleció en horas de la madrugada del día de ayer. El exsenador fue abatido por un sicario mientras daba un discurso público en Bogotá, en el marco de su precampaña presidencial.
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Uribe Turbay era uno de los principales favoritos de la oposición para los comicios presidenciales de 2026.
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De momento, sigue sin esclarecerse el móvil del magnicidio.
Por qué importa. Miguel Uribe Turbay fue uno de los mayores críticos del presidente Petro y de su desastrosa administración, a un año de las elecciones donde se espera que el presidente —y la izquierda en general— pierdan. Solamente unos días antes del atentado, Uribe había pedido que se investigara el posible involucramiento de Petro en una estructura de sobornos para aprobar sus reformas desde el legislativo.
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A pesar de que el abogado del exsenador presentara más de 20 solicitudes para fortalecer el detalle de seguridad de Uribe, estas no fueron atendidas por el gobierno e, incluso, el día del atentado, su seguridad se redujo de siete a solamente tres escoltas.
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El sicario identificado portaba un arma legalmente adquirida en EE. UU. e ingresada al territorio colombiano y tampoco se detectó su amenaza durante el discurso, por lo que el asesino pudo acercarse a una corta distancia del candidato para dispararle.
Visto y no visto. Tanto los hechos que llevaron al asesinato como el manejo posterior del caso han sido producto de la negligencia e incompetencia del gobierno de Petro. El pasado 29 de julio, abandonó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) otro menor de edad que, solo cuatro días antes, se había entregado a las autoridades para colaborar en la investigación, afirmando haber estado involucrado en el asesinato.
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El menor no se encontraba detenido y pudo abandonar el ICBF, ya que la Fiscalía, dirigida por Luz Adriana Camargo, no presentó acusación en su contra.
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El supuesto implicado debía presentarse esa misma semana a un segundo interrogatorio, en el cual iba a ampliar sobre los actores intelectuales y otros detalles aun sin esclarecer del caso.
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Al presunto sicario se le permitió marcharse por tener un “restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado”, comprometiendo así el esclarecimiento del móvil del magnicidio y quiénes fueron sus autores intelectuales.
En conclusión. El gobierno de Petro no solo fracasó en su proceso de apaciguamiento de las estructuras guerrilleras, sino que, más bien, las empoderó; ahora controlan más territorio que antes de la administración petrista. Por otro lado, la lucha contra el narcotráfico también ha sufrido un fuerte retroceso durante su presidencia, erradicando un 71 % menos de hectáreas de cultivos ilícitos.
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Bajo el liderazgo de Iván Velásquez en el Ministerio de la Defensa, se reemplazó la política de mano dura militar de los presidentes Uribe y Duque.
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Como resultado, hoy en Colombia hay más secuestros y extorsiones, masacres persistentes, desplazamientos y confinamientos al alza, mayor presencia territorial del crimen organizado, un boom en la producción de cocaína y el regreso de los atentados políticos.
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El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay es un crimen reprochable y grotesco, que solo ha sido posible por la negligencia de un gobierno que ha llevado a Colombia de vuelta a los tiempos del terror de los años 80-90.