EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: A más de un año de haberse “destapado” el escándalo de la falsificación de firmas para la conformación del partido Movimiento Semilla, nada está definido. Y eso es, en buena medida, lo que nos tiene como estamos.
En las postrimerías del 2024, es oportuno hacer un repaso de cómo llegamos acá —políticamente hablando— en Guatemala.
Más allá de las preocupaciones más cercanas de los ciudadanos —inseguridad, falta de empleo, alto costo de la vida— está, sin duda, el de la lucha en contra de la corrupción. Esta última, como las anteriores, tarea muy pendiente del Estado.
Un eje transversal en todo ello es la falta de institucionalidad —o la débil institucionalidad— rampante en el país. Es por ello por lo que las mafias encuentran terreno fértil para plantar la semilla de la corrupción y de la cooptación. En otras latitudes, una fuerte institucionalidad es un buen parapeto contra la corrupción, aunque no infalible. Lo que pasa es que en el Estado guatemalteco pareciese que no solo no oponen resistencia a ello, sino que se invitan y se promueve.
La falsificación de firmas aludida no es un hecho controvertido, sino reconocido por el propio presidente —y secretario general del partido— Bernardo Arévalo. Luego de que un ciudadano denunciara la inclusión de su firma sin su consentimiento para la conformación de Semilla, Arévalo presentó su propia denuncia en ese sentido. Claro, él culpa a otros de lo que es responsabilidad legal del partido y de sus representantes. El asunto es que eso, la génesis de este embrollo político-judicial no ha sido esclarecida; por el Ministerio Público, pero tampoco por Semilla. Arévalo simplemente hizo las de Pilato.
De tenerse certeza de “qué pasó ahí”, la población podría tener más claridad sobre el resto de las acciones y sucesos que parecen entretejidos, pero que no necesariamente lo están. Puntualmente, una muy dudosa relación entre la falsificación de firmas, la —obviamente— sobrevalorada adquisición de programas informáticos por parte de la autoridad electoral, y un supuesto fraude. Si tan solo se hubiese aclarado lo primero, lo sucesivo estaría claro, en un sentido u otro. Pero no.
Haciendo zoom en la falsificación, eso debiese haber sido un indicio de lo que Semilla sería en el poder. Por un lado, el Ejecutivo le echa culpas a Raymundo y medio mundo de lo que es su responsabilidad —como ocurrió con la denuncia de Arévalo—, y por el otro, Semilla del Legislativo, es capaz de pactar con el mismísimo diablo con tal de conseguir sus propósitos —por egoístas que sean— tal como ocurrió con la repartición de miles de millones de quetzales del presupuesto, para pasar leyes en beneficio propio.
Se falsificaron firmas para constituir Semilla y los responsables deben responder; eso no es persecución política, eso es rendición de cuentas. ¿Quién podría estar en contra de rendir cuentas? Pues solamente los responsables, los que saben que deben pagar.
A más de un año de haberse “destapado” el escándalo de la falsificación de firmas para la conformación del partido Movimiento Semilla, nada está definido. Y eso es, en buena medida, lo que nos tiene como estamos.
En las postrimerías del 2024, es oportuno hacer un repaso de cómo llegamos acá —políticamente hablando— en Guatemala.
Más allá de las preocupaciones más cercanas de los ciudadanos —inseguridad, falta de empleo, alto costo de la vida— está, sin duda, el de la lucha en contra de la corrupción. Esta última, como las anteriores, tarea muy pendiente del Estado.
Un eje transversal en todo ello es la falta de institucionalidad —o la débil institucionalidad— rampante en el país. Es por ello por lo que las mafias encuentran terreno fértil para plantar la semilla de la corrupción y de la cooptación. En otras latitudes, una fuerte institucionalidad es un buen parapeto contra la corrupción, aunque no infalible. Lo que pasa es que en el Estado guatemalteco pareciese que no solo no oponen resistencia a ello, sino que se invitan y se promueve.
La falsificación de firmas aludida no es un hecho controvertido, sino reconocido por el propio presidente —y secretario general del partido— Bernardo Arévalo. Luego de que un ciudadano denunciara la inclusión de su firma sin su consentimiento para la conformación de Semilla, Arévalo presentó su propia denuncia en ese sentido. Claro, él culpa a otros de lo que es responsabilidad legal del partido y de sus representantes. El asunto es que eso, la génesis de este embrollo político-judicial no ha sido esclarecida; por el Ministerio Público, pero tampoco por Semilla. Arévalo simplemente hizo las de Pilato.
De tenerse certeza de “qué pasó ahí”, la población podría tener más claridad sobre el resto de las acciones y sucesos que parecen entretejidos, pero que no necesariamente lo están. Puntualmente, una muy dudosa relación entre la falsificación de firmas, la —obviamente— sobrevalorada adquisición de programas informáticos por parte de la autoridad electoral, y un supuesto fraude. Si tan solo se hubiese aclarado lo primero, lo sucesivo estaría claro, en un sentido u otro. Pero no.
Haciendo zoom en la falsificación, eso debiese haber sido un indicio de lo que Semilla sería en el poder. Por un lado, el Ejecutivo le echa culpas a Raymundo y medio mundo de lo que es su responsabilidad —como ocurrió con la denuncia de Arévalo—, y por el otro, Semilla del Legislativo, es capaz de pactar con el mismísimo diablo con tal de conseguir sus propósitos —por egoístas que sean— tal como ocurrió con la repartición de miles de millones de quetzales del presupuesto, para pasar leyes en beneficio propio.
Se falsificaron firmas para constituir Semilla y los responsables deben responder; eso no es persecución política, eso es rendición de cuentas. ¿Quién podría estar en contra de rendir cuentas? Pues solamente los responsables, los que saben que deben pagar.
