EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El “caso B410” es uno de los más grandes de defraudación tributaria en el país; las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estiman una facturación "sin sustancia económica" equivalente a GTQ 517M distribuida en una red compuesta por 410 empresas.
- En el corazón de esta estructura de defraudación se encuentra el abogado Francisco David Barrera Maldonado, quien figura como el representante legal de las entidades involucradas.
- La actividad de estas empresas era tal, que al menos 16 de las señaladas se posicionaban como algunos de los mayores proveedores del Estado.
- De acuerdo con la SAT –debido a la presentación de amparos, protección de los tribunales y retrasos en la investigación del Ministerio Público– hasta el momento, no se han girado órdenes de captura u otras acciones penales. Esto ha permitido que algunas compañías de la estructura continúen como proveedores del Estado.
Cómo funciona. Según el portal de GUATECOMPRAS, el abogado Barrera Maldonado está registrado como representante legal de 320 empresas, de las cuales, 19 han recibido adjudicaciones.
- El valor total recibido por estas es de GTQ 89M y sigue aumentando, ya que, incluso después de la denuncia, continúan proveyendo servicios a diferentes entidades gubernamentales.
- Un elemento que comparten estas empresas es que la mayor parte de los bienes y servicios vendidos al Estado se ha realizado por medio de la modalidad de compra directa o compra de baja cuantía, lo que sugiere una estrategia de fraccionamiento, con el fin de evadir los mecanismos de fiscalización del gasto.
- Asimismo, algunas de estas empresas se posicionan como las favoritas de determinadas entidades estatales, dado que únicamente proveen bienes y servicios para estas instituciones.
Qué destacar. Entre las empresas representadas por Barrera, Grupo Basado, S.A., es la que más factura. Únicamente en dos años registra un ingreso por más de GTQ 78M en adjudicaciones, GTQ 43M en 2023 y GTQ 34M en 2024.
- Todas esas compras han sido del Ministerio de Gobernación (MINGOB) en el reglón de alimentos, de acuerdo con GUATECOMPRAS.
- Adicionalmente, la representación legal de esta empresa y otra más: Puertos Libres de Guatemala, S.A., la comparte con Eden Armando Hernández Pérez, quien también figura como representante legal de la empresa Publicidad Aliada, S.A.
- Los registros indican que Publicidad Aliada fue constituida el 17 de enero de 2024, dos días después de la toma de posesión del gobierno del presidente Bernardo Arévalo; únicamente ha recibido una adjudicación por GTQ 84 000 por un servicio de publicidad para el MINGOB. Cabe destacar que esta oferta era la más cara de las cuatro que se presentaron al concurso.
Visto y no visto. Otra entidad que se vincula con Barrera y que continúa lucrando pese al caso de defraudación, es Ubick, S.A., que aparece como una de las “elegidas” del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
- En cuatro adjudicaciones estatales, la empresa ha recibido GTQ 201 000, dos en el 2023 y dos en el 2024. Llama la atención que todos estos procesos se hicieron siguiendo la subasta electrónica inversa, el cual es un proceso que únicamente se emplea de manera excepcional.
- Asimismo, la empresa Corporación I.T.C., S.A., que ha acumulado GTQ 7M desde que empezó a vender al Estado en 2009, sigue facturando en 2024 por la provisión de servicios al INAB. La mayor parte se concentran en los años 2013, 2014 y 2015.
El balance. Es cuestionable que personas que han sido señaladas de liderar una de las estructuras más grandes de defraudación, continúen lucrando mediante la provisión de servicios al Estado.
- Según las últimas declaraciones del Superintendente, Marco Livio Díaz, esta investigación continuará, al menos, por un año más. No obstante, es necesario que se tomen las acciones urgentes para evitar que estas empresas sigan lucrando a costa de los recursos estatales.
- De lo contrario, el propio gobierno seguiría alimentando la actividad ilícita –cómplice– de la estructura y sus representantes legales.
- Cabe destacar que los registros descritos en esta nota periodística solo incluyen contrataciones con el Estado, registrados por GUATECOMPRAS. No están a la vista los negocios que las 410 empresas realizan en sus operaciones privadas.
El “caso B410” es uno de los más grandes de defraudación tributaria en el país; las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estiman una facturación "sin sustancia económica" equivalente a GTQ 517M distribuida en una red compuesta por 410 empresas.
- En el corazón de esta estructura de defraudación se encuentra el abogado Francisco David Barrera Maldonado, quien figura como el representante legal de las entidades involucradas.
- La actividad de estas empresas era tal, que al menos 16 de las señaladas se posicionaban como algunos de los mayores proveedores del Estado.
- De acuerdo con la SAT –debido a la presentación de amparos, protección de los tribunales y retrasos en la investigación del Ministerio Público– hasta el momento, no se han girado órdenes de captura u otras acciones penales. Esto ha permitido que algunas compañías de la estructura continúen como proveedores del Estado.
Cómo funciona. Según el portal de GUATECOMPRAS, el abogado Barrera Maldonado está registrado como representante legal de 320 empresas, de las cuales, 19 han recibido adjudicaciones.
- El valor total recibido por estas es de GTQ 89M y sigue aumentando, ya que, incluso después de la denuncia, continúan proveyendo servicios a diferentes entidades gubernamentales.
- Un elemento que comparten estas empresas es que la mayor parte de los bienes y servicios vendidos al Estado se ha realizado por medio de la modalidad de compra directa o compra de baja cuantía, lo que sugiere una estrategia de fraccionamiento, con el fin de evadir los mecanismos de fiscalización del gasto.
- Asimismo, algunas de estas empresas se posicionan como las favoritas de determinadas entidades estatales, dado que únicamente proveen bienes y servicios para estas instituciones.
Qué destacar. Entre las empresas representadas por Barrera, Grupo Basado, S.A., es la que más factura. Únicamente en dos años registra un ingreso por más de GTQ 78M en adjudicaciones, GTQ 43M en 2023 y GTQ 34M en 2024.
- Todas esas compras han sido del Ministerio de Gobernación (MINGOB) en el reglón de alimentos, de acuerdo con GUATECOMPRAS.
- Adicionalmente, la representación legal de esta empresa y otra más: Puertos Libres de Guatemala, S.A., la comparte con Eden Armando Hernández Pérez, quien también figura como representante legal de la empresa Publicidad Aliada, S.A.
- Los registros indican que Publicidad Aliada fue constituida el 17 de enero de 2024, dos días después de la toma de posesión del gobierno del presidente Bernardo Arévalo; únicamente ha recibido una adjudicación por GTQ 84 000 por un servicio de publicidad para el MINGOB. Cabe destacar que esta oferta era la más cara de las cuatro que se presentaron al concurso.
Visto y no visto. Otra entidad que se vincula con Barrera y que continúa lucrando pese al caso de defraudación, es Ubick, S.A., que aparece como una de las “elegidas” del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
- En cuatro adjudicaciones estatales, la empresa ha recibido GTQ 201 000, dos en el 2023 y dos en el 2024. Llama la atención que todos estos procesos se hicieron siguiendo la subasta electrónica inversa, el cual es un proceso que únicamente se emplea de manera excepcional.
- Asimismo, la empresa Corporación I.T.C., S.A., que ha acumulado GTQ 7M desde que empezó a vender al Estado en 2009, sigue facturando en 2024 por la provisión de servicios al INAB. La mayor parte se concentran en los años 2013, 2014 y 2015.
El balance. Es cuestionable que personas que han sido señaladas de liderar una de las estructuras más grandes de defraudación, continúen lucrando mediante la provisión de servicios al Estado.
- Según las últimas declaraciones del Superintendente, Marco Livio Díaz, esta investigación continuará, al menos, por un año más. No obstante, es necesario que se tomen las acciones urgentes para evitar que estas empresas sigan lucrando a costa de los recursos estatales.
- De lo contrario, el propio gobierno seguiría alimentando la actividad ilícita –cómplice– de la estructura y sus representantes legales.
- Cabe destacar que los registros descritos en esta nota periodística solo incluyen contrataciones con el Estado, registrados por GUATECOMPRAS. No están a la vista los negocios que las 410 empresas realizan en sus operaciones privadas.
