EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Estado de Guatemala tiene contratos con ocho empresas que se dedican a la exploración, explotación y administración del potencial petrolero del país. Sin embargo, un factor que caracteriza a la mayoría de estas empresas es la deuda que mantienen con el Estado.
- En este sentido, destaca la actividad de la Empresa Petrolera del Itsmo, S.A. (EPI), la que cuenta con un contrato de operaciones petroleras de administración y ejecución para la conservación y producción de las áreas de Rubelsanto, Tierra Blanca, Caribe y Chinajá.
- Este contrato entró en vigor el 28 de julio de 2009 y, dado que tiene un plazo de 25 años o “hasta que se drenen las reservas probadas”, finalizará el 27 de julio de 2034.
- Ahora bien, sus operaciones en el campo han levantado dudas, particularmente con relación a la deuda que mantienen con el Estado, la situación actual del contrato y la cercanía con el mandatario, Bernardo Arévalo.
Los datos. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), EPI adeuda al Estado USD 17 231 549, que se distribuye en cuatro rubros.
- Bajo el concepto de cargos anuales por las hectáreas en explotación (Art. 262, Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos), la empresa adeuda USD 1 636 884, ya que no ha pagado en ninguno de los años en los que ha operado. De igual forma, de los años en los que ha operado, nunca ha pagado los cargos por el concepto de capacitación (Art. 21 Ley de Hidrocarburos) para el desarrollo de las actividades petroleras.
- Ahora bien, las principales deudas se concentran en los rubros de regalías y la participación estatal. En cuanto al pago de regalías (Art. 61 Ley de Hidrocarburos), únicamente han pagado los años entre 2009 hasta 2012 (incluido) y 2017 a 2019 (incluido), por lo que han acumulado una deuda equivalente a USD 2 993 525.
- El rubro adeudado más alto es el correspondiente a la participación estatal (Art. 66 de la Ley de Hidrocarburos), que establece que el Estado tendrá una participación, como mínimo, de un 30 % en cada área de explotación, por lo que el contratista está obligado a pagar por dicha producción. No obstante, EPI, únicamente ha hecho los pagos correspondientes a 2009 y entre los años 2015 a 2020 (incluido), por lo que adeudan un total de USD 11 529 640.
Por qué importa. El contrato administrativo 2-2009 firmado entre Carlos Iván Meany Valerio, exministro de Energía y Minas y Carlos Eduardo Parra Polanco, entonces representante legal de EPI; de acuerdo con las ofertas presentadas y a la evaluación por parte de la Comisión de Calificación, concluyó que EPI era la entidad más conveniente para los intereses del Estado.
- No obstante, la cláusula vigésima segunda contempla las razones por las que se podría terminar el contrato, una de ellas la Terminación no Automática.
- El contrato manifiesta que esta causa de terminación es aplicable cuando existiere “incapacidad financiera […], declaración judicial de quiebre […], por presentación intencional de información falsa […], cuando el contratista incurra reiteradamente en retraso de cualquier pago”.
- Así pues, aunque se desconoce la razón, los datos oficiales reflejan que el contrato de EPI está sujeto a este proceso administrativo.
Entre líneas. Otra interrogante alrededor de las operaciones de EPI —considerando la multimillonaria deuda— se relaciona con la figura del licenciado Rodolfo Sosa de León.
- Fuentes del sector petrolero manifiestan que el licenciado Sosa de León es primo hermano del presidente, Bernardo Arévalo de León.
- Por un lado, el bufete A.D. Sosa & Soto figura como representante de EPI. Por otro lado, el edificio en el que se encuentran las oficinas centrales de la empresa pertenece a Rodolfo Sosa de León.
¿Ahora qué? Aunque se intentó obtener la postura de la EPI, nunca se obtuvo una respuesta al cierre de esta edición.
- Se desconoce las razones por las que se han hecho los pagos por regalías y participación estatal en algunos años y en otros no.
- Asimismo, no se pudo confirmar la relación de EPI con el licenciado Rodolfo Sosa de León.
- Sin embargo, los datos evidencian que la actividad de EPI, más que beneficiosa para el Estado, ha ido en contra de sus intereses, dada la magnitud de la deuda que mantiene.
El Estado de Guatemala tiene contratos con ocho empresas que se dedican a la exploración, explotación y administración del potencial petrolero del país. Sin embargo, un factor que caracteriza a la mayoría de estas empresas es la deuda que mantienen con el Estado.
- En este sentido, destaca la actividad de la Empresa Petrolera del Itsmo, S.A. (EPI), la que cuenta con un contrato de operaciones petroleras de administración y ejecución para la conservación y producción de las áreas de Rubelsanto, Tierra Blanca, Caribe y Chinajá.
- Este contrato entró en vigor el 28 de julio de 2009 y, dado que tiene un plazo de 25 años o “hasta que se drenen las reservas probadas”, finalizará el 27 de julio de 2034.
- Ahora bien, sus operaciones en el campo han levantado dudas, particularmente con relación a la deuda que mantienen con el Estado, la situación actual del contrato y la cercanía con el mandatario, Bernardo Arévalo.
Los datos. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), EPI adeuda al Estado USD 17 231 549, que se distribuye en cuatro rubros.
- Bajo el concepto de cargos anuales por las hectáreas en explotación (Art. 262, Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos), la empresa adeuda USD 1 636 884, ya que no ha pagado en ninguno de los años en los que ha operado. De igual forma, de los años en los que ha operado, nunca ha pagado los cargos por el concepto de capacitación (Art. 21 Ley de Hidrocarburos) para el desarrollo de las actividades petroleras.
- Ahora bien, las principales deudas se concentran en los rubros de regalías y la participación estatal. En cuanto al pago de regalías (Art. 61 Ley de Hidrocarburos), únicamente han pagado los años entre 2009 hasta 2012 (incluido) y 2017 a 2019 (incluido), por lo que han acumulado una deuda equivalente a USD 2 993 525.
- El rubro adeudado más alto es el correspondiente a la participación estatal (Art. 66 de la Ley de Hidrocarburos), que establece que el Estado tendrá una participación, como mínimo, de un 30 % en cada área de explotación, por lo que el contratista está obligado a pagar por dicha producción. No obstante, EPI, únicamente ha hecho los pagos correspondientes a 2009 y entre los años 2015 a 2020 (incluido), por lo que adeudan un total de USD 11 529 640.
Por qué importa. El contrato administrativo 2-2009 firmado entre Carlos Iván Meany Valerio, exministro de Energía y Minas y Carlos Eduardo Parra Polanco, entonces representante legal de EPI; de acuerdo con las ofertas presentadas y a la evaluación por parte de la Comisión de Calificación, concluyó que EPI era la entidad más conveniente para los intereses del Estado.
- No obstante, la cláusula vigésima segunda contempla las razones por las que se podría terminar el contrato, una de ellas la Terminación no Automática.
- El contrato manifiesta que esta causa de terminación es aplicable cuando existiere “incapacidad financiera […], declaración judicial de quiebre […], por presentación intencional de información falsa […], cuando el contratista incurra reiteradamente en retraso de cualquier pago”.
- Así pues, aunque se desconoce la razón, los datos oficiales reflejan que el contrato de EPI está sujeto a este proceso administrativo.
Entre líneas. Otra interrogante alrededor de las operaciones de EPI —considerando la multimillonaria deuda— se relaciona con la figura del licenciado Rodolfo Sosa de León.
- Fuentes del sector petrolero manifiestan que el licenciado Sosa de León es primo hermano del presidente, Bernardo Arévalo de León.
- Por un lado, el bufete A.D. Sosa & Soto figura como representante de EPI. Por otro lado, el edificio en el que se encuentran las oficinas centrales de la empresa pertenece a Rodolfo Sosa de León.
¿Ahora qué? Aunque se intentó obtener la postura de la EPI, nunca se obtuvo una respuesta al cierre de esta edición.
- Se desconoce las razones por las que se han hecho los pagos por regalías y participación estatal en algunos años y en otros no.
- Asimismo, no se pudo confirmar la relación de EPI con el licenciado Rodolfo Sosa de León.
- Sin embargo, los datos evidencian que la actividad de EPI, más que beneficiosa para el Estado, ha ido en contra de sus intereses, dada la magnitud de la deuda que mantiene.
