EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Como va la actual administración del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), atender los requerimientos más básicos —ni hablar de la construcción de obras de infraestructura estratégicas— resulta imposible. En apenas 9 meses, ha habido dos ministros, dos directores de Caminos y tres de COVIAL, sin mencionar —también— la reciente renuncia del viceministro administrativo del CIV, que apunta a haberse apartado de cuestionables procedimientos. Los buenos deseos presidenciales no son suficientes. Se requiere de funcionarios capaces; el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el que no está preparado.
Si uno se aventura a recorrer las arterias que conectan el corazón de Guatemala con sus extremidades, no tardará en descubrir que estas vías, más que enlaces, son testigos silenciosos de años de descuido y corrupción. Las carreteras, que deberían ser las venas por donde fluye el desarrollo económico y social del país, se encuentran en un estado lamentable, afectando no solo el diario vivir de sus habitantes, sino también el potencial turístico y económico de la nación. El mal estado de las carreteras no es un problema nuevo, pero su persistencia es un síntoma de un malestar más profundo: la ineficiencia y la corrupción. En las redes sociales y en las calles, los guatemaltecos expresan su frustración; cada bache es una metáfora de las promesas incumplidas por los sucesivos gobiernos. Las consecuencias son múltiples y graves. En términos económicos, el costo de vida aumenta —como señalan diversos análisis— debido a la mala infraestructura. La producción y el comercio se ven obstaculizados, afectando desde el agricultor que no puede llevar sus productos al mercado sin daños, hasta al turista que reconsidera su visita ante la posibilidad de enfrentarse a caminos casi intransitables. Socialmente, el aislamiento de comunidades, la dificultad en el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, y la sensación de abandono por parte del gobierno central crecen con cada tramo carretero en mal estado. Lo que se requiere no es solo un bacheo, sino una reestructuración completa de cómo se planifican, ejecutan, y mantienen las obras viales. Por eso es por lo que la inminente aprobación la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es la luz al final del túnel.
La participación de toda la sociedad es crucial. La transparencia en el uso de fondos y la ejecución de proyectos debe ser la norma, no la excepción. Ejemplos en la región muestran que, con voluntad política, pero, sobre todo, gestión eficiente —como se observa en algunas iniciativas en países vecinos— es posible transformar la red vial. El desarrollo nacional está intrínsecamente ligado al estado de sus carreteras. Mejorarlas no es solo una cuestión de comodidad, sino de urgencia económica, de seguridad, y de justicia social.
El mal estado de las carreteras en Guatemala se ha convertido en un símbolo del fracaso —hasta ahora— del gobierno de Arévalo en cumplir con uno de los deberes más fundamentales del Estado: asegurar la infraestructura básica para el desarrollo y la seguridad de sus ciudadanos. Los datos de la caída en la aprobación gubernamental dan cuenta de ello. Las palabras y promesas deben traducirse en obras y resultados, algo que parece haber sido olvidado o ignorado por la actual administración.
Como va la actual administración del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), atender los requerimientos más básicos —ni hablar de la construcción de obras de infraestructura estratégicas— resulta imposible. En apenas 9 meses, ha habido dos ministros, dos directores de Caminos y tres de COVIAL, sin mencionar —también— la reciente renuncia del viceministro administrativo del CIV, que apunta a haberse apartado de cuestionables procedimientos. Los buenos deseos presidenciales no son suficientes. Se requiere de funcionarios capaces; el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el que no está preparado.
Si uno se aventura a recorrer las arterias que conectan el corazón de Guatemala con sus extremidades, no tardará en descubrir que estas vías, más que enlaces, son testigos silenciosos de años de descuido y corrupción. Las carreteras, que deberían ser las venas por donde fluye el desarrollo económico y social del país, se encuentran en un estado lamentable, afectando no solo el diario vivir de sus habitantes, sino también el potencial turístico y económico de la nación. El mal estado de las carreteras no es un problema nuevo, pero su persistencia es un síntoma de un malestar más profundo: la ineficiencia y la corrupción. En las redes sociales y en las calles, los guatemaltecos expresan su frustración; cada bache es una metáfora de las promesas incumplidas por los sucesivos gobiernos. Las consecuencias son múltiples y graves. En términos económicos, el costo de vida aumenta —como señalan diversos análisis— debido a la mala infraestructura. La producción y el comercio se ven obstaculizados, afectando desde el agricultor que no puede llevar sus productos al mercado sin daños, hasta al turista que reconsidera su visita ante la posibilidad de enfrentarse a caminos casi intransitables. Socialmente, el aislamiento de comunidades, la dificultad en el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, y la sensación de abandono por parte del gobierno central crecen con cada tramo carretero en mal estado. Lo que se requiere no es solo un bacheo, sino una reestructuración completa de cómo se planifican, ejecutan, y mantienen las obras viales. Por eso es por lo que la inminente aprobación la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es la luz al final del túnel.
La participación de toda la sociedad es crucial. La transparencia en el uso de fondos y la ejecución de proyectos debe ser la norma, no la excepción. Ejemplos en la región muestran que, con voluntad política, pero, sobre todo, gestión eficiente —como se observa en algunas iniciativas en países vecinos— es posible transformar la red vial. El desarrollo nacional está intrínsecamente ligado al estado de sus carreteras. Mejorarlas no es solo una cuestión de comodidad, sino de urgencia económica, de seguridad, y de justicia social.
El mal estado de las carreteras en Guatemala se ha convertido en un símbolo del fracaso —hasta ahora— del gobierno de Arévalo en cumplir con uno de los deberes más fundamentales del Estado: asegurar la infraestructura básica para el desarrollo y la seguridad de sus ciudadanos. Los datos de la caída en la aprobación gubernamental dan cuenta de ello. Las palabras y promesas deben traducirse en obras y resultados, algo que parece haber sido olvidado o ignorado por la actual administración.
