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Empresa en aeropuerto tampoco paga GTQ 119 000 mensuales de consumo eléctrico

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Marimaite Rayo
25 de septiembre, 2024

Desde la entrada, algo huele mal en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) –tanto en forma literal, como en el sentido figurado–, debido al abandono institucional y los rezagos de corrupción que se perciben en cada rincón del establecimiento. 

  • Mediante un recorrido por las instalaciones del AILA, República constató de primera mano, la desatención de la infraestructura, y también los principales obstáculos legales a las propuestas de mejora en el modelo de gestión.
  • Administraciones pasadas han dejado su sello en contratos leoninos. Se han impuesto ventajas y condiciones para empresas que se siguen aprovechando de los recursos del Estado. 

Lo indispensable. El 19 de septiembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dio a conocer que la empresa Media Airport System, S.A., que en el pasado ha sido vinculada con Alejandro Sinibaldi, debe más de GTQ 37M al AILA, por el arrendamiento de espacios publicitarios. 

  • El contrato fue firmado en 2007 para el arrendamiento de las pantallas del aeropuerto y la colocación de publicidad. Se le otorga a la entidad comercial el derecho para utilizar distintas áreas de la terminal aérea, con exclusividad, durante 10 años. Por lo tanto, únicamente las compañías que pagaran a Media Airport System podrían colocar sus mensajes.
  • A partir de 2014, la empresa dejó de pagar el arrendamiento, por lo que en 2016 se decidió finalizar el contrato. No obstante, mediante una serie de –cuestionables– resoluciones legales, se prohibió cualquier acto administrativo en contra de los “derechos” del arrendatario.
  • Adicionalmente, pese a que el contrato establecía que el servicio de explotación publicitaria no se podía tercerizar, la empresa también ha incumplido esta condición, según la denuncia de la DGAC. Por lo tanto, a pesar de que han pasado más de 17 años desde la firma del convenio, y 8 desde la finalización, Media Airport System sigue gozando de los ingresos de la monopolización del servicio publicitario en el aeropuerto y sus alrededores. 

Los datos. En la actualidad Media Airport System cuenta con 382 pantallas publicitarias, que ocupan cerca de 1774.98 mts2, lo cual equivale a GTQ 1M aproximado por arrendamiento, monto que podría aumentar debido a que el contrato no impone restricciones en cuanto a la extensión del servicio. 

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  • Ahora bien, debido a que la mayor parte de la publicidad se expone en pantallas, estas generan un consumo que no se paga al AILA.
  • De acuerdo con las estimaciones de la DGAC, la empresa consume GTQ 118 624 en energía cada mes. Tomando en cuenta que el AILA paga GTQ 1.3M por el servicio de energía eléctrica mensualmente, el consumo de Media Airport System corresponde al 9.12 % del total.
  • Estos datos equivalen a una deuda acumulada de GTQ 11.4M desde que el contrato finalizó en 2016, ya que la empresa no ha pagado una cuota por el uso del servicio 

Visto y no visto. Como parte de un ejercicio de evaluación, la DGAC constató que, si la institución fuera la encargada de administrar la publicidad de manera independiente, la entidad percibiría un ingreso mensual cercano a GTQ 2.6M. 

  • Uno de los autores de este arreglo contractual –que incluye condiciones lesivas para el Estado– es Douglas Ovalle Ruano, quien figura como representante legal de Media Airport System desde 2019. El aludido fue contactado y quedó en programar una reunión para presentar todos los documentos en su poder, según él, de descargo. Adelantó que es la DGAC la que se rehúsa a recibir los pagos. "Todas nuestras acciones se han realizado en base (sic) a la ley y se encuentran ventilando como corresponde de manera legal y judicial", respondió.
  • Adicionalmente, el abogado Juan Carlos Hernández es el “guardián” del servicio, ya que –según los testimonios de las autoridades aeroportuarias– se mantiene atento para garantizar el cumplimiento de las condiciones extraordinarias del negocio.
  • Aparte de las entidades privadas que promocionan sus productos en estos medios, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y el IGSS, también figuran en la publicidad del aeropuerto.  

El balance. La deuda acumulada, sumada a la sustracción de energía eléctrica, supone pérdidas millonarias para el DGAC; esos montos podrían destinase para el mantenimiento y las mejoras en la infraestructura, tan urgentes. 

  • Independientemente del modelo de gestión, si el AILA no supera los obstáculos legales y presupuestarios, la función continuará siendo ineficiente.
  • Si se logra resolver los problemas con la planta de tratamiento ubicada en el aeropuerto, el mal olor, también, desaparecerá. 
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Empresa en aeropuerto tampoco paga GTQ 119 000 mensuales de consumo eléctrico

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Marimaite Rayo
25 de septiembre, 2024

Desde la entrada, algo huele mal en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) –tanto en forma literal, como en el sentido figurado–, debido al abandono institucional y los rezagos de corrupción que se perciben en cada rincón del establecimiento. 

  • Mediante un recorrido por las instalaciones del AILA, República constató de primera mano, la desatención de la infraestructura, y también los principales obstáculos legales a las propuestas de mejora en el modelo de gestión.
  • Administraciones pasadas han dejado su sello en contratos leoninos. Se han impuesto ventajas y condiciones para empresas que se siguen aprovechando de los recursos del Estado. 

Lo indispensable. El 19 de septiembre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dio a conocer que la empresa Media Airport System, S.A., que en el pasado ha sido vinculada con Alejandro Sinibaldi, debe más de GTQ 37M al AILA, por el arrendamiento de espacios publicitarios. 

  • El contrato fue firmado en 2007 para el arrendamiento de las pantallas del aeropuerto y la colocación de publicidad. Se le otorga a la entidad comercial el derecho para utilizar distintas áreas de la terminal aérea, con exclusividad, durante 10 años. Por lo tanto, únicamente las compañías que pagaran a Media Airport System podrían colocar sus mensajes.
  • A partir de 2014, la empresa dejó de pagar el arrendamiento, por lo que en 2016 se decidió finalizar el contrato. No obstante, mediante una serie de –cuestionables– resoluciones legales, se prohibió cualquier acto administrativo en contra de los “derechos” del arrendatario.
  • Adicionalmente, pese a que el contrato establecía que el servicio de explotación publicitaria no se podía tercerizar, la empresa también ha incumplido esta condición, según la denuncia de la DGAC. Por lo tanto, a pesar de que han pasado más de 17 años desde la firma del convenio, y 8 desde la finalización, Media Airport System sigue gozando de los ingresos de la monopolización del servicio publicitario en el aeropuerto y sus alrededores. 

Los datos. En la actualidad Media Airport System cuenta con 382 pantallas publicitarias, que ocupan cerca de 1774.98 mts2, lo cual equivale a GTQ 1M aproximado por arrendamiento, monto que podría aumentar debido a que el contrato no impone restricciones en cuanto a la extensión del servicio. 

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  • Ahora bien, debido a que la mayor parte de la publicidad se expone en pantallas, estas generan un consumo que no se paga al AILA.
  • De acuerdo con las estimaciones de la DGAC, la empresa consume GTQ 118 624 en energía cada mes. Tomando en cuenta que el AILA paga GTQ 1.3M por el servicio de energía eléctrica mensualmente, el consumo de Media Airport System corresponde al 9.12 % del total.
  • Estos datos equivalen a una deuda acumulada de GTQ 11.4M desde que el contrato finalizó en 2016, ya que la empresa no ha pagado una cuota por el uso del servicio 

Visto y no visto. Como parte de un ejercicio de evaluación, la DGAC constató que, si la institución fuera la encargada de administrar la publicidad de manera independiente, la entidad percibiría un ingreso mensual cercano a GTQ 2.6M. 

  • Uno de los autores de este arreglo contractual –que incluye condiciones lesivas para el Estado– es Douglas Ovalle Ruano, quien figura como representante legal de Media Airport System desde 2019. El aludido fue contactado y quedó en programar una reunión para presentar todos los documentos en su poder, según él, de descargo. Adelantó que es la DGAC la que se rehúsa a recibir los pagos. "Todas nuestras acciones se han realizado en base (sic) a la ley y se encuentran ventilando como corresponde de manera legal y judicial", respondió.
  • Adicionalmente, el abogado Juan Carlos Hernández es el “guardián” del servicio, ya que –según los testimonios de las autoridades aeroportuarias– se mantiene atento para garantizar el cumplimiento de las condiciones extraordinarias del negocio.
  • Aparte de las entidades privadas que promocionan sus productos en estos medios, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y el IGSS, también figuran en la publicidad del aeropuerto.  

El balance. La deuda acumulada, sumada a la sustracción de energía eléctrica, supone pérdidas millonarias para el DGAC; esos montos podrían destinase para el mantenimiento y las mejoras en la infraestructura, tan urgentes. 

  • Independientemente del modelo de gestión, si el AILA no supera los obstáculos legales y presupuestarios, la función continuará siendo ineficiente.
  • Si se logra resolver los problemas con la planta de tratamiento ubicada en el aeropuerto, el mal olor, también, desaparecerá. 

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