EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), denunció la existencia de una gran estructura a la que denominaron “B410”, que habría defraudado al fisco por un monto superior a GTQ 300M.
- Esta red está conformada por 410 empresas de cartón que tienen vínculos con el top 16 de firmas que recibieron contratos del Estado entre 2021 y 2023, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
- Aunque las autoridades revelaron el nombre de algunas de las proveedoras que forman parte del grupo ilegal y sus vínculos con las entidades estatales, se reservaron la identidad de los proveedores que conforman el top 16.
- República identificó a los principales que vendieron bienes y servicios al Estado en el período señalado. Resaltan financistas de partidos, constructoras con vínculos políticos y farmacéuticas con señalamientos por favoritismo.
Los datos. La estructura registró un modus operandi que hizo sonar las alarmas y enfocó –durante varios meses– a la SAT que trató de desenmarañar la red creada para defraudar al Estado.
- Las entidades fueron registradas con un mismo representante legal y con igual perito contador para gran parte de las falsas sociedades. Además, con un domicilio fiscal no localizado o en zonas rojas de imposible acceso, alteración de documentos tributarios y una relación de débitos/créditos menores a 0.01 %.
- Entre 2021 y 2023 la estructura facturó GTQ 5730M en ventas, GTQ 2186M en transacciones a lo interno del grupo y GTQ 714M solo entre enero a junio de 2024, ya durante el gobierno de Bernardo Arévalo.
- La constitución de las 410 sociedades siguió un patrón: contar con el mismo representante legal guatemalteco y socio, fueron constituidas en Belice y en el 75 % de los casos comparten el notario.
Visto y no visto. Aunque el enfoque ha estado en las empresas que componen la B140, los antecedentes del top 16 contribuyentes que adquirió bienes o servicios de la estructura, evidencia cuán extensa era la red de defraudación.
- Entre 2021 y 2023 las 16 empresas que más servicios proveyeron al estado acumularon, al menos, un capital de GTQ 4985M, según el portal GUATECOMPRAS. Aquí algunas descripciones de los negocios realizados con el Estado.
- Entre estas entidades destaca Tracser, S.A, que, en tres adjudicaciones -todas con el Ministerio de Comunicaciones- facturó GTQ 1037M; Servicios Quirúrgicos, S.A. y Agencia Farmacéutica Internacional S.A., con ingresos de GTQ 537M y GTQ1 263M, respectivamente. La mayoría de los ingresos fue por compras directas. La Compañía de Equipo Médico-Hospitalario, S.A., que fue beneficiada, en especial, por el Ministerio de Salud y el IGSS. Con ambas entidades obtuvo GTQ 380M.
- Los datos de la SAT indican que las principales compradoras que adquirieron bienes y servicios de estas empresas fueron la Dirección General de Caminos, COVIAL, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, municipalidades, entidades adjuntas al Ministerio de Salud y al INDE.
Por qué importa. Más allá de los montos de los contratos adjudicados a las empresas que componen el top 16, llama la atención las relaciones que mantienen con administraciones anteriores.
- Por ejemplo, Tracser S.A. fue una de las últimas favorecidas por el gobierno pasado. A menos de 60 días de finalizar el gobierno anterior, recibió la adjudicación para la ampliación de la carretera a cuatro carriles Ruta RD-GUA-09 en el Obrajuelo, Villa Canales (NOG 20384211) por GTQ 854M.
- A su vez, el contratista Juan Pablo Mansilla Morales, representante legal de Coamco, obtuvo ingreso de GTQ 858M entre 2021 y 2023. Esta persona fue señalada de financiar la campaña electoral de Giammattei, hecho que él desmintió en publicaciones.
- Las farmacéuticas pugnan por la mayor cantidad de contratos adjudicados. Firmas como Compañía de Equipo Médico-Hospitalario S.A. y Oxi-Rent, fueron beneficiadas durante la pandemia, particularmente por ser uno de los mayores proveedores respiradores.
Qué destacar. Además de las carteras ministeriales, las municipalidades también aprovecharon los recursos para favorecer a contratistas individuales en este entramado de defraudación tributaria.
- Uno de los que aparece en esa red es Cristhian Estuardo Vaides Fión, identificado bajo el nombre comercial de Constructora HV. Fue el proveedor más favorecido por cuatro alcaldías: Cahabón, San Pedro Carchá, Cobán y San Pablo Jocopilas. Entre 2021 y 2023 facturó GTQ 204M en contratos estatales.
- Además, algunas entidades que forman parte del top 16 tienen vínculos con el gobierno, como V&T S.A., que durante el gobierno de Jimmy Morales se contrató en el Estado de Calamidad para construir mil viviendas para las familias afectadas por la erupción del Volcán de Fuego.
- Esta obra se identifica bajo el nombre de la urbanización y vivienda “La Dignidad”, Escuintla (NOG 8427704) y fue adjudicada por GTQ 173M.
En conclusión. Estos datos demuestran cómo parte de la estructura extendió su red de influencia mediante los negocios con otras entidades vinculadas con administraciones pasadas y la presente.
- El Ministerio Público debe investigar el caso de las 410 empresas que muestran irregularidades en su constitución, y también indagar sobre las posibles conexiones con los proveedores señalados.
- De lo contrario, al no cortar las redes de influencia, los contratistas seguirán disfrutando de privilegios y favoritismos en el Estado.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), denunció la existencia de una gran estructura a la que denominaron “B410”, que habría defraudado al fisco por un monto superior a GTQ 300M.
- Esta red está conformada por 410 empresas de cartón que tienen vínculos con el top 16 de firmas que recibieron contratos del Estado entre 2021 y 2023, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
- Aunque las autoridades revelaron el nombre de algunas de las proveedoras que forman parte del grupo ilegal y sus vínculos con las entidades estatales, se reservaron la identidad de los proveedores que conforman el top 16.
- República identificó a los principales que vendieron bienes y servicios al Estado en el período señalado. Resaltan financistas de partidos, constructoras con vínculos políticos y farmacéuticas con señalamientos por favoritismo.
Los datos. La estructura registró un modus operandi que hizo sonar las alarmas y enfocó –durante varios meses– a la SAT que trató de desenmarañar la red creada para defraudar al Estado.
- Las entidades fueron registradas con un mismo representante legal y con igual perito contador para gran parte de las falsas sociedades. Además, con un domicilio fiscal no localizado o en zonas rojas de imposible acceso, alteración de documentos tributarios y una relación de débitos/créditos menores a 0.01 %.
- Entre 2021 y 2023 la estructura facturó GTQ 5730M en ventas, GTQ 2186M en transacciones a lo interno del grupo y GTQ 714M solo entre enero a junio de 2024, ya durante el gobierno de Bernardo Arévalo.
- La constitución de las 410 sociedades siguió un patrón: contar con el mismo representante legal guatemalteco y socio, fueron constituidas en Belice y en el 75 % de los casos comparten el notario.
Visto y no visto. Aunque el enfoque ha estado en las empresas que componen la B140, los antecedentes del top 16 contribuyentes que adquirió bienes o servicios de la estructura, evidencia cuán extensa era la red de defraudación.
- Entre 2021 y 2023 las 16 empresas que más servicios proveyeron al estado acumularon, al menos, un capital de GTQ 4985M, según el portal GUATECOMPRAS. Aquí algunas descripciones de los negocios realizados con el Estado.
- Entre estas entidades destaca Tracser, S.A, que, en tres adjudicaciones -todas con el Ministerio de Comunicaciones- facturó GTQ 1037M; Servicios Quirúrgicos, S.A. y Agencia Farmacéutica Internacional S.A., con ingresos de GTQ 537M y GTQ1 263M, respectivamente. La mayoría de los ingresos fue por compras directas. La Compañía de Equipo Médico-Hospitalario, S.A., que fue beneficiada, en especial, por el Ministerio de Salud y el IGSS. Con ambas entidades obtuvo GTQ 380M.
- Los datos de la SAT indican que las principales compradoras que adquirieron bienes y servicios de estas empresas fueron la Dirección General de Caminos, COVIAL, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, municipalidades, entidades adjuntas al Ministerio de Salud y al INDE.
Por qué importa. Más allá de los montos de los contratos adjudicados a las empresas que componen el top 16, llama la atención las relaciones que mantienen con administraciones anteriores.
- Por ejemplo, Tracser S.A. fue una de las últimas favorecidas por el gobierno pasado. A menos de 60 días de finalizar el gobierno anterior, recibió la adjudicación para la ampliación de la carretera a cuatro carriles Ruta RD-GUA-09 en el Obrajuelo, Villa Canales (NOG 20384211) por GTQ 854M.
- A su vez, el contratista Juan Pablo Mansilla Morales, representante legal de Coamco, obtuvo ingreso de GTQ 858M entre 2021 y 2023. Esta persona fue señalada de financiar la campaña electoral de Giammattei, hecho que él desmintió en publicaciones.
- Las farmacéuticas pugnan por la mayor cantidad de contratos adjudicados. Firmas como Compañía de Equipo Médico-Hospitalario S.A. y Oxi-Rent, fueron beneficiadas durante la pandemia, particularmente por ser uno de los mayores proveedores respiradores.
Qué destacar. Además de las carteras ministeriales, las municipalidades también aprovecharon los recursos para favorecer a contratistas individuales en este entramado de defraudación tributaria.
- Uno de los que aparece en esa red es Cristhian Estuardo Vaides Fión, identificado bajo el nombre comercial de Constructora HV. Fue el proveedor más favorecido por cuatro alcaldías: Cahabón, San Pedro Carchá, Cobán y San Pablo Jocopilas. Entre 2021 y 2023 facturó GTQ 204M en contratos estatales.
- Además, algunas entidades que forman parte del top 16 tienen vínculos con el gobierno, como V&T S.A., que durante el gobierno de Jimmy Morales se contrató en el Estado de Calamidad para construir mil viviendas para las familias afectadas por la erupción del Volcán de Fuego.
- Esta obra se identifica bajo el nombre de la urbanización y vivienda “La Dignidad”, Escuintla (NOG 8427704) y fue adjudicada por GTQ 173M.
En conclusión. Estos datos demuestran cómo parte de la estructura extendió su red de influencia mediante los negocios con otras entidades vinculadas con administraciones pasadas y la presente.
- El Ministerio Público debe investigar el caso de las 410 empresas que muestran irregularidades en su constitución, y también indagar sobre las posibles conexiones con los proveedores señalados.
- De lo contrario, al no cortar las redes de influencia, los contratistas seguirán disfrutando de privilegios y favoritismos en el Estado.
