EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El miércoles 14 de agosto, Marco Livio Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló un masivo esquema de defraudación tributaria denominado “Caso B410” que incluye a entidades.
- Involucra a entidades proveedoras del Estado –bienes y servicios– así como, por lo menos, 5 constructoras.
Es noticia. La SAT ha descubierto lo que se describe como el mayor caso de defraudación en la historia del país en cuanto a la facturación de más de GTQ 6000M.
- El superintendente narró cómo la estructura constituyó más de 200 empresas en una dirección inexistente.
- Los alrededores de la ubicación falsa estaban custodiados por personas armadas y cámaras de seguridad, lo que imposibilitó su fiscalización.
- Más de 100 de las empresas compartían al mismo perito contador que nunca dio su consentimiento para ser nombrado como tal, hecho que denunció ante el Ministerio Público (MP)
¿Quiénes y cuándo? Aunque no se dieron detalles sobre las personas involucradas, las publicaciones en X sugieren que funcionarios, exfuncionarios y autoridades judiciales de alto nivel podrían estar vinculados; con amenazas reportadas contra el titular del SAT por exponer el caso.
- Entre el 2021 y el 2023, el grupo facturó GTQ 5730M; en ese mismo período, le vendieron al Estado más de GTQ 81M.
- Entre los entes gubernamentales que contrataron al grupo de empresas fraudulentas están la Subdirección General de Análisis de Información antinarcótica de la PNC, la Industria Militar y la Dirección de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. También contrataron con varias municipalidades.
- Pero, por mucho, el ente gubernamental que más favoreció a las entidades fraudulentas fue la Dirección General de Caminos, que le adjudicó poco más de GTQ 3000M.
Voces. Las redes sociales, particularmente X, han sido un hervidero de reacciones que van desde la indignación por la magnitud del fraude hasta el escepticismo sobre la capacidad de las autoridades –particularmente del MP– para procesar a los involucrados debido a los patrones históricos de corrupción.
- Usuarios de toda índole han señalado a Miguel Martínez como uno de los posibles involucrados en la trama. Su control casi total sobre las instituciones públicas durante el gobierno de su pareja, Alejandro Giammattei, lo delata.
Lo que sigue. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas sistémicas en los sistemas tributario y judicial de Guatemala para prevenir este tipo de fraudes a gran escala.
- Esto suma a la narrativa de la corrupción en Latinoamérica donde, a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos y organismos internacionales, la corrupción profundamente arraigada continúa desafiando la gobernabilidad y la estabilidad económica.
- Destacan –por no ser parte del entramado estatal, sino del “sistema” de Naciones Unidas– las adjudicaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por más de GTQ 23.2M.
- El entramado criminal abarca casi todo tipo de servicios y obras, en una variopinta cantidad de entidades gubernamentales.
En conclusión. Si bien la acción del SAT es encomiable, la verdadera prueba estará en el seguimiento judicial –la persecución penal– y si realmente se puede hacer justicia en un sistema donde la corrupción campea.
- Este caso no solo pone de relieve la profundidad de la corrupción dentro de los órganos administrativos de Guatemala, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial.
- El MP tiene la harta obligación de dar con los responsables y procesarlos; caiga quien caiga. Aunque las expectativas son muy bajas, dado la complacencia de la Fiscalía para con los casos de corrupción del gobierno anterior.
- Las empresas señaladas ya han facturado GTQ 714M este año, por lo que no se trata solamente de un entramado de corrupción del gobierno anterior, sino que posiblemente involucra al actual.
El miércoles 14 de agosto, Marco Livio Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló un masivo esquema de defraudación tributaria denominado “Caso B410” que incluye a entidades.
- Involucra a entidades proveedoras del Estado –bienes y servicios– así como, por lo menos, 5 constructoras.
Es noticia. La SAT ha descubierto lo que se describe como el mayor caso de defraudación en la historia del país en cuanto a la facturación de más de GTQ 6000M.
- El superintendente narró cómo la estructura constituyó más de 200 empresas en una dirección inexistente.
- Los alrededores de la ubicación falsa estaban custodiados por personas armadas y cámaras de seguridad, lo que imposibilitó su fiscalización.
- Más de 100 de las empresas compartían al mismo perito contador que nunca dio su consentimiento para ser nombrado como tal, hecho que denunció ante el Ministerio Público (MP)
¿Quiénes y cuándo? Aunque no se dieron detalles sobre las personas involucradas, las publicaciones en X sugieren que funcionarios, exfuncionarios y autoridades judiciales de alto nivel podrían estar vinculados; con amenazas reportadas contra el titular del SAT por exponer el caso.
- Entre el 2021 y el 2023, el grupo facturó GTQ 5730M; en ese mismo período, le vendieron al Estado más de GTQ 81M.
- Entre los entes gubernamentales que contrataron al grupo de empresas fraudulentas están la Subdirección General de Análisis de Información antinarcótica de la PNC, la Industria Militar y la Dirección de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. También contrataron con varias municipalidades.
- Pero, por mucho, el ente gubernamental que más favoreció a las entidades fraudulentas fue la Dirección General de Caminos, que le adjudicó poco más de GTQ 3000M.
Voces. Las redes sociales, particularmente X, han sido un hervidero de reacciones que van desde la indignación por la magnitud del fraude hasta el escepticismo sobre la capacidad de las autoridades –particularmente del MP– para procesar a los involucrados debido a los patrones históricos de corrupción.
- Usuarios de toda índole han señalado a Miguel Martínez como uno de los posibles involucrados en la trama. Su control casi total sobre las instituciones públicas durante el gobierno de su pareja, Alejandro Giammattei, lo delata.
Lo que sigue. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas sistémicas en los sistemas tributario y judicial de Guatemala para prevenir este tipo de fraudes a gran escala.
- Esto suma a la narrativa de la corrupción en Latinoamérica donde, a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos y organismos internacionales, la corrupción profundamente arraigada continúa desafiando la gobernabilidad y la estabilidad económica.
- Destacan –por no ser parte del entramado estatal, sino del “sistema” de Naciones Unidas– las adjudicaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por más de GTQ 23.2M.
- El entramado criminal abarca casi todo tipo de servicios y obras, en una variopinta cantidad de entidades gubernamentales.
En conclusión. Si bien la acción del SAT es encomiable, la verdadera prueba estará en el seguimiento judicial –la persecución penal– y si realmente se puede hacer justicia en un sistema donde la corrupción campea.
- Este caso no solo pone de relieve la profundidad de la corrupción dentro de los órganos administrativos de Guatemala, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad del sistema judicial.
- El MP tiene la harta obligación de dar con los responsables y procesarlos; caiga quien caiga. Aunque las expectativas son muy bajas, dado la complacencia de la Fiscalía para con los casos de corrupción del gobierno anterior.
- Las empresas señaladas ya han facturado GTQ 714M este año, por lo que no se trata solamente de un entramado de corrupción del gobierno anterior, sino que posiblemente involucra al actual.
