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El taxista, el vendedor de aguas y el policía contra la revolución: Colombia después de Petro

Jose Fernando Orellana
10 de agosto, 2026

A finales de 1793, en una imprenta de Santafé de Bogotá, Antonio Nariño tradujo y publicó los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Diecisiete artículos en un pliego de la Imprenta Patriótica. No lo hizo por cálculo ni por moda: los defendió porque eran ciertos. Porque el hombre nace libre. Porque la vida, la conciencia y la propiedad le pertenecen al individuo sin permiso de nadie. Porque ninguna autoridad está sobre la ley. Le costó la imprenta, la fortuna y la libertad. No se retractó.

El socialista es el tirano moderno contra el que Nariño imprimió; doscientos treinta y tres años después, en Colombia, gobernaba. El socialismo es malo en la teoría y destructivo en la práctica. Siempre. En Colombia eso quedó demostrado una vez más, y lo escuché de boca de quienes pagaron la factura.

Estuve en Cali en la posesión de Abelardo de la Espriella. Hay algo que no se transmite por pantalla en esas ceremonias: el peso del momento, la conciencia de que un país cambia de rumbo delante de uno. Antes hubo días largos en Bogotá, entrevistas con empresarios y políticos que ya no discuten cómo resistir, sino cómo reconstruir. Pero lo más poderoso no ocurrió frente a las cámaras. El taxista que me llevó al hotel es odontólogo; el que me llevó al aeropuerto, ingeniero en sistemas. Quedaron sin empleo al cerrar las empresas donde trabajaban.

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También estuvo el vendedor ambulante; le pedí permiso para fotografiar su carreta, que llevaba pegada una imagen del Tigre, y él mismo me pidió salir en la foto: se acomodó junto a la imagen, orgulloso, como quien quiere dejar constancia. Me contó que durante cinco años había trabajado en el personal de limpieza de una venta de ropa, hasta que el negocio cerró. Y me dijo: “Que esta vaya por el hijueputa de Petro, que me dejó sin trabajo”

Y estuvieron los policías. Los que formaron la valla de seguridad alrededor de la Universidad Santiago de Cali, los que se pierden el acto porque su trabajo es cuidarlo, celebraban y aplaudían al terminar la ceremonia mientras veían la retransmisión del discurso cuando la multitud salía del auditorio. Nadie se los ordenó.

Oír las ideas de las que me habló el senador Enrique Gómez Martínez en boca del ingeniero sin trabajo, las preocupaciones que me transmitió el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia en palabras del odontólogo sin consultorio, y las prioridades de Abelardo de la Espriella como las necesidades del vendedor ambulante, fue revelador. Para todos, el 7 de agosto representa una luz al final del túnel.

Gustavo Petro se despidió como llegó: invocando al barrendero, a la gente humilde. Es la liturgia del socialismo del siglo XXI: gobernar en nombre de los de abajo mientras se destruyen los empleos, los negocios y los ahorros de los que viven.

No existe una versión buena de esa doctrina esperando a un ejecutor competente; cada vez que se aplica produce lo mismo, para los rusos, los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los hondureños, los uruguayos, los argentinos, los chilenos, los mexicanos, los ecuatorianos, los peruanos, los brasileños y hasta ahora, para los colombianos. Su producto confiable es la superioridad moral que creen tener, y su clientela más fiel vive lejos del experimento: en Guatemala abundan los devotos de la Internacional Socialista, de la COPPPAL, del Grupo de Puebla y del Foro de São Paulo, listos para explicarle al taxista que aquello no era verdadero socialismo.

El senador Enrique Gómez Martínez me puso un libro en las manos al terminar nuestra conversación: “Si quiere entender lo que está pasando en Colombia y en América, léalo”, me dijo. Lo escribió su tío, Álvaro Gómez Hurtado, uno de los líderes políticos e intelectuales más influyentes que ha dado Colombia. Lo terminé de leer en el avión de regreso a Guatemala y aterricé con una convicción: ese libro —de hace casi setenta años— explica este momento mejor que casi todo lo que se ha escrito sobre él.

En La revolución en América, Gómez sostuvo que el mal hispanoamericano no es la falta de revoluciones, sino su exceso: hicimos de la ruptura una manera permanente de existir. Llamó revolucionariedad a esa disposición que confunde cambio con mejora, y mística de la novedad al prestigio de lo nuevo por el solo hecho de serlo. Su advertencia más honda casi nunca se cita: las instituciones que sostienen la libertad no son solo las escritas. Son también las invisibles —la confianza, la cultura, los hábitos, la certeza de que las reglas de hoy existirán mañana—, y esas no se decretan: se acumulan. Un país condenado a refundarse cada cuatro años envejece sin madurar. Una nación es un pacto con los que ya no están y con los que todavía no llegan. Gómez, como Nariño, sostuvo lo que creía cierto hasta el final; a él le costó la vida.

Por eso Colombia no terminó como Venezuela, Cuba o Nicaragua. No fue milagro: fueron reservas acumuladas. Tribunales que crujieron sin quebrarse, una prensa incómoda, un aparato productivo que siguió apostándole al país, una fuerza pública con moral de cuerpo y, quiero subrayarlo, una élite política verdadera.

Escribo “élite” con toda la intención del caso. No es un club de apellidos, sino una aristocracia del mérito, del carácter y de la vocación pública. No hablo de una casta impoluta ni de todos los que ocupan un cargo en Colombia —allá también hay corrupción, mediocridad y oportunismo y buena parte de la clase política no pertenece a esa élite ni se le parece—. Hablo de una minoría real que sí existe: estadistas, juristas, dirigentes capaces de sostener una disputa de ideas y de pagar el costo de defenderlas. Ese es el punto: a Colombia le bastó con esa minoría. Guatemala, seamos francos, no la tiene. Tenemos figuras contadas con los dedos de una mano y una multitud que entra a la política como quien entra a un negocio. Exigir biografía, ideas y grandeza a quien aspire a dirigir esta nación es condición de futuro.

De la Espriella ganó, entre otras razones, por lo que la época considera un defecto: tener ideología y no avergonzarse de ella. Libertad individual, propiedad privada, mercado, orden y tradición; el credo liberal clásico y conservador que levantó las únicas sociedades prósperas y libres que conoce la humanidad. Pululan hoy los que dicen declararse “ni de izquierda ni de derecha” y que eso es prudencia. Es un espejismo: toda decisión pública presupone una idea del hombre y de la justicia, y quien presume de no tener ideología obedece la de otro. La izquierda jamás pidió perdón por la suya; la derecha no tiene por qué hacerlo. La claridad no es fanatismo: fanatismo es que los hechos dejen de importar. Y los hechos, esta vez, manejan taxis en Cali.

Ahora empieza lo difícil. Deseamos que a De la Espriella le vaya bien: su éxito sería el de una región que necesita saber que del socialismo se sale. Pero la tradición liberal enseña a desconfiar del poder, sobre todo, cuando lo ejerce alguien que piensa como nosotros. Al nuevo gobierno habrá que medirlo por su respeto al Estado de derecho y la libertad individual, por el fortalecimiento institucional y la recuperación de los territorios donde el narco volvió a comportarse como autoridad: cobra impuestos, imparte su justicia, decide quién trabaja. Y por impedir que la narcopolítica —el dinero del crimen eligiendo alcaldes, financiando campañas, comprando funcionarios— vacíe la democracia por dentro. Guatemala lo conoce de memoria. Restaurar el orden dentro de la ley es lo que diferencia a la república del chiquero. Y que un gobernante crea en Dios importa por lo que la fe recuerda: que el Estado no es la medida última del bien.

Vuelvo al vendedor de la carreta. Su orgullo no era ingenuidad; era memoria. La que le ha faltado a tanta élite hispanoamericana que creyó que la política era un oficio menor y que la libertad se defendía sola mientras atendía sus negocios. No se cuida sola; es una herencia que cada generación decide merecer o dilapidar, y los espacios que los mejores abandonan los ocupan los peores. Nariño defendió la libertad porque era verdadera; Gómez advirtió lo frágil que es; el hombre de la carreta la perdió por una idea que nunca fue suya.

A las élites intelectuales, académicas, empresariales, religiosas y políticas de Guatemala —y del continente— nos corresponde defenderla a tiempo. Porque la cuenta llega siempre. Lo único que se elige es recibirla como ciudadano que defendió sus ideas o como víctima de las ideas de otro.

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El taxista, el vendedor de aguas y el policía contra la revolución: Colombia después de Petro

Jose Fernando Orellana
10 de agosto, 2026

A finales de 1793, en una imprenta de Santafé de Bogotá, Antonio Nariño tradujo y publicó los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Diecisiete artículos en un pliego de la Imprenta Patriótica. No lo hizo por cálculo ni por moda: los defendió porque eran ciertos. Porque el hombre nace libre. Porque la vida, la conciencia y la propiedad le pertenecen al individuo sin permiso de nadie. Porque ninguna autoridad está sobre la ley. Le costó la imprenta, la fortuna y la libertad. No se retractó.

El socialista es el tirano moderno contra el que Nariño imprimió; doscientos treinta y tres años después, en Colombia, gobernaba. El socialismo es malo en la teoría y destructivo en la práctica. Siempre. En Colombia eso quedó demostrado una vez más, y lo escuché de boca de quienes pagaron la factura.

Estuve en Cali en la posesión de Abelardo de la Espriella. Hay algo que no se transmite por pantalla en esas ceremonias: el peso del momento, la conciencia de que un país cambia de rumbo delante de uno. Antes hubo días largos en Bogotá, entrevistas con empresarios y políticos que ya no discuten cómo resistir, sino cómo reconstruir. Pero lo más poderoso no ocurrió frente a las cámaras. El taxista que me llevó al hotel es odontólogo; el que me llevó al aeropuerto, ingeniero en sistemas. Quedaron sin empleo al cerrar las empresas donde trabajaban.

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También estuvo el vendedor ambulante; le pedí permiso para fotografiar su carreta, que llevaba pegada una imagen del Tigre, y él mismo me pidió salir en la foto: se acomodó junto a la imagen, orgulloso, como quien quiere dejar constancia. Me contó que durante cinco años había trabajado en el personal de limpieza de una venta de ropa, hasta que el negocio cerró. Y me dijo: “Que esta vaya por el hijueputa de Petro, que me dejó sin trabajo”

Y estuvieron los policías. Los que formaron la valla de seguridad alrededor de la Universidad Santiago de Cali, los que se pierden el acto porque su trabajo es cuidarlo, celebraban y aplaudían al terminar la ceremonia mientras veían la retransmisión del discurso cuando la multitud salía del auditorio. Nadie se los ordenó.

Oír las ideas de las que me habló el senador Enrique Gómez Martínez en boca del ingeniero sin trabajo, las preocupaciones que me transmitió el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia en palabras del odontólogo sin consultorio, y las prioridades de Abelardo de la Espriella como las necesidades del vendedor ambulante, fue revelador. Para todos, el 7 de agosto representa una luz al final del túnel.

Gustavo Petro se despidió como llegó: invocando al barrendero, a la gente humilde. Es la liturgia del socialismo del siglo XXI: gobernar en nombre de los de abajo mientras se destruyen los empleos, los negocios y los ahorros de los que viven.

No existe una versión buena de esa doctrina esperando a un ejecutor competente; cada vez que se aplica produce lo mismo, para los rusos, los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, los hondureños, los uruguayos, los argentinos, los chilenos, los mexicanos, los ecuatorianos, los peruanos, los brasileños y hasta ahora, para los colombianos. Su producto confiable es la superioridad moral que creen tener, y su clientela más fiel vive lejos del experimento: en Guatemala abundan los devotos de la Internacional Socialista, de la COPPPAL, del Grupo de Puebla y del Foro de São Paulo, listos para explicarle al taxista que aquello no era verdadero socialismo.

El senador Enrique Gómez Martínez me puso un libro en las manos al terminar nuestra conversación: “Si quiere entender lo que está pasando en Colombia y en América, léalo”, me dijo. Lo escribió su tío, Álvaro Gómez Hurtado, uno de los líderes políticos e intelectuales más influyentes que ha dado Colombia. Lo terminé de leer en el avión de regreso a Guatemala y aterricé con una convicción: ese libro —de hace casi setenta años— explica este momento mejor que casi todo lo que se ha escrito sobre él.

En La revolución en América, Gómez sostuvo que el mal hispanoamericano no es la falta de revoluciones, sino su exceso: hicimos de la ruptura una manera permanente de existir. Llamó revolucionariedad a esa disposición que confunde cambio con mejora, y mística de la novedad al prestigio de lo nuevo por el solo hecho de serlo. Su advertencia más honda casi nunca se cita: las instituciones que sostienen la libertad no son solo las escritas. Son también las invisibles —la confianza, la cultura, los hábitos, la certeza de que las reglas de hoy existirán mañana—, y esas no se decretan: se acumulan. Un país condenado a refundarse cada cuatro años envejece sin madurar. Una nación es un pacto con los que ya no están y con los que todavía no llegan. Gómez, como Nariño, sostuvo lo que creía cierto hasta el final; a él le costó la vida.

Por eso Colombia no terminó como Venezuela, Cuba o Nicaragua. No fue milagro: fueron reservas acumuladas. Tribunales que crujieron sin quebrarse, una prensa incómoda, un aparato productivo que siguió apostándole al país, una fuerza pública con moral de cuerpo y, quiero subrayarlo, una élite política verdadera.

Escribo “élite” con toda la intención del caso. No es un club de apellidos, sino una aristocracia del mérito, del carácter y de la vocación pública. No hablo de una casta impoluta ni de todos los que ocupan un cargo en Colombia —allá también hay corrupción, mediocridad y oportunismo y buena parte de la clase política no pertenece a esa élite ni se le parece—. Hablo de una minoría real que sí existe: estadistas, juristas, dirigentes capaces de sostener una disputa de ideas y de pagar el costo de defenderlas. Ese es el punto: a Colombia le bastó con esa minoría. Guatemala, seamos francos, no la tiene. Tenemos figuras contadas con los dedos de una mano y una multitud que entra a la política como quien entra a un negocio. Exigir biografía, ideas y grandeza a quien aspire a dirigir esta nación es condición de futuro.

De la Espriella ganó, entre otras razones, por lo que la época considera un defecto: tener ideología y no avergonzarse de ella. Libertad individual, propiedad privada, mercado, orden y tradición; el credo liberal clásico y conservador que levantó las únicas sociedades prósperas y libres que conoce la humanidad. Pululan hoy los que dicen declararse “ni de izquierda ni de derecha” y que eso es prudencia. Es un espejismo: toda decisión pública presupone una idea del hombre y de la justicia, y quien presume de no tener ideología obedece la de otro. La izquierda jamás pidió perdón por la suya; la derecha no tiene por qué hacerlo. La claridad no es fanatismo: fanatismo es que los hechos dejen de importar. Y los hechos, esta vez, manejan taxis en Cali.

Ahora empieza lo difícil. Deseamos que a De la Espriella le vaya bien: su éxito sería el de una región que necesita saber que del socialismo se sale. Pero la tradición liberal enseña a desconfiar del poder, sobre todo, cuando lo ejerce alguien que piensa como nosotros. Al nuevo gobierno habrá que medirlo por su respeto al Estado de derecho y la libertad individual, por el fortalecimiento institucional y la recuperación de los territorios donde el narco volvió a comportarse como autoridad: cobra impuestos, imparte su justicia, decide quién trabaja. Y por impedir que la narcopolítica —el dinero del crimen eligiendo alcaldes, financiando campañas, comprando funcionarios— vacíe la democracia por dentro. Guatemala lo conoce de memoria. Restaurar el orden dentro de la ley es lo que diferencia a la república del chiquero. Y que un gobernante crea en Dios importa por lo que la fe recuerda: que el Estado no es la medida última del bien.

Vuelvo al vendedor de la carreta. Su orgullo no era ingenuidad; era memoria. La que le ha faltado a tanta élite hispanoamericana que creyó que la política era un oficio menor y que la libertad se defendía sola mientras atendía sus negocios. No se cuida sola; es una herencia que cada generación decide merecer o dilapidar, y los espacios que los mejores abandonan los ocupan los peores. Nariño defendió la libertad porque era verdadera; Gómez advirtió lo frágil que es; el hombre de la carreta la perdió por una idea que nunca fue suya.

A las élites intelectuales, académicas, empresariales, religiosas y políticas de Guatemala —y del continente— nos corresponde defenderla a tiempo. Porque la cuenta llega siempre. Lo único que se elige es recibirla como ciudadano que defendió sus ideas o como víctima de las ideas de otro.

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