EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El país se aproxima a un nuevo ciclo político con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) debilitado, un Congreso fragmentado y un Ejecutivo en pugna con el Ministerio Público (MP). El relevo de magistrados, previsto para marzo de 2026, se perfila como un pulso entre grupos de poder y una institucionalidad en crisis.
Por qué importa. La elección de los nuevos magistrados del TSE será un punto de inflexión para el sistema político guatemalteco. La máxima autoridad en materia electoral enfrenta su propio juicio público, arrastra una crisis interna. Además, de una reforma legal que terminó por beneficiar a los mismos actores de siempre.
- El proceso inicia en noviembre. El Congreso deberá convocar para la integración de la Comisión de Postulación, compuesta por el rector de la USAC, decanos y abogados. De ella dependerá la lista de 20 aspirantes.
- El Legislativo, responsable de elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes, requiere 107 votos, cifra que obliga a acuerdos entre bloques rivales.
- La actual fragmentación legislativa y el descrédito del oficialismo anticipan una negociación dominada por intereses partidarios, no por mérito ni independencia.
Entre líneas. Las tensiones de los poderes del Estado amenazan con contaminar el proceso. Ni el Congreso, ni el Organismo Judicial, ni el Ejecutivo logran proyectar estabilidad. Cada uno carga sus propias grietas y escándalos que condicionan la credibilidad institucional.
- El Congreso se encuentra paralizado por disputas internas, con una presidencia desgastada y una Junta Directiva cuestionada por aumentos salariales y pactos opacos.
- El Organismo Judicial mantiene vacante la presidencia definitiva tras la salida de Teódulo Cifuentes, sin acuerdos para designar sucesor.
- En el Ejecutivo, la confrontación con el MP y la falta de respuestas en seguridad y educación alimentan la desconfianza pública y dificultan la construcción de consensos.
Punto de fricción. La Universidad de San Carlos (USAC), pieza clave en la Postuladora, también enfrenta una crisis de legitimidad. Las elecciones que llevaron a Walter Mazariegos al rectorado y a Henry Arriaga al decanato de Ciencias Jurídicas fueron cuestionadas por vínculos con operadores tradicionales.
- La falta de transparencia en esos procesos arriesga la imparcialidad de la Comisión, que debería garantizar idoneidad y mérito en la selección de aspirantes.
- A ello se suma la desconfianza generada por el escándalo del sistema TREP, usado en las elecciones de 2023, por el cual el MP señala a varios magistrados por irregularidades.
- Para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), “la peor reforma electoral fue la de 2016”, pues consolidó privilegios y debilitó la competencia democrática.
En conclusión. El relevo del TSE podría definir si Guatemala recupera las autoridades electorales confiables o si cede ante las presiones de grupos de poder tradicionales —Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro y Estuardo Gálvez— o emergentes —Nester Vásquez (ASPA) y Juan Francisco Solorzano Foppa—.
- Con un Congreso debilitado, universidades cuestionadas y partidos ansiosos por conservar poder, el riesgo es evidente.
- La falta de consensos, los cuestionamientos a la USAC y la debilidad del Congreso amenazan con repetir viejos errores.
- El reto será elegir magistrados con legitimidad técnica y ética suficientes para garantizar elecciones transparentes en 2027.
El país se aproxima a un nuevo ciclo político con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) debilitado, un Congreso fragmentado y un Ejecutivo en pugna con el Ministerio Público (MP). El relevo de magistrados, previsto para marzo de 2026, se perfila como un pulso entre grupos de poder y una institucionalidad en crisis.
Por qué importa. La elección de los nuevos magistrados del TSE será un punto de inflexión para el sistema político guatemalteco. La máxima autoridad en materia electoral enfrenta su propio juicio público, arrastra una crisis interna. Además, de una reforma legal que terminó por beneficiar a los mismos actores de siempre.
- El proceso inicia en noviembre. El Congreso deberá convocar para la integración de la Comisión de Postulación, compuesta por el rector de la USAC, decanos y abogados. De ella dependerá la lista de 20 aspirantes.
- El Legislativo, responsable de elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes, requiere 107 votos, cifra que obliga a acuerdos entre bloques rivales.
- La actual fragmentación legislativa y el descrédito del oficialismo anticipan una negociación dominada por intereses partidarios, no por mérito ni independencia.
Entre líneas. Las tensiones de los poderes del Estado amenazan con contaminar el proceso. Ni el Congreso, ni el Organismo Judicial, ni el Ejecutivo logran proyectar estabilidad. Cada uno carga sus propias grietas y escándalos que condicionan la credibilidad institucional.
- El Congreso se encuentra paralizado por disputas internas, con una presidencia desgastada y una Junta Directiva cuestionada por aumentos salariales y pactos opacos.
- El Organismo Judicial mantiene vacante la presidencia definitiva tras la salida de Teódulo Cifuentes, sin acuerdos para designar sucesor.
- En el Ejecutivo, la confrontación con el MP y la falta de respuestas en seguridad y educación alimentan la desconfianza pública y dificultan la construcción de consensos.
Punto de fricción. La Universidad de San Carlos (USAC), pieza clave en la Postuladora, también enfrenta una crisis de legitimidad. Las elecciones que llevaron a Walter Mazariegos al rectorado y a Henry Arriaga al decanato de Ciencias Jurídicas fueron cuestionadas por vínculos con operadores tradicionales.
- La falta de transparencia en esos procesos arriesga la imparcialidad de la Comisión, que debería garantizar idoneidad y mérito en la selección de aspirantes.
- A ello se suma la desconfianza generada por el escándalo del sistema TREP, usado en las elecciones de 2023, por el cual el MP señala a varios magistrados por irregularidades.
- Para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), “la peor reforma electoral fue la de 2016”, pues consolidó privilegios y debilitó la competencia democrática.
En conclusión. El relevo del TSE podría definir si Guatemala recupera las autoridades electorales confiables o si cede ante las presiones de grupos de poder tradicionales —Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro y Estuardo Gálvez— o emergentes —Nester Vásquez (ASPA) y Juan Francisco Solorzano Foppa—.
- Con un Congreso debilitado, universidades cuestionadas y partidos ansiosos por conservar poder, el riesgo es evidente.
- La falta de consensos, los cuestionamientos a la USAC y la debilidad del Congreso amenazan con repetir viejos errores.
- El reto será elegir magistrados con legitimidad técnica y ética suficientes para garantizar elecciones transparentes en 2027.
