El limbo legal que oscurece la contratación de publicidad en el Aeropuerto La Aurora

A partir de un comunicado emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), se dio a conocer que esta entidad ya había iniciado las gestiones para “recuperar” las áreas publicitarias del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

• Esta situación legal pone a la empresa Media Airport System (MEDIA) en el centro de la disputa, dado que, derivado de un contrato suscrito en 2007, se le otorgó el derecho para la explotación exclusiva de los espacios publicitarios en la terminal aeroportuaria.
• El entramado legal que enreda el proceso evidencia las condiciones leoninas que vulneran los intereses del Estado, y también ponen en duda la legalidad de las acciones de la DGAC.
• Esta incertidumbre jurídica queda en evidencia en la documentación a la que tuvo acceso República, la que registra todos los recursos planteados en esta disputa legal.

Fisgón histórico. De acuerdo con la documentación disponible, el primer contrato que establece el arrendamiento de determinadas áreas para la explotación de los espacios publicitarios a MEDIA data del 29 de diciembre de 2007.

• Posteriormente, el 13 de octubre de 2008, se modificó con una ampliación de la extensión de las áreas arrendadas.
• Finalmente, el 31 de julio de 2009 se estableció una nueva ampliación de las áreas arrendadas y una modificación en los términos de arrendamiento. 
• Derivado de estas modificaciones, el contrato no ha sido perfeccionado. Este vaivén evidencia una primera condición leonina del contrato, dado que el documento establece que, únicamente hasta que todas las áreas pactadas sean entregadas a MEDIA el convenio entrará en vigor, lo que deja al Estado de Guatemala en una situación desprotegida frente a la empresa.

Entre líneas. Además de las condiciones lesivas para el Estado guatemalteco, otra duda que se identifica en el negocio es la vinculación de MEDIA con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

• El actual representante legal de la empresa, Douglas Ovalle, indica que no se ha encontrado una vinculación directa con Sinibaldi, pero  personas que figuraron como representantes legales en el pasado sí han tenido relación con el exministro. Este es el caso de José Antonio Mourra y José Guillermo Yupe Ramírez.
• Cabe destacar que Ovalle ingresó a la empresa en 2016, tras la solicitud de Mourra, con el objetivo de rescatar la entidad que enfrentaba problemas financieros.
• En ese momento Sinibaldi ya no figuraba como protagonista en el negocio, lo cual se relaciona con la aparente desaparición de los dueños de la empresa. En la actualidad la entidad está en resguardo, por lo que no se conocen los accionistas originales.

Qué destacar. Los representantes de MEDIA indican que contrario a las declaraciones del DGAC, la empresa ha intentado pagar las rentas variables. Reconocen que sí hay una deuda, pero no el monto que indican las autoridades.

• Estas acciones están documentadas en un intercambio de correos electrónicos de noviembre y diciembre de 2017, en donde la empresa solicita a Rebeca Marroquín, Coordinadora de Liquidaciones de la DGAC, el cálculo de pago de rentas. Por la negativa, requieren la liberación del sistema.
• Debido a que MEDIA no pudo efectuar los pagos, el 26 de diciembre de 2017, en presencia del notario Juan Carlos García Hernández, se intentó cancelar en una agencia bancaria del AILA. El abogado dio fe del rechazo de los pagos.
• En reiteradas ocasiones el banco manifestó que no contaban con instrucciones para recibir el pago, por lo que el 16 de enero de 2018 la empresa promovió un desembolso por consignación a favor de la DGAC por la suma de GTQ384,132.

Lo que sigue. Por 17 años MEDIA ha tenido presencia en el aeropuerto, sin embargo, el proceso legal se entrampó con la entrada de Francis Argueta como Director de la DGAC, en 2018.

• Entre mayo y noviembre de 2018, la empresa mantuvo reuniones presenciales con Argueta para regularizar el contrato, presentar los antecedentes para solicitar la aceptación de pagos y ampliar el contrato. A lo largo de esta fase, la empresa realizó una visita de reconocimiento judicial con el objetivo de contabilizar las áreas adscritas a su favor.
• En diciembre de 2018 parecía que las reuniones habían rendido frutos, ya que el 6 de diciembre la DGAC convocó a Ovalle para participar en una mesa técnica junto con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), para regular la situación legal.
• Pero el 12 de diciembre la reunión fue suspendida, por lo que MEDIA envió una carta a Argueta indicando su disposición a retomar la mesa técnica y se instó al director a convocarlos de nuevo.

¿Ahora qué? Todas las diferencias legales desembocaron en la resolución del Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil del 29 de marzo de 2019, en la que ordenó  a Argueta abstenerse de realizar cualquier acto administrativo en contra de los derechos del arrendatario. También a permitir el uso de las áreas que el arrendatario posee.

• Por esta decisión, la DGAC interpuso un Recurso de Revocatoria alegando que este fallo vulneraba derechos fundamentales porque la actuación del juez había sido arbitraria en detrimento de los intereses de la institución aeroportuaria. Este trámite fue rechazado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil el 27 de septiembre de 2019.
• La DGAC reaccionó presentando una acción constitucional de amparo, la cual fue rechazada el 18 de enero de 2022 por la Corte Suprema de Justicia.
• El 1 de octubre, basándose en hechos legales, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la DGAC contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. Adicionalmente, el 13 de julio de 2023 la CC resolvió sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la CSJ, confirmando el fallo.

Por qué importa.  Pero después de que la DGAC diera a conocer, el pasado 19 de septiembre de 2024, que MEDIA debía más de GTQ37M al aeropuerto por falta de pago en arrendamiento, el 23 de septiembre el Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil enmendó el procedimiento y dejó sin efecto la resolución del 29 de marzo de 2019.

• Debido a que este procedimiento inicia cinco años después de que el juez dictara un fallo en favor de MEDIA, el representante legal presentó un Recurso de Revocatoria, ya que la resolución levanta todas las medidas precautorias que favorecían a la empresa, de manera provisional.
• El documento sobre el recurso legal señala que la actuación del juez fue arbitraria, parcial, en detrimento de los derechos de la empresa.
• De acuerdo con el comunicado de la DGAC, mientras el Juzgado resuelve, la entidad “procederá a revertir las condiciones que gozaba dicha entidad y no se le permitirá continuar con las pautas publicitarias”.