EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La justicia suiza, reconocida por su rigor y respeto a los derechos humanos, se ha visto envuelta en una maraña de irregularidades en un caso que tiene relación directa con Guatemala: la condena -por cuarta ocasión- de Erwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC).
En un proceso plagado de ilegalidades, ahora se destapan nuevos hechos que apuntan siempre más a un fraude judicial sin precedente. El tribunal suizo ordenó indemnizar a una querellante fallecida cuatro años antes de la condena.
Sperisen fue condenado por cuarta ocasión en septiembre de 2024. La fiscalía, encabezada por Yves Bertossa, ignoró la orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2023 exigió repetir el juicio y corregir las múltiples violaciones al derecho de defensa. Hasta pretendió, Bertossa, que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos era arbitraria y que no tenía que ser ejecutada por Suiza.
Parte de la cuarta sentencia contra Sperisen fue ordenar una indemnización a la querellante adhesiva, María del Socorro Vásquez. Se trataba de la madre de una de las víctimas del Caso Pavón, cuya acción legal en Suiza había sido promovida por la oenegé TRIAL, fundada por el propio padre de Bertossa. Sin embargo, el reportero suizo, Arnaud Bédat, viajó a Guatemala, y reveló que Vásquez no sabía que era parte en un caso en Suiza contra Sperisen, no acusaba a Sperisen y no conocía a su abogada, Alexandra López, quien pretendía representarla.
Ahora se descubre que Vásquez llevaba cuatro años muerta cuando el tribunal de Ginebra ordenó el pago de USD24 000 a su favor. La querellante murió el 27 de noviembre de 2020.
El absurdo fue aún mayor cuando las autoridades publicaron un aviso en la Gaceta oficial del cantón de Ginebra notificando a Vásquez sobre la compensación. En el documento, fechado el 2 de diciembre de 2024, la fallecida debía presentarse para recibir el fallo pronunciado a su favor. La situación reveló la profunda negligencia y falta de seriedad del proceso, en el que ni siquiera se comprobó si la querellante seguía con vida.
Las ilegalidades del juicio contra Sperisen habían sido constantes desde el inicio. La defensa denunció la falta de testigos clave, la manipulación de pruebas y la inclusión de declaraciones falsas. Entre los elementos más escandalosos estuvo la participación de Philippe Lucien André Biret, un criminal condenado a 30 años de prisión por doble asesinato, quien fue usado como testigo en contra de Sperisen.
La fiscalía y los jueces suizos desestimaron todas las evidencias que demostraban la falta de imparcialidad del proceso. Incluso el testimonio de María del Socorro Vásquez fue rechazado: la defensa presentó el material de su entrevista por el reportero Bédat como prueba, pero la "justicia" suiza se negó a oírlos ni a Bédat ni a Vásquez.
El fiscal suizo estaba decidido a lograr una condena definitiva contra Sperisen, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había determinado que el proceso vulneraba el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. La justicia de Suiza, sin embargo, parecía más preocupada por la reputación de Bertossa que por garantizar un juicio justo.
El caso había tomado un giro aún más escandaloso con la indemnización ordenada a Vásquez y a su presunta abogada-, quien ni fue capaz, antes del cuarto proceso, de informar a las autoridades del fallecimiento de su defendida hacía años, en 2023, cuando dejó de representarla.
Las irregularidades del caso despertaron la indignación internacional y pusieron bajo la lupa a los jueces y fiscales de Ginebra. La justicia suiza, que históricamente se ha presentado como un modelo de transparencia y respeto a los derechos humanos, ahora enfrenta preguntas incómodas sobre la posible corrupción dentro de sus propias instituciones.
El Parlamento suizo podría abrir una investigación para esclarecer cómo se permitió un fraude de tal magnitud. Las dudas sobre la independencia del proceso contra Sperisen se multiplican, y la credibilidad de la justicia suiza está en juego.
El juicio fantasma, con su querellante muerta y su trama de manipulaciones, podría marcar el principio del fin para una de las persecuciones judiciales más cuestionadas de los últimos años. Suiza enfrenta un dilema: continuar ignorando las anomalías o enfrentar la verdad de un sistema que ha fallado en su misión fundamental
La justicia suiza, reconocida por su rigor y respeto a los derechos humanos, se ha visto envuelta en una maraña de irregularidades en un caso que tiene relación directa con Guatemala: la condena -por cuarta ocasión- de Erwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC).
En un proceso plagado de ilegalidades, ahora se destapan nuevos hechos que apuntan siempre más a un fraude judicial sin precedente. El tribunal suizo ordenó indemnizar a una querellante fallecida cuatro años antes de la condena.
Sperisen fue condenado por cuarta ocasión en septiembre de 2024. La fiscalía, encabezada por Yves Bertossa, ignoró la orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2023 exigió repetir el juicio y corregir las múltiples violaciones al derecho de defensa. Hasta pretendió, Bertossa, que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos era arbitraria y que no tenía que ser ejecutada por Suiza.
Parte de la cuarta sentencia contra Sperisen fue ordenar una indemnización a la querellante adhesiva, María del Socorro Vásquez. Se trataba de la madre de una de las víctimas del Caso Pavón, cuya acción legal en Suiza había sido promovida por la oenegé TRIAL, fundada por el propio padre de Bertossa. Sin embargo, el reportero suizo, Arnaud Bédat, viajó a Guatemala, y reveló que Vásquez no sabía que era parte en un caso en Suiza contra Sperisen, no acusaba a Sperisen y no conocía a su abogada, Alexandra López, quien pretendía representarla.
Ahora se descubre que Vásquez llevaba cuatro años muerta cuando el tribunal de Ginebra ordenó el pago de USD24 000 a su favor. La querellante murió el 27 de noviembre de 2020.
El absurdo fue aún mayor cuando las autoridades publicaron un aviso en la Gaceta oficial del cantón de Ginebra notificando a Vásquez sobre la compensación. En el documento, fechado el 2 de diciembre de 2024, la fallecida debía presentarse para recibir el fallo pronunciado a su favor. La situación reveló la profunda negligencia y falta de seriedad del proceso, en el que ni siquiera se comprobó si la querellante seguía con vida.
Las ilegalidades del juicio contra Sperisen habían sido constantes desde el inicio. La defensa denunció la falta de testigos clave, la manipulación de pruebas y la inclusión de declaraciones falsas. Entre los elementos más escandalosos estuvo la participación de Philippe Lucien André Biret, un criminal condenado a 30 años de prisión por doble asesinato, quien fue usado como testigo en contra de Sperisen.
La fiscalía y los jueces suizos desestimaron todas las evidencias que demostraban la falta de imparcialidad del proceso. Incluso el testimonio de María del Socorro Vásquez fue rechazado: la defensa presentó el material de su entrevista por el reportero Bédat como prueba, pero la "justicia" suiza se negó a oírlos ni a Bédat ni a Vásquez.
El fiscal suizo estaba decidido a lograr una condena definitiva contra Sperisen, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había determinado que el proceso vulneraba el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. La justicia de Suiza, sin embargo, parecía más preocupada por la reputación de Bertossa que por garantizar un juicio justo.
El caso había tomado un giro aún más escandaloso con la indemnización ordenada a Vásquez y a su presunta abogada-, quien ni fue capaz, antes del cuarto proceso, de informar a las autoridades del fallecimiento de su defendida hacía años, en 2023, cuando dejó de representarla.
Las irregularidades del caso despertaron la indignación internacional y pusieron bajo la lupa a los jueces y fiscales de Ginebra. La justicia suiza, que históricamente se ha presentado como un modelo de transparencia y respeto a los derechos humanos, ahora enfrenta preguntas incómodas sobre la posible corrupción dentro de sus propias instituciones.
El Parlamento suizo podría abrir una investigación para esclarecer cómo se permitió un fraude de tal magnitud. Las dudas sobre la independencia del proceso contra Sperisen se multiplican, y la credibilidad de la justicia suiza está en juego.
El juicio fantasma, con su querellante muerta y su trama de manipulaciones, podría marcar el principio del fin para una de las persecuciones judiciales más cuestionadas de los últimos años. Suiza enfrenta un dilema: continuar ignorando las anomalías o enfrentar la verdad de un sistema que ha fallado en su misión fundamental
