EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Hay pocos espectáculos más patéticos que un populista disfrazado de defensor de la propiedad privada. Sin embargo, eso es exactamente lo que ofrece el Congreso de la República esta semana mientras tramita —en pleno año preelectoral, con un guiño que ya nadie se molesta en disimular— la iniciativa 6709 del diputado Cristian Álvarez del partido CREO, para reducir el IUSI del 9 al 3 por millar.
Que conste lo siguiente, porque importa: cuestionar la legitimidad del Impuesto Único Sobre Inmuebles es un ejercicio profundamente republicano. La propiedad, como recordaron Locke, Madison y la tradición liberal entera, no es una concesión del Estado sino un derecho anterior a él. Todo gravamen que la afecte exige justificación impecable, y el IUSI nunca la ha tenido del todo: nació con un hecho generador inexistente y arrastra esa fragilidad desde 1998. Discutirlo a fondo es deber republicano. Lo que se está discutiendo en el Congreso, sin embargo, no es eso.
El año preelectoral ha obrado el milagro de la proactividad legislativa. Diputados que durante meses no presentaron una sola propuesta de fondo descubren, de golpe, una vocación reformista que coincide puntualmente con el inicio del ciclo de campañas. El diputado Álvarez no está solo en este oficio. El grupo del diputado Samuel Pérez Álvarez lleva tiempo perfeccionando la fórmula: iniciativas de alto impacto mediático y escaso rigor técnico, calibradas al milímetro para el calendario electoral.
Detrás de esta coreografía populista hay un cálculo frío y, conviene decirlo, más cínico. Reducir abruptamente el IUSI sin sustitución no es un acto de generosidad fiscal: es una operación diseñada para asfixiar financieramente a más de trescientos gobiernos locales un año antes de que se elija a sus sucesores.
La lógica es transparente para quien quiera verla. Un municipio sin recursos es un municipio que deja de pavimentar, de recoger basura, de iluminar calles, de prestar los servicios elementales que le dan sentido visible a la autoridad local. Y un ciudadano confrontado con esa precariedad no distingue entre el diputado que la provocó y el alcalde que la padece: castiga al que tiene enfrente. Sobre ese descontento manufacturado pretenden montar su cosecha electoral los partidos que hoy no controlan los concejos municipales que aspiran a controlar. Es ingeniería electoral disfrazada de alivio fiscal: fabricar el problema para venderse después como solución.
¿Significa lo anterior que el IUSI deba mantenerse inalterado? Por supuesto que no. Hay razones de fondo para revisarlo, y la conversación sobre cómo hacerlo es legítima y necesaria. Pero es una conversación técnica, no una proclama de campaña. El verdadero problema —y el que la iniciativa 6709 esquiva con habilidad— es de fondo: si se le retiran recursos a las municipalidades, ¿con qué se sustituyen?
Y aquí entra una dimensión que el debate público ha pasado por alto con sospechosa diligencia. Este gobierno —como otros antes, pero este con dedicación particular— ha convertido al Ministerio de Finanzas en su principal instrumento de chantaje político. Asignaciones que se demoran, desembolsos que se aceleran o se retienen, ejecuciones que se autorizan o se entorpecen según la docilidad del diputado distrital de turno: tal es la moneda con la que el Ejecutivo compra votos en el Congreso y disciplina a las bancadas. Cualquier reforma que erosione la autonomía financiera del municipio sin construir una alternativa —y la 6709 no construye nada— no está fortaleciendo al ciudadano; está coronando al ministro de turno como árbitro absoluto de la vida local guatemalteca.
Y un municipio asfixiado no permanece vacío. Lo ocupa alguien. Lo ocupa el narcotráfico. Lo ocupan las estructuras criminales que llevan dos décadas leyendo con paciencia el mapa de las ausencias del Estado guatemalteco y avanzando metódicamente sobre él. Donde el alcalde no puede pagar el alumbrado, lo paga el narco. Donde la comuna no logra reparar una calle, la repara el narco. Donde la autoridad legítima se retira, el crimen organizado se instala, compra legitimidad social a precio de gallina vieja y, con el tiempo, se convierte en autoridad de facto. No es hipótesis académica ni alarmismo editorial: es el mapa político real de varias regiones del país, y cualquier diputado con más de seis meses de curul lo sabe perfectamente.
Aprobar la iniciativa 6709 en sus términos actuales no es defender la propiedad privada: es entregar municipios al narcotráfico envueltos en papel de regalo republicano. Quienes la voten no estarán liberando al contribuyente del peso de un impuesto injusto. Estarán comprando votos hoy con el territorio que mañana ya no será del Estado guatemalteco.
Que conste, al menos, para la historia.
Hay pocos espectáculos más patéticos que un populista disfrazado de defensor de la propiedad privada. Sin embargo, eso es exactamente lo que ofrece el Congreso de la República esta semana mientras tramita —en pleno año preelectoral, con un guiño que ya nadie se molesta en disimular— la iniciativa 6709 del diputado Cristian Álvarez del partido CREO, para reducir el IUSI del 9 al 3 por millar.
Que conste lo siguiente, porque importa: cuestionar la legitimidad del Impuesto Único Sobre Inmuebles es un ejercicio profundamente republicano. La propiedad, como recordaron Locke, Madison y la tradición liberal entera, no es una concesión del Estado sino un derecho anterior a él. Todo gravamen que la afecte exige justificación impecable, y el IUSI nunca la ha tenido del todo: nació con un hecho generador inexistente y arrastra esa fragilidad desde 1998. Discutirlo a fondo es deber republicano. Lo que se está discutiendo en el Congreso, sin embargo, no es eso.
El año preelectoral ha obrado el milagro de la proactividad legislativa. Diputados que durante meses no presentaron una sola propuesta de fondo descubren, de golpe, una vocación reformista que coincide puntualmente con el inicio del ciclo de campañas. El diputado Álvarez no está solo en este oficio. El grupo del diputado Samuel Pérez Álvarez lleva tiempo perfeccionando la fórmula: iniciativas de alto impacto mediático y escaso rigor técnico, calibradas al milímetro para el calendario electoral.
Detrás de esta coreografía populista hay un cálculo frío y, conviene decirlo, más cínico. Reducir abruptamente el IUSI sin sustitución no es un acto de generosidad fiscal: es una operación diseñada para asfixiar financieramente a más de trescientos gobiernos locales un año antes de que se elija a sus sucesores.
La lógica es transparente para quien quiera verla. Un municipio sin recursos es un municipio que deja de pavimentar, de recoger basura, de iluminar calles, de prestar los servicios elementales que le dan sentido visible a la autoridad local. Y un ciudadano confrontado con esa precariedad no distingue entre el diputado que la provocó y el alcalde que la padece: castiga al que tiene enfrente. Sobre ese descontento manufacturado pretenden montar su cosecha electoral los partidos que hoy no controlan los concejos municipales que aspiran a controlar. Es ingeniería electoral disfrazada de alivio fiscal: fabricar el problema para venderse después como solución.
¿Significa lo anterior que el IUSI deba mantenerse inalterado? Por supuesto que no. Hay razones de fondo para revisarlo, y la conversación sobre cómo hacerlo es legítima y necesaria. Pero es una conversación técnica, no una proclama de campaña. El verdadero problema —y el que la iniciativa 6709 esquiva con habilidad— es de fondo: si se le retiran recursos a las municipalidades, ¿con qué se sustituyen?
Y aquí entra una dimensión que el debate público ha pasado por alto con sospechosa diligencia. Este gobierno —como otros antes, pero este con dedicación particular— ha convertido al Ministerio de Finanzas en su principal instrumento de chantaje político. Asignaciones que se demoran, desembolsos que se aceleran o se retienen, ejecuciones que se autorizan o se entorpecen según la docilidad del diputado distrital de turno: tal es la moneda con la que el Ejecutivo compra votos en el Congreso y disciplina a las bancadas. Cualquier reforma que erosione la autonomía financiera del municipio sin construir una alternativa —y la 6709 no construye nada— no está fortaleciendo al ciudadano; está coronando al ministro de turno como árbitro absoluto de la vida local guatemalteca.
Y un municipio asfixiado no permanece vacío. Lo ocupa alguien. Lo ocupa el narcotráfico. Lo ocupan las estructuras criminales que llevan dos décadas leyendo con paciencia el mapa de las ausencias del Estado guatemalteco y avanzando metódicamente sobre él. Donde el alcalde no puede pagar el alumbrado, lo paga el narco. Donde la comuna no logra reparar una calle, la repara el narco. Donde la autoridad legítima se retira, el crimen organizado se instala, compra legitimidad social a precio de gallina vieja y, con el tiempo, se convierte en autoridad de facto. No es hipótesis académica ni alarmismo editorial: es el mapa político real de varias regiones del país, y cualquier diputado con más de seis meses de curul lo sabe perfectamente.
Aprobar la iniciativa 6709 en sus términos actuales no es defender la propiedad privada: es entregar municipios al narcotráfico envueltos en papel de regalo republicano. Quienes la voten no estarán liberando al contribuyente del peso de un impuesto injusto. Estarán comprando votos hoy con el territorio que mañana ya no será del Estado guatemalteco.
Que conste, al menos, para la historia.
