EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El espejo nicaragüense
Guatemala no está en ese punto, pero la distancia entre un país y otro no es de espacio, sino de tiempo. Y el tiempo se acorta.
Los empresarios de Managua creyeron que bastaba con hacer dinero, dar empleo y pagar impuestos. Hoy no pueden ni abrir la boca. Ese es el verdadero costo de la apatía empresarial para con la política.
La semana pasada, los gerentes generales de las empresas nicaragüenses fueron convocados al Banco Central. La invitación hablaba de una “reunión sectorial para ver temas de interés”. No decía que se trataba de las reformas constitucionales con las que Daniel Ortega instaurará formalmente el partido único. Tampoco hacía falta: todos sabían que no podían faltar.
Lo que encontraron, según reconstruyó el medio Confidencial, no fue una consulta, sino un monólogo. Ovidio Reyes, Gustavo Porras y el diputado Walmaro Gutiérrez proclamaron la “estabilidad, seguridad y paz” del país y permitieron pocas interrupciones. Nadie objetó nada.
El empresariado sin voz, usado como utilería fotográfica para legitimar la abolición del pluralismo político en su propio país.
Conviene recordar que los empresarios nicaragüenses no llegaron a esa sala por accidente ni de un día para otro. Llegaron por un camino que recorrieron voluntariamente durante más de una década.
Entre 2007 y 2018 funcionó en Nicaragua el llamado “modelo de diálogo y consenso”: el sector privado organizado negociaba directamente con el Ejecutivo la política económica, tributaria y de seguridad social, y a cambio se abstenía de opinar sobre lo demás. Funcionó espléndidamente en términos contables.
El país creció, la inversión llegó, las utilidades fueron buenas. El costo era intangible y, por lo tanto, fácil de ignorar: la desaparición progresiva de la república y de los contrapesos institucionales que un día podrían necesitar.
En abril de 2018 se acabó la ficción. Cuando la represión hizo insostenible el silencio y el sector privado finalmente habló, ya no tenía con qué. No quedaban tribunales independientes, ni Contraloría, ni Ministerio Público autónomo, ni prensa protegida, ni partidos de oposición viables.
Todo eso se había desmantelado mientras los negocios iban bien. Vinieron después las confiscaciones, la cancelación de personerías jurídicas de las cámaras empresariales y la cárcel para dirigentes gremiales que hasta poco antes eran interlocutores del régimen.
El mensaje implícito de las reuniones fue recordarles que con el Gobierno han hecho dinero, y que a quien se le ocurra decir algo contrario, deja de hacerlo.
Guatemala no está en ese punto, pero la distancia entre un país y otro no es de espacio, sino de tiempo. Y el tiempo se acorta.
Aquí opera, desde hace décadas, una convicción cómoda: que la contribución del empresario al país es producir, emplear y tributar; que la política es un asunto sucio del que conviene mantenerse a prudente distancia; que la institucionalidad es una infraestructura que está ahí, como las carreteras, y que alguien más se encargará de mantener.
Por si lo anterior fuese poco, la CICIG se encargó de terminar de ahuyentar al capital limpio de las campañas políticas y con ello dio paso a lo que sí vive ahora Guatemala: la penetración del narco en la política.
La distinción no es académica. Es exactamente la que separó a los empresarios nicaragüenses de 2007 —cortejados, prósperos, escuchados— de los empresarios nicaragüenses de 2026, que asisten mudos a la escenificación de su propia irrelevancia.
Y conviene decirlo sin eufemismos: entre los aspirantes que hoy se perfilan a la presidencia en el 2027, con suerte hay dos cuyo proyecto de poder no es incompatible con los contrapesos institucionales. Quien crea que sabrá negociar con futuros déspotas desde la posición de gran empresario o de contribuyente cumplidor está haciendo el mismo cálculo que hicieron en Managua los que hoy callan porque no pueden hablar.
No se trata de que los empresarios se hagan políticos. Se trata de que dejen de creer que pueden delegar indefinidamente la defensa de las reglas que hacen posible su actividad.
Ocuparse de la cosa pública significa financiar instituciones y no solamente campañas. Significa defender la independencia judicial cuando el fallo incómodo es el propio. Significa hablar temprano, cuando hablar todavía es barato, y no cuando ya es heroico.
En Nicaragua, hubo un momento en que el silencio era cómodo, rentable y opcional. Hoy el silencio es obligatorio.
Ahí está el espejo. Que nadie diga después que no había manera de saberlo.
Como corolario para los empresarios de hoy, queda la frase de Winston Churchill: “No es suficiente con hacer lo mejor que podamos; a veces, debemos hacer lo que se requiere”.
El espejo nicaragüense
Guatemala no está en ese punto, pero la distancia entre un país y otro no es de espacio, sino de tiempo. Y el tiempo se acorta.
Los empresarios de Managua creyeron que bastaba con hacer dinero, dar empleo y pagar impuestos. Hoy no pueden ni abrir la boca. Ese es el verdadero costo de la apatía empresarial para con la política.
La semana pasada, los gerentes generales de las empresas nicaragüenses fueron convocados al Banco Central. La invitación hablaba de una “reunión sectorial para ver temas de interés”. No decía que se trataba de las reformas constitucionales con las que Daniel Ortega instaurará formalmente el partido único. Tampoco hacía falta: todos sabían que no podían faltar.
Lo que encontraron, según reconstruyó el medio Confidencial, no fue una consulta, sino un monólogo. Ovidio Reyes, Gustavo Porras y el diputado Walmaro Gutiérrez proclamaron la “estabilidad, seguridad y paz” del país y permitieron pocas interrupciones. Nadie objetó nada.
El empresariado sin voz, usado como utilería fotográfica para legitimar la abolición del pluralismo político en su propio país.
Conviene recordar que los empresarios nicaragüenses no llegaron a esa sala por accidente ni de un día para otro. Llegaron por un camino que recorrieron voluntariamente durante más de una década.
Entre 2007 y 2018 funcionó en Nicaragua el llamado “modelo de diálogo y consenso”: el sector privado organizado negociaba directamente con el Ejecutivo la política económica, tributaria y de seguridad social, y a cambio se abstenía de opinar sobre lo demás. Funcionó espléndidamente en términos contables.
El país creció, la inversión llegó, las utilidades fueron buenas. El costo era intangible y, por lo tanto, fácil de ignorar: la desaparición progresiva de la república y de los contrapesos institucionales que un día podrían necesitar.
En abril de 2018 se acabó la ficción. Cuando la represión hizo insostenible el silencio y el sector privado finalmente habló, ya no tenía con qué. No quedaban tribunales independientes, ni Contraloría, ni Ministerio Público autónomo, ni prensa protegida, ni partidos de oposición viables.
Todo eso se había desmantelado mientras los negocios iban bien. Vinieron después las confiscaciones, la cancelación de personerías jurídicas de las cámaras empresariales y la cárcel para dirigentes gremiales que hasta poco antes eran interlocutores del régimen.
El mensaje implícito de las reuniones fue recordarles que con el Gobierno han hecho dinero, y que a quien se le ocurra decir algo contrario, deja de hacerlo.
Guatemala no está en ese punto, pero la distancia entre un país y otro no es de espacio, sino de tiempo. Y el tiempo se acorta.
Aquí opera, desde hace décadas, una convicción cómoda: que la contribución del empresario al país es producir, emplear y tributar; que la política es un asunto sucio del que conviene mantenerse a prudente distancia; que la institucionalidad es una infraestructura que está ahí, como las carreteras, y que alguien más se encargará de mantener.
Por si lo anterior fuese poco, la CICIG se encargó de terminar de ahuyentar al capital limpio de las campañas políticas y con ello dio paso a lo que sí vive ahora Guatemala: la penetración del narco en la política.
La distinción no es académica. Es exactamente la que separó a los empresarios nicaragüenses de 2007 —cortejados, prósperos, escuchados— de los empresarios nicaragüenses de 2026, que asisten mudos a la escenificación de su propia irrelevancia.
Y conviene decirlo sin eufemismos: entre los aspirantes que hoy se perfilan a la presidencia en el 2027, con suerte hay dos cuyo proyecto de poder no es incompatible con los contrapesos institucionales. Quien crea que sabrá negociar con futuros déspotas desde la posición de gran empresario o de contribuyente cumplidor está haciendo el mismo cálculo que hicieron en Managua los que hoy callan porque no pueden hablar.
No se trata de que los empresarios se hagan políticos. Se trata de que dejen de creer que pueden delegar indefinidamente la defensa de las reglas que hacen posible su actividad.
Ocuparse de la cosa pública significa financiar instituciones y no solamente campañas. Significa defender la independencia judicial cuando el fallo incómodo es el propio. Significa hablar temprano, cuando hablar todavía es barato, y no cuando ya es heroico.
En Nicaragua, hubo un momento en que el silencio era cómodo, rentable y opcional. Hoy el silencio es obligatorio.
Ahí está el espejo. Que nadie diga después que no había manera de saberlo.
Como corolario para los empresarios de hoy, queda la frase de Winston Churchill: “No es suficiente con hacer lo mejor que podamos; a veces, debemos hacer lo que se requiere”.
