EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El veto del Ejecutivo al decreto 07-2025 reactivó el debate sobre los límites constitucionales en el manejo de fondos públicos. Lo aprobado por el Congreso incluía disposiciones que, según el análisis técnico de la Secretaría General de la Presidencia y varios ministerios, vulneraban artículos clave de la Constitución, entre ellos el 2, el 119, el 154, el 171(b) y el 238.
El punto más crítico: la facultad otorgada al Ministerio de Finanzas para ampliar el presupuesto sin aval legislativo ni procedimientos técnicos.
Durante la conferencia de prensa semanal, el presidente, Bernardo Arévalo, explicó que el decreto contenía formulaciones imprecisas —como “razones ampliamente justificadas”— que comprometen la certeza jurídica. Según el secretario general de la Presidencia, esa frase permitiría la designación de proyectos sin una causa real, lo que vulneraría el artículo 2 constitucional.
Aunque la medida ha generado tensiones con el Congreso, el mandatario reiteró el compromiso con los gobiernos locales. Recordó que entre julio y agosto se realizaron reuniones regionales con alcaldes, en las que se discutió la inclusión de una cláusula en el Proyecto de Presupuesto 2026 para reprogramar los fondos no ejecutados en 2025.
El objetivo es evitar la devolución de recursos y garantizar la continuidad de obras comunitarias.
En paralelo, el Ejecutivo presentó una nueva iniciativa de Ley anti-pandillas, que busca reforzar el combate contra las estructuras criminales responsables de la reciente escalada de violencia.
La propuesta contempla el aumento de penas de prisión para delitos vinculados a maras y pandillas, así como la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad, diseñado exclusivamente para miembros de estas organizaciones.
El nuevo recinto tendrá condiciones estrictas: celdas para máximo dos personas, prohibición de encomiendas y controles reforzados para impedir que los cabecillas continúen operando desde prisión. Según la viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, el diseño busca cortar las comunicaciones que permiten coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
La iniciativa también aborda la usura ejercida por extranjeros en esquemas de “prestamismo” que afectan a comerciantes y familias guatemaltecas. Se plantea la expulsión inmediata de quienes cometan este tipo de delitos, como parte de una estrategia contra redes criminales transnacionales.
Durante la presentación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, respondió a preguntas sobre el alcance de la propuesta. Consultado sobre si Guatemala solicitó a EE. UU. declarar organización terrorista al Barrio 18, aclaró que no hubo una petición formal, pero que la decisión fue compartida en el marco de la cooperación bilateral.
Respecto a señalamientos contra actores políticos y judiciales por presuntos vínculos con pandillas, Jiménez afirmó que “el pueblo de Guatemala sabe quiénes han estado involucrados” y que algunos intentan desviar la atención. También indicó que se propondrán reformas legales para endurecer las penas y sancionar a reos que dañen infraestructura penitenciaria.
Las reformas, dijo, son técnicas y buscan cerrar brechas que permiten la impunidad.
Agenda presidencial
Martes 7
-
Visita a CONRED para supervisar las acciones por la temporada de lluvias y conocer de cerca la ayuda humanitaria que se entrega.
Miércoles 8 a viernes 10
-
Participación en Global Gateway, Bruselas, foro internacional donde se abordarán temas sobre atracción de inversiones.
Sábado 11
-
Reunión privada con Su Santidad el Papa León XIV.
El veto del Ejecutivo al decreto 07-2025 reactivó el debate sobre los límites constitucionales en el manejo de fondos públicos. Lo aprobado por el Congreso incluía disposiciones que, según el análisis técnico de la Secretaría General de la Presidencia y varios ministerios, vulneraban artículos clave de la Constitución, entre ellos el 2, el 119, el 154, el 171(b) y el 238.
El punto más crítico: la facultad otorgada al Ministerio de Finanzas para ampliar el presupuesto sin aval legislativo ni procedimientos técnicos.
Durante la conferencia de prensa semanal, el presidente, Bernardo Arévalo, explicó que el decreto contenía formulaciones imprecisas —como “razones ampliamente justificadas”— que comprometen la certeza jurídica. Según el secretario general de la Presidencia, esa frase permitiría la designación de proyectos sin una causa real, lo que vulneraría el artículo 2 constitucional.
Aunque la medida ha generado tensiones con el Congreso, el mandatario reiteró el compromiso con los gobiernos locales. Recordó que entre julio y agosto se realizaron reuniones regionales con alcaldes, en las que se discutió la inclusión de una cláusula en el Proyecto de Presupuesto 2026 para reprogramar los fondos no ejecutados en 2025.
El objetivo es evitar la devolución de recursos y garantizar la continuidad de obras comunitarias.
En paralelo, el Ejecutivo presentó una nueva iniciativa de Ley anti-pandillas, que busca reforzar el combate contra las estructuras criminales responsables de la reciente escalada de violencia.
La propuesta contempla el aumento de penas de prisión para delitos vinculados a maras y pandillas, así como la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad, diseñado exclusivamente para miembros de estas organizaciones.
El nuevo recinto tendrá condiciones estrictas: celdas para máximo dos personas, prohibición de encomiendas y controles reforzados para impedir que los cabecillas continúen operando desde prisión. Según la viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, el diseño busca cortar las comunicaciones que permiten coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
La iniciativa también aborda la usura ejercida por extranjeros en esquemas de “prestamismo” que afectan a comerciantes y familias guatemaltecas. Se plantea la expulsión inmediata de quienes cometan este tipo de delitos, como parte de una estrategia contra redes criminales transnacionales.
Durante la presentación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, respondió a preguntas sobre el alcance de la propuesta. Consultado sobre si Guatemala solicitó a EE. UU. declarar organización terrorista al Barrio 18, aclaró que no hubo una petición formal, pero que la decisión fue compartida en el marco de la cooperación bilateral.
Respecto a señalamientos contra actores políticos y judiciales por presuntos vínculos con pandillas, Jiménez afirmó que “el pueblo de Guatemala sabe quiénes han estado involucrados” y que algunos intentan desviar la atención. También indicó que se propondrán reformas legales para endurecer las penas y sancionar a reos que dañen infraestructura penitenciaria.
Las reformas, dijo, son técnicas y buscan cerrar brechas que permiten la impunidad.
Agenda presidencial
Martes 7
-
Visita a CONRED para supervisar las acciones por la temporada de lluvias y conocer de cerca la ayuda humanitaria que se entrega.
Miércoles 8 a viernes 10
-
Participación en Global Gateway, Bruselas, foro internacional donde se abordarán temas sobre atracción de inversiones.
Sábado 11
-
Reunión privada con Su Santidad el Papa León XIV.
