La tropelía de Maduro del pasado domingo al electorado venezolano evidenció la incapacidad estadounidense para promover una elección libre. La administración de Biden intentó asegurar un proceso democrático en Venezuela a través de un tira y afloja con sanciones a las exportaciones petroleras del país.
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El resultado final fue una ruptura en la negociación, con EE. UU. regresando a sus restricciones y Nicolás Maduro irrespetando la decisión de los venezolanos en las urnas.
Hemeroteca. Las sanciones de EE. UU. al gobierno venezolano no iniciaron con Joe Biden; el país norteamericano las ha utilizado desde 2005 contra “individuos y entidades involucradas en acciones criminales, antidemocráticas o corruptas”. Las medidas incrementaron durante la presidencia de Donald Trump, incluyendo castigos de tipos financieros, sectoriales y directamente contra el gobierno.
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Maduro no aflojó su represión y la situación humanitaria en Venezuela empeoró.
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Con la nueva administración –en 2021– la política con respecto a Venezuela cedió, ofreciendo válvulas de escape a la presión contra el régimen a cambio de una apertura democrática.
Entre líneas. En 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) le otorgó un permiso a Chevron para ampliar futuras operaciones con Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), posteriormente emitiendo –también– una licencia para reiniciar la importación y exportación de productos petroleros entre sus empresas. Como resultado, el gobierno de Maduro y la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados en 2023, pactando elecciones libres y competitivas para este año.
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OFAC premió al tirano emitiendo una Licencia General 43 para autorizar transacciones con la Corporación Venezolana de Guayana Minerven C.A., minera estatal de oro.
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Adicionalmente, se autorizó una licencia de seis meses, autorizando transacciones con el sector petrolero y gasífero en Venezuela.
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Finalmente, se eliminaron las prohibiciones sobre el comercio secundario de bonos venezolanos, además de la deuda y capital de PdVSA.
Sí, pero. Para abril de 2024, la Administración había revertido la mayoría del alivio de sanciones al régimen de Maduro. En enero de 2024, el Tribunal Supremo venezolano refirmó la prohibición a la candidatura de María Corina Machado, violando el Acuerdo de Barbados. La OFAC revocó la Licencia General 43 y el 18 de abril se decidió no renovar la licencia del sector petrolero, dando 45 días para finalizar las operaciones previamente autorizadas.
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La OFAC permitió solicitar licencias específicas a empresas estadounidenses para operar en Venezuela, pero suspendió el alivio de sanciones tras no cumplir Maduro con su parte del acuerdo.
El balance. El fracaso de Biden —además de otros intermediarios, como Macron y Petro— llevó a la renuncia de su asesor del Consejo de Seguridad Nacional para asuntos del hemisferio occidental, Juan González. Su principal misión fue la negociación con la dictadura.
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Maduro respondió nuevamente encarcelando a opositores, denunciando un “complot para asesinarlo”, y fraguando un fraude electoral el 28 de julio.
En conclusión. EE. UU. fracasó en su estrategia contra la autocracia venezolana. Tras años de sanciones, el régimen castromadurista sigue en pie. Si bien estas no han tenido el efecto deseado, la política de aliviar sanciones para obtener un compromiso democrático dejó un mensaje claro: Maduro no dejará el poder por la vía institucional. Hoy, Venezuela sigue bajo dictadura, y EE. UU. impotente e incapaz de provocar un cambio en el régimen.
La tropelía de Maduro del pasado domingo al electorado venezolano evidenció la incapacidad estadounidense para promover una elección libre. La administración de Biden intentó asegurar un proceso democrático en Venezuela a través de un tira y afloja con sanciones a las exportaciones petroleras del país.
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El resultado final fue una ruptura en la negociación, con EE. UU. regresando a sus restricciones y Nicolás Maduro irrespetando la decisión de los venezolanos en las urnas.
Hemeroteca. Las sanciones de EE. UU. al gobierno venezolano no iniciaron con Joe Biden; el país norteamericano las ha utilizado desde 2005 contra “individuos y entidades involucradas en acciones criminales, antidemocráticas o corruptas”. Las medidas incrementaron durante la presidencia de Donald Trump, incluyendo castigos de tipos financieros, sectoriales y directamente contra el gobierno.
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Maduro no aflojó su represión y la situación humanitaria en Venezuela empeoró.
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Con la nueva administración –en 2021– la política con respecto a Venezuela cedió, ofreciendo válvulas de escape a la presión contra el régimen a cambio de una apertura democrática.
Entre líneas. En 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) le otorgó un permiso a Chevron para ampliar futuras operaciones con Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), posteriormente emitiendo –también– una licencia para reiniciar la importación y exportación de productos petroleros entre sus empresas. Como resultado, el gobierno de Maduro y la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados en 2023, pactando elecciones libres y competitivas para este año.
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OFAC premió al tirano emitiendo una Licencia General 43 para autorizar transacciones con la Corporación Venezolana de Guayana Minerven C.A., minera estatal de oro.
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Adicionalmente, se autorizó una licencia de seis meses, autorizando transacciones con el sector petrolero y gasífero en Venezuela.
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Finalmente, se eliminaron las prohibiciones sobre el comercio secundario de bonos venezolanos, además de la deuda y capital de PdVSA.
Sí, pero. Para abril de 2024, la Administración había revertido la mayoría del alivio de sanciones al régimen de Maduro. En enero de 2024, el Tribunal Supremo venezolano refirmó la prohibición a la candidatura de María Corina Machado, violando el Acuerdo de Barbados. La OFAC revocó la Licencia General 43 y el 18 de abril se decidió no renovar la licencia del sector petrolero, dando 45 días para finalizar las operaciones previamente autorizadas.
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La OFAC permitió solicitar licencias específicas a empresas estadounidenses para operar en Venezuela, pero suspendió el alivio de sanciones tras no cumplir Maduro con su parte del acuerdo.
El balance. El fracaso de Biden —además de otros intermediarios, como Macron y Petro— llevó a la renuncia de su asesor del Consejo de Seguridad Nacional para asuntos del hemisferio occidental, Juan González. Su principal misión fue la negociación con la dictadura.
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Maduro respondió nuevamente encarcelando a opositores, denunciando un “complot para asesinarlo”, y fraguando un fraude electoral el 28 de julio.
En conclusión. EE. UU. fracasó en su estrategia contra la autocracia venezolana. Tras años de sanciones, el régimen castromadurista sigue en pie. Si bien estas no han tenido el efecto deseado, la política de aliviar sanciones para obtener un compromiso democrático dejó un mensaje claro: Maduro no dejará el poder por la vía institucional. Hoy, Venezuela sigue bajo dictadura, y EE. UU. impotente e incapaz de provocar un cambio en el régimen.