Drones con legislación, pero sin control y supervisión

El uso de drones creció exponencialmente en los últimos 10 años. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), desde 2015 se han registrado 3208. En 2013 se implementó una normativa para regular a estos dispositivos, que resulta obsoleta, sin sentido, y carente de supervisión efectiva.

Por qué importa. Los dispositivos registrados —y los no registrados— operan en un cielo sin vigilancia real. Esto afecta la aeronavegabilidad, la privacidad ciudadana y la seguridad nacional; la Policía Nacional Civil (PNC) tiene una unidad de drones de vigilancia. 

• El manual de Regulaciones de Aviación Civil —la RAC 101, de julio de 2013— regula el uso de esos aparatos. Sin embargo, no contempla los avances tecnológicos de los últimos años.
  Entre ellos, los vuelos autónomos, las geomallas y la transmisión de video en vivo. Por cierto, tecnologías que también utilizan las pandillas para ejercer un monitoreo de las áreas que controlan.
• La falta de inspecciones por parte de la DGAC permite que muchas operaciones perniciosas de drones pasen inadvertidas, sin registro ni sanción. Un vacío que aprovechan los grupos criminales.

Visto y no visto. Aunque los drones operan en múltiples sectores y espacios públicos, la mayoría de los usuarios evade trámites, desconoce las restricciones y actúa en un vacío normativo. Las autoridades lo reconocen, pero no implementan mecanismos efectivos. 

• Como las instituciones de gobierno, embajadas y hospitales. Es común observar drones sobrevolar en procesiones, manifestaciones y bloqueos. Incluso, en áreas restringidas, 
• La DGAC exige un permiso para sobrevolar con al menos 10 días hábiles antes de hacerlo. Lo mismo aplica para los 6 km a la redonda del Aeropuerto Internacional La Aurora.
• No obstante, la DGAC no fiscaliza el cumplimiento del permiso. La razón: no hay protocolos claros ni capacidad técnica para hacerlo.

Sí, pero. No existe inspección para identificar a los drones que no tienen su papelería en orden. La dependencia encargada de hacerlo es el Departamento de Vigilancia de la Seguridad Operacional (DVSO) de la DGAC, pues el mandato que tienen es el de la certificación, vigilancia y regulación de estos dispositivos. 

• Las funciones asignadas al DVSO se limitan, en la mayoría de los casos, al trámite documental y no a la verificación técnica de operaciones reales.
• Diversas entidades del Estado, según el portal de Guatecompras, han incrementado su cantidad de drones, y las adquisiciones continúan.
• Actualmente, hay siete concursos vigentes y en evaluación. Por ejemplo, Gobernación, comprará seis drones para el Departamento de Informática de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC.

En conclusión. La proliferación de drones sin inspección efectiva debilita la capacidad del Estado para controlar el espacio aéreo. Además, de no poder responder ante usos indebidos, incluidos aquellos vinculados a grupos criminales o espionaje. 

• Sin inspecciones ni vigilancia operativa, los permisos exigidos por la DGAC quedan en la teoría y no se materializan en la práctica.
• La expansión del uso de drones por entidades del Estado ocurre sin una política pública eficiente. Eso crea riesgos de uso discrecional o indebido.