La ley de puertos ya cuenta con —dos— dictámenes favorables; ahora corresponde al pleno del Congreso la última palabra y decidir cuál propuesta avanzará: la de la Comisión de Comunicaciones, presidida por Sandra Jovel, o la de la Comisión de Economía, presidida por Faver Salazar.
Por qué importa. La falta de un marco legal ha provocado puertos ineficientes y sobrecargados, sin soluciones claras.
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Para Carlos Arias, vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT), tanto el principal puerto del Pacífico como el del Atlántico ya están colapsados.
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“No existe capacidad portuaria suficiente, los barcos hacen largas colas y, si se busca aumentar las importaciones y exportaciones, el proceso se vuelve extremadamente difícil. Este es un trabajo que debió haberse realizado desde hace años”.
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Espera que se apruebe la ley que viabilizará puertos privados, puertos públicos-privados y que pueda regirse sobre un sistema coordinado que busque eficiencia.
Qué destacar. El principal punto de desacuerdo entre las comisiones que impulsan la normativa fue el modelo de gobernanza, lo que finalmente llevó a la emisión de dictámenes separados.
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Comunicaciones plantea un directorio integrado por cinco miembros, compuesto por un representante del sector privado y cuatro representantes del Organismo Ejecutivo.
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La propuesta de la Comisión de Economía incluye representantes del Organismo Ejecutivo, así como delegados designados por el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y representantes del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional.
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Los integrantes de la sala acordaron eliminar la participación de un representante del Congreso de la República en el directorio, como estaba inicialmente.
Visto y no visto. Aunque el contenido de las propuestas es bien recibido, preocupa que la Comisión de Economía haya incluido en el directorio la participación de la SAT.
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Se considera que el ente recaudador no debería formar parte del directorio de una autoridad portuaria, ya que su función ya está involucrada en todo el ámbito aduanero.
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“Lo que se busca con una autoridad portuaria es impulsar el desarrollo del país y promover la creación y expansión de más puertos, ya sean públicos, bajo esquemas de alianza público-privada o privados”, destacó Arias.
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Asimismo, se espera que no se presenten enmiendas que incluyan temas que ya han sido consensuados. “Sabemos que el crimen organizado está metido en los puertos, y queremos evitar que, a través de enmiendas, pueda ocupar posiciones que le favorezcan. Ojalá que no se permita y que, al final, el compromiso sea con el desarrollo”, destacó.
Lo que sigue. Con los dictámenes ya emitidos, el futuro de la ley queda en manos de los 160 diputados, que deberán asumir la responsabilidad de debatir y aprobar un marco legal moderno y eficiente.
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La decisión que adopten será clave para fortalecer la competitividad del país, mejorar la gestión portuaria y responder a una demanda histórica del sector productivo.
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El reto es aprobar una ley que priorice el interés nacional, promueva el desarrollo económico y no una con carga ideológica contraria al sector privado.
La ley de puertos ya cuenta con —dos— dictámenes favorables; ahora corresponde al pleno del Congreso la última palabra y decidir cuál propuesta avanzará: la de la Comisión de Comunicaciones, presidida por Sandra Jovel, o la de la Comisión de Economía, presidida por Faver Salazar.
Por qué importa. La falta de un marco legal ha provocado puertos ineficientes y sobrecargados, sin soluciones claras.
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Para Carlos Arias, vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT), tanto el principal puerto del Pacífico como el del Atlántico ya están colapsados.
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“No existe capacidad portuaria suficiente, los barcos hacen largas colas y, si se busca aumentar las importaciones y exportaciones, el proceso se vuelve extremadamente difícil. Este es un trabajo que debió haberse realizado desde hace años”.
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Espera que se apruebe la ley que viabilizará puertos privados, puertos públicos-privados y que pueda regirse sobre un sistema coordinado que busque eficiencia.
Qué destacar. El principal punto de desacuerdo entre las comisiones que impulsan la normativa fue el modelo de gobernanza, lo que finalmente llevó a la emisión de dictámenes separados.
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Comunicaciones plantea un directorio integrado por cinco miembros, compuesto por un representante del sector privado y cuatro representantes del Organismo Ejecutivo.
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La propuesta de la Comisión de Economía incluye representantes del Organismo Ejecutivo, así como delegados designados por el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y representantes del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional.
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Los integrantes de la sala acordaron eliminar la participación de un representante del Congreso de la República en el directorio, como estaba inicialmente.
Visto y no visto. Aunque el contenido de las propuestas es bien recibido, preocupa que la Comisión de Economía haya incluido en el directorio la participación de la SAT.
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Se considera que el ente recaudador no debería formar parte del directorio de una autoridad portuaria, ya que su función ya está involucrada en todo el ámbito aduanero.
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“Lo que se busca con una autoridad portuaria es impulsar el desarrollo del país y promover la creación y expansión de más puertos, ya sean públicos, bajo esquemas de alianza público-privada o privados”, destacó Arias.
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Asimismo, se espera que no se presenten enmiendas que incluyan temas que ya han sido consensuados. “Sabemos que el crimen organizado está metido en los puertos, y queremos evitar que, a través de enmiendas, pueda ocupar posiciones que le favorezcan. Ojalá que no se permita y que, al final, el compromiso sea con el desarrollo”, destacó.
Lo que sigue. Con los dictámenes ya emitidos, el futuro de la ley queda en manos de los 160 diputados, que deberán asumir la responsabilidad de debatir y aprobar un marco legal moderno y eficiente.
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La decisión que adopten será clave para fortalecer la competitividad del país, mejorar la gestión portuaria y responder a una demanda histórica del sector productivo.
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El reto es aprobar una ley que priorice el interés nacional, promueva el desarrollo económico y no una con carga ideológica contraria al sector privado.
