Denuncias revelan riesgos contra operadores de justicia

El Ministerio Público (MP) recibió más de 3500 denuncias por ataques y amenazas contra operadores de justicia entre 2024 y 2025, un panorama crítico para los profesionales que trabajan en zonas fronterizas y lugares alejados de las cabeceras departamentales.  El riesgo no solo proviene del crimen, sino también del abandono institucional.

Por qué importa. La violencia contra jueces, magistrados, fiscales, auxiliares fiscales, abogados y defensores refleja un modelo que avanza sin contención. No se trata de casos aislados, sino de un síntoma de desinterés y seguimiento estatal.

• Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, el MP reportó 3540 denuncias por amenazas o ataques a operadores judiciales.
• En 2024 se registraron 1819 casos y en 2025 se confirmaron 1721, lo que muestra una leve baja estadística, pero sin mejora real en seguridad.
• Los datos revelaron que los abogados son los más vulnerables, con 87 agresiones documentadas, seguidos por jueces y fiscales. Los casos podrían ser más, pero muchos profesionales prefieren no denunciar por diferentes razones.

Datos clave. Los registros oficiales confirman que el problema se extiende en todo el país. La fiscalía especializada, creada en 2019, avanza en los casos para identificar a los responsables de los hechos contra los operadores.

• Jutiapa destaca como uno de los focos críticos: 89 denuncias en 2024 y 36 en 2025, sin resultados judiciales concretos.
• El 27 de febrero pasado ocurrió un ataque armado frente a la Sala Mixta de Apelaciones de Jutiapa. En el incidente fue herido el conductor del vehículo de magistrados. El MP incautó un arma y un celular.
• El abogado Edwin Mayén fue asesinado el 2 de septiembre en la zona 1 capitalina. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) exigió investigaciones “sin dilaciones ni interferencias”. 

Punto crítico. El deterioro en la seguridad judicial motivó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). El personal realizó una supervisión de los mecanismos de protección. Los resultados preliminares confirman la existencia de varias fallas en los mecanismos de protección.

• Fernando Trabanino, titular de la Unidad de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la PDH, manifestó que “los operadores de justicia también son defensores de derechos humanos”.
• Explicó que la supervisión de la PDH evidenció mayor riesgo en zonas fronterizas y departamentos donde operan estructuras criminales, como Jutiapa, donde incluso hubo un ataque armado frente a la Corte de Apelaciones.
• El funcionario advirtió que el Estado debe “garantizar medidas de seguridad y análisis de riesgo permanentes” para prevenir agresiones.

Voces. El acompañamiento de la PDH busca conocer los riesgos a los que se exponen los operadores de justicia. Además, identificar los aspectos que agravan el peligro a los que se exponen y la respuesta de protección que el Estado debe garantizar. 

• Trabanino explicó que, cuando las denuncias llegan a la institución, coordinan medidas con la policía para proteger a los afectados. “Es fundamental fortalecer la cultura de denuncia”, afirmó el defensor.
• El CANG manifestó que los ataques debilitan el Estado de derecho y afectan a la ciudadanía a la que sirven. “Los profesionales deben ejercer sus funciones sin amenazas, obstáculos ni persecución”, enfatizó.
• El MP aseguró que “en todos los casos coordinan con las instituciones responsables para asegurar que se brinde la protección y seguridad necesarias en todos los casos, priorizando su integridad”.

En conclusión. La crisis en el sistema judicial no solo amenaza a sus operadores, sino a la idea misma de justicia. Las cifras del MP y los hallazgos de la PDH demuestran que se carece de un esquema efectivo de protección.

• Asimismo, pone en tela de juicio la independencia judicial y debilita la confianza ciudadana.
• Mientras la impunidad continúe, impartir justicia será una profesión de alto riesgo en Guatemala.