EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La corrupción en los contratos públicos y las licitaciones dirigidas no es un mal reciente en Guatemala; es una plaga endémica que ha socavado las instituciones durante décadas. Sin embargo, bajo el gobierno de Bernardo Arévalo, quien llegó al poder prometiendo una “nueva primavera” y combate a la corrupción, estas prácticas no solo persisten, sino que parecen haberse refinado.
Aunque hay avances puntuales, como la improbación de tres adjudicaciones millonarias en los dos principales puertos del país —Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC)— a una empresa de fachada, estos logros no ocultan el panorama general de habilitación de estructuras corruptas. El detonante de estas improbaciones fue nuestro exposé titulado “La casa de chocobananos: la B410 del gobierno de Movimiento Semilla”.
Esa investigación reveló un entramado de al menos nueve sociedades anónimas registradas en una modesta vivienda ubicada en la zona 2 de la capital, un local que vende, entre otros, chocobananos, chocomelones y chocopapayas. Estas empresas, que comparten dirección, notario y representantes legales, han conseguido contratos estatales por más de GTQ 140M. Muchas de ellas operan con capital autorizado bajo, pero obtuvieron techos de contratación elevados poco después de su creación. Un ejemplo flagrante: una compañía constituida en junio de 2023 captó GTQ 84.8M en adjudicaciones, incluyendo GTQ 45.3M para un sistema biométrico y red de fibra óptica en EMPORNAC.
Lo más alarmante es el rol del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. Desde su llegada al cargo, estas empresas vieron un aumento exponencial en sus límites de contratación, sin el respaldo documental adecuado. Esto no solo contradice el discurso anticorrupción del gobierno, sino que sugiere una habilitación activa de estas estructuras. Bajo su administración, la corrupción no se ha combatido; al contrario, se ha facilitado, permitiendo que entramados como “La casa de chocobananos” se conviertan en centros de millonarios negocios con el Estado.
La reacción del oficialismo ante esta denuncia fue virulenta y reveladora. Dos ministros —incluyendo a Menkos y al de Desarrollo Social, Abelardo Pinto—, el presidente de EMPORNAC, un asesor presidencial y un diputado de Semilla, Duvalier Castañón, movilizaron esfuerzos para desacreditar a República. Menkos, en particular, tildó a los periodistas de “corruptos” y “golpistas”, sin negar un solo hecho expuesto en la investigación. Esta actitud no es defensa; es un intento de acallar la verdad, priorizando la protección de intereses sobre la rendición de cuentas. Ninguno refutó las adjudicaciones irregulares ni los incrementos injustificados en los techos contractuales; se limitaron a atacar al mensajero.
Aplaudimos la decisión de las juntas directivas de EPQ y EMPORNAC —salvo el comprometido presidente de esta última— por rechazar esas corruptas adjudicaciones tras el exposé. Este acto demuestra que aún hay funcionarios dispuestos a priorizar la integridad sobre la lealtad partidaria.
Sin embargo, criticamos severamente la postura del oficialismo. Atacar a un medio por mostrar evidencias de corrupción no solo erosiona la libertad de prensa, sino que expone la hipocresía de un gobierno que se autodenomina transformador. Si Arévalo y su equipo realmente buscan erradicar la corrupción, deben investigar estos hechos, no silenciarlos.
La “nueva primavera” no florecerá mientras se habiliten estructuras como “La casa de chocobananos”. Esta administración será recordada no por sus avances, sino por perpetuar el ciclo de impunidad que tanto criticó en campaña, además de atacar a la prensa que solo cumple su función.
La corrupción en los contratos públicos y las licitaciones dirigidas no es un mal reciente en Guatemala; es una plaga endémica que ha socavado las instituciones durante décadas. Sin embargo, bajo el gobierno de Bernardo Arévalo, quien llegó al poder prometiendo una “nueva primavera” y combate a la corrupción, estas prácticas no solo persisten, sino que parecen haberse refinado.
Aunque hay avances puntuales, como la improbación de tres adjudicaciones millonarias en los dos principales puertos del país —Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC)— a una empresa de fachada, estos logros no ocultan el panorama general de habilitación de estructuras corruptas. El detonante de estas improbaciones fue nuestro exposé titulado “La casa de chocobananos: la B410 del gobierno de Movimiento Semilla”.
Esa investigación reveló un entramado de al menos nueve sociedades anónimas registradas en una modesta vivienda ubicada en la zona 2 de la capital, un local que vende, entre otros, chocobananos, chocomelones y chocopapayas. Estas empresas, que comparten dirección, notario y representantes legales, han conseguido contratos estatales por más de GTQ 140M. Muchas de ellas operan con capital autorizado bajo, pero obtuvieron techos de contratación elevados poco después de su creación. Un ejemplo flagrante: una compañía constituida en junio de 2023 captó GTQ 84.8M en adjudicaciones, incluyendo GTQ 45.3M para un sistema biométrico y red de fibra óptica en EMPORNAC.
Lo más alarmante es el rol del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. Desde su llegada al cargo, estas empresas vieron un aumento exponencial en sus límites de contratación, sin el respaldo documental adecuado. Esto no solo contradice el discurso anticorrupción del gobierno, sino que sugiere una habilitación activa de estas estructuras. Bajo su administración, la corrupción no se ha combatido; al contrario, se ha facilitado, permitiendo que entramados como “La casa de chocobananos” se conviertan en centros de millonarios negocios con el Estado.
La reacción del oficialismo ante esta denuncia fue virulenta y reveladora. Dos ministros —incluyendo a Menkos y al de Desarrollo Social, Abelardo Pinto—, el presidente de EMPORNAC, un asesor presidencial y un diputado de Semilla, Duvalier Castañón, movilizaron esfuerzos para desacreditar a República. Menkos, en particular, tildó a los periodistas de “corruptos” y “golpistas”, sin negar un solo hecho expuesto en la investigación. Esta actitud no es defensa; es un intento de acallar la verdad, priorizando la protección de intereses sobre la rendición de cuentas. Ninguno refutó las adjudicaciones irregulares ni los incrementos injustificados en los techos contractuales; se limitaron a atacar al mensajero.
Aplaudimos la decisión de las juntas directivas de EPQ y EMPORNAC —salvo el comprometido presidente de esta última— por rechazar esas corruptas adjudicaciones tras el exposé. Este acto demuestra que aún hay funcionarios dispuestos a priorizar la integridad sobre la lealtad partidaria.
Sin embargo, criticamos severamente la postura del oficialismo. Atacar a un medio por mostrar evidencias de corrupción no solo erosiona la libertad de prensa, sino que expone la hipocresía de un gobierno que se autodenomina transformador. Si Arévalo y su equipo realmente buscan erradicar la corrupción, deben investigar estos hechos, no silenciarlos.
La “nueva primavera” no florecerá mientras se habiliten estructuras como “La casa de chocobananos”. Esta administración será recordada no por sus avances, sino por perpetuar el ciclo de impunidad que tanto criticó en campaña, además de atacar a la prensa que solo cumple su función.
