Congelar a USAID le sale caro a Trump

La batalla de Trump y Musk contra USAID ha sido más complicada y costosa de lo que se esperaba.

En perspectiva. La Corte Suprema se negó a detener la sentencia de un tribunal menor, que obliga al gobierno a pagar los contratos de ayuda exterior suspendidos por Trump. La larga lista de acciones ejecutivas del presidente se ha topado con el muro de los contrapesos republicanos.

• A cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), Elon Musk ha liderado una campaña agresiva por cerrar USAID, la agencia de ayuda exterior de los EE. UU.

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• De momento, ya que ni Trump ni Musk pueden cerrar una agencia —creada a través del Congreso— sin pasar por el legislativo, la Administración se ha enfocado a atarla de manos y pies.

• El gobierno ha puesto a todo el personal de contratación directa en licencia administrativa —con excepciones para funcionarios críticos— y congelado más de 5800 contratos de ayuda exterior.  

Entre líneas. Las decisiones agresivas de la Administración, basadas en la evaluación del DOGE, buscan reducir el gasto público, a pesar de que el desembolso de USAID represente menos del 3 % del presupuesto: un costo anual de USD 36.18 para cada contribuyente. Como resultado, la iniciativa ejecutiva ha encontrado resistencia en las cortes. 

• En febrero, el juez de distrito Amir Ali ordenó al gobierno a pagar las facturas y solicitudes de desembolso pendientes a contratistas de USAID y del Departamento de Estado, por trabajos realizados antes del 13 de febrero.

• Esencialmente, el juez ordenó al gobierno a pagar por los servicios recibidos, protegidos bajo contratos. A la fecha, y a pesar de la decisión judicial, el gobierno sigue sin pagar.

• La Administración acudió a la Corte Suprema para apelar la decisión del juez Ali, empero, el máximo tribunal falló en contra del gobierno.  

Sí, pero. La decisión de la Corte obliga al gobierno federal a desembolsar hasta USD 1900M en obligaciones contractuales. La sentencia del juez Ali generó una serie de declaraciones de miembros de la Administración, como Elon Musk, sugiriendo la necesidad de tomar medidas antirrepublicanas para remover y enjuiciar a aquellos jueces que bloquean las decisiones ejecutivas. 

• No obstante, la decisión —dividida 5 a 4— del máximo tribunal judicial, mayoritariamente conservador, debilita el argumento.

• A pesar de ello, la Administración sigue sin pagar los contratos a los que el gobierno federal en su momento se comprometió; la fecha límite era el 26 de febrero.

• Mientras tanto, a Trump se le empiezan a acumular demandas de contratistas a nivel global que deben ejecutar los proyectos de USAID, pero que no están recibiendo los fondos acordados.  

En el radar. La congelación de 90 días impuesta por Trump ha dejado en jaque la ayuda exterior de EE. UU. a nivel global. A pesar de que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se emitirían exenciones para proteger la ayuda humanitaria esencial, funcionarios de la agencia y sus contratistas por todo el mundo afirman que dichos recursos siguen sin estar disponibles.  

• A pesar de tener un Congreso, Senado y Corte Suprema mayoritariamente conservadores, el presidente Trump no podrá ejecutar muchas de sus ambiciosas reformas administrativas tan agresivamente como pretende.

• Hasta ocho de sus órdenes ejecutivas han sido suspendidas judicialmente y se han presentado impugnaciones legales contra al menos otras seis, que se encuentran en proceso de revisión judicial.

• De momento, el gobierno deberá desembolsar casi USD 2000M por su ofensiva contra USAID —compensando poco el insignificante recorte del gasto público que supone deshacerse de la agencia—, además de las costosas batallas que enfrentará en el futuro en tribunales por muchas otras de sus órdenes ejecutivas.